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jueves, 27 de julio de 2017

Cómo se proyecta el mercado entre privados: oportunidades y preferencias de los usuarios

27 de julio de 2017
Diego Margulis
Por Diego Margulis
dmargu@yahoo.com

Cómo se proyecta el mercado entre privados: oportunidades y preferencias de los usuarios

Este momento, en el cual los plazos estipulados en la Ley de Energías Renovables están corriendo y con un primer borrador de proyecto para normar los contratos entre privados (PPAs) puesto a consideración de todos los actores del sector eléctrico, es una buena ocasión para rever qué dice la normativa sobre el abastecimiento de energía eléctrica mayorista proveniente de fuente renovable y, principalmente, caracterizar a los potenciales demandantes. Por Diego Margulis, experto en energía.


La Ley 27.191 indica que los Grandes Usuarios del MEM y los GUDIs, aquellos clientes del distribuidor con una potencia contratada o demandada mayor a 300 kW deben cumplir los objetivos establecidos de forma independiente e individual.
Asimismo, el Decreto 531/2016 amplía el universo de suministros alcanzados incorporando también a aquellos que forman parte de una misma razón social que, sumando todos los consumos ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional supere los 300 kW referidos. Esta ampliación a los usuarios alcanzados de acuerdo a lo establecido en la Ley, implica que por ejemplo, cadenas de farmacias, kioscos, bancos, comidas, organismos públicos u otros, con múltiples pequeños puntos de suministro quedarían incluidos en el cumplimiento de las obligaciones.
Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley, están habilitados distintos mecanismos como ser la elaboración de contratos con generadores o comercializadores, la autogeneración, el esquema de compra conjunta a CAMMESA o, finalmente, el pago de una penalidad por el incumplimiento.

¿Quiénes son los potenciales demandantes?
Teniendo en cuenta el tipo de demandantes establecidos en le Ley 27.191, hacia Diciembre de 2016 había alrededor de 8400 puntos de suministro (o grandes usuarios) en condición de cumplir individualmente su objetivo de consumo de energías renovables. De ellos algo más de 400 son Grandes Usuarios Mayores (GUMAs), casi 2200 Grandes Usuarios Menores (GUMEs) y más de 5800 Grandes Usuarios clientes del Distribuidor (GUDIs). Estos usuarios dieron cuenta del 23% de la demanda total de electricidad en 2016 (12%, 3% y 8% respectivamente). Cabe aclarar que estos 8400 puntos de suministro no son necesariamente 8400 empresas distintas, dado que muchas compañías tienen varios lugares de consumo (por ejemplo Arcos Dorados –Mc Donalds- tiene aproximadamente 100 bocas independientes). Dentro de los valores indicados, no están incluidas las empresas que se adicionaron a través del Decreto 531/2016, por la falta de información pública acerca del impacto, que podría ser de varios miles de puntos de suministro adicionales.

Este conjunto de grandes usuarios tuvieron en 2016 una demanda conjunta de algo más de 36 TWh, lo que arroja una potencia media (definida como energía consumida dividida por el total de horas del año) de 4100 MW. Teniendo en cuenta el primer objetivo del 8%, significaría que debería ser abastecida una potencia media de 330 MW para suplir a grandes usuarios. Si la energía fuera generada por centrales eólicas, se deberían instalar más de 700 MW mientras que si proviniera de parques solares fotovoltaicos serían necesarios más de 1600 MW. A medida que vayan pasando los años y nos acerquemos a objetivos mayores, estos valores, lógicamente, se incrementarían. Por ejemplo, para el año 2025 se debería cumplir el objetivo del 20%. Suponiendo el consumo industrial de 2016, la potencia media a cubrir con renovables sería de 830 MW, que implicaría una instalación de 1800 MW eólicos o 4100 MW solares.

Pero dentro del universo de más de 8000 puntos de suministro habilitados a realizar contratos se encuentran situaciones muy disímiles, tanto en tamaño de las empresas como en calidad crediticia de las mismas.

En el gráfico siguiente, se puede observar a la totalidad de los Grandes Usuarios del MEM y GUDIs ordenados decrecientemente de acuerdo a su consumo en el año 2016. Los grandes usuarios ubicados a la izquierda del eje son los de mayor consumo mientras que los que se encuentran a la derecha son aquellos que tienen menor consumo. La línea roja indica, como porcentaje del total industrial, la demanda eléctrica acumulada.

Por dar un ejemplo, las principales 14 demandas industriales (entre las cuales se incluyen Aluar, Acindar, Minera Alumbrera, SIDERCA, la refinería La Plata y algunos yacimientos de YPF y Aceros Bragado) concentran un 20% de la demanda industrial. Mientras que el 50% de la demanda total se concentra en los 217 mayores demandantes.

Distribución Acumulada de Demanda Industrial
nota

En base a la información mostrada anteriormente, podemos realizar una tabla clasificando a los distintos grandes usuarios de acuerdo a su demanda media. Así, mientras existen 42 puntos de suministro con potencia media superior a los 10 MW más de 7000 grandes usuarios poseen un demanda promedio inferior a los 0.6 MW. Estos valores resultan relevantes para cuantificar un mercado estimado para las energías limpias, al menos en relación al cumplimiento del objetivo mínimo de contratación para cumplir la Ley 27.191.

Tabla 1. Distribución de Usuarios según potencia media 2016
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Aplicando el porcentaje del 8% de electricidad verde para los 2 primeros años de obligación, encontramos que los 6000 suministros más pequeños (menores a 0.3 MW de potencia media) van a tener que contratar potencias medias de hasta 25 kW, valor que traducido a potencias instaladas solares o eólicas arrojarían necesidades del orden de 125 kW o 60 kW, respectivamente.Fuente: Elaboración propia en base a CAMMESA

Considerando la distribución de los grandes usuarios indicada, el mercado se podría segmentar en alrededor de 50 agentes muy grandes (potencias medias mayores a 10 MW), 500 clientes grandes con potencias medias superiores a 1 MW y menores a 10 MW, otros 500 puntos de suministro con potencias intermedias de entre 0.6 y 1 MW y más de 7000 muy pequeñas demandas.

Para ejemplificar, un parque solar de 50 MW con un rendimiento medio debería tener, para vender toda su producción anual, contrato con 10 empresas del grupo de mayores demandantes (mayores a 10MW) o con 60 del grupo siguiente (por ejemplo, de 2 MW). Si las contrapartes fueran suministros ubicados en el escalón de 0.6 a 1 MW, debería celebrar 200 acuerdos. Finalmente, si la central generadora estuviera abocada a los clientes más pequeños, por ejemplo de 0.2 MW de potencia media, los contratos ascenderían a 700.

¿Qué puede pasar con el mercado de contratos entre privados?
Como mencionamos anteriormente, los contratos entre privados son una de las formas de dar cumplimiento al objetivo planteado en la Ley de Energías Renovables. Teniendo en cuenta la distribución de compradores planteada a lo largo de la nota, es probable que en un primer momento, todos los vendedores (sean generadores, comercializadores o desarrolladores) apunten sus cañones hacia los usuarios de mayor tamaño a aquellas empresas que poseen gran cantidad de puntos de suministros, de forma de con un número menor de clientes logren vender la totalidad de sus instalaciones.

En este sentido, es importante recalcar que desde la emisión de la Resolución SE 95/2013, la mayor parte de los grandes usuarios dejaron de tener contratos por la provisión de energía con generadores privados, quedando vigentes sólo unos pocos, los llamados “Contratos Plus”. Esto implica que para poder vender un pequeño porcentaje de la demanda eléctrica de una PyME, deben reflotar los contactos comerciales, realizando un esfuerzo muy grande. En ese caso, pueden estar mejor parados aquellas empresas que actualmente se dedican a la comercialización de gas natural (sean comercializadores o productores), dado que no discontinuaron las relaciones comerciales con los distintos clientes industriales.

Además, muchas de las empresas de mayor consumo, son también las que presentan mejores balances y podrían estar dispuestas a realizar contratos a mediano y largo plazo, aunque varias de éstas están encarando proyectos propios de autoabastecimiento de energía, tal como ALUAR o YPF en su proyecto de Manantiales Behr.

A mediano plazo, es probable que este escenario cambie por distintos motivos. Por un lado, al elevar el porcentaje obligatorio de compra de energías limpias, el mayor volumen de energía a vender va a hacer más rentable el esfuerzo comercial a realizar. Por otro lado, al transitar la curva de aprendizaje en estas nuevas tecnologías, especialmente si continúan cayendo los costos de inversión y la tasa de interés que enfrenta el país, es probable que la búsqueda de contratación de energía renovable sea mayor que el objetivo, reemplazando parcialmente al consumo de energía térmica. Es decir, que en lugar de tener un 20% de energía renovable al 2025, los compradores opten por tener por ejemplo, un 50%.

Finalmente, una última variable que terminaría de incentivar el mercado de contratos entre privados, más allá de algunos beneficios que podrán estar estipulados en la normativa próxima a ser emitida, sería la eliminación de lo establecido en la Resolución SE 95/2013 en cuanto a la venta de “energía base”. Si se permitiera la venta de electricidad generada por las “máquinas históricas”, los distintos vendedores saldrían activamente a la búsqueda de clientes incluyendo dentro de su portafolio, tal como antes hacían con la “energía base” y la “energía plus”, a la energía renovable, dando un impulso definitorio a la operatoria de PPAs privados.

FUENTE: http://www.energiaestrategica.com

miércoles, 19 de julio de 2017

El INTI destinará u$s7 millones para un centro de investigación “modelo” de renovables

La idea es formar profesionales y potenciar iniciativas nacionales para enfrentar los nuevos desafíos que presentan los 59 proyectos en proceso de construcción. Si bien se están "repatriando" ingenieros que venían prestando servicios en el exterior, hacer frente a la demanda no será tarea sencilla.


El éxito vertiginoso que tuvo el programa de licitaciones públicas “RenovAr” puso sobre la mesa la necesidad de capacitar personal y reforzar la infraestructura en el área de las energías renovables.

De acuerdo a los cálculos oficiales, los emprendimientos en curso crearán 20.000 puestos de trabajo, contando los empleos que involucra el proceso de obra civil, logística, mantenimiento e instalación de equipos.

Si bien el de las renovables es un sector que en nuestro país recién atraviesa la etapa de “nacimiento”, así y todo cosechó u$s4.000 millones de inversión sólo en 2016. Fue el mayor “brote verde” que recibió Mauricio Macri desde que es presidente.

Este crecimiento vertiginoso, generó algunas complicaciones. Y aunque se están sorteando los obstáculos, habrá que seguir reforzando la planificación industrial, ya que todo indica que continuará por esa senda en los próximos años.

Oficialmente, la estrategia del Ministerio de Energía y Minería es cuadriplicar la producción energética de estas fuentes limpias en apenas 8 años.

Por eso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se embarcó en la construcción de un ambicioso centro de investigación en energías renovables que permitirá operar en el plano de la planificación.

A priori, el plan del organismo industrial que acompaña el Ministerio de Energía y Minería incluye:
– Nueva infraestructura para laboratorios y áreas de servicios.
– Inversión en equipamiento de punta para varios subsectores de energías renovables.

– Plan de fortalecimiento de recursos humanos.
Esta vez, la Argentina no quiere perder la chance de insertarse con fuerza en un proceso de crecimiento a nivel global que parece no encontrar techo.
Sobre todo, considerando que su geografía una vez más fue tocada por la varita mágica: este país es líder mundial en recursos naturales.

El viento de la Patagonia y el sol del Norte son hoy el gran atractivo de inversores extranjeros que no encuentran mercados en otros países.

Si todo sigue de acuerdo a los planes previstos, el territorio “argento” será un polo de atracción para inversores en todas las variantes renovables: eólica, solar, biomasa, biogás, hidroeléctrica y biocombustibles.

Los más entusiastas, se animan a decir que las renovables captarán más inversiones de lo que Vaca Muerta promete en petróleo y gas no convencionales.

Materia “gris”, tecnología local
Legalmente, la construcción del centro de investigación quedó firme mediante la Resolución 90/2016 del Consejo Directivo del INTI.

Así lo precisa Gustavo Gil, coordinador del área, quien por estos días admite estar muy “expectante” por la propuesta integral.
En contacto con iProfesional, el especialista explicó que “mediante acuerdo con la Subsecretaria de Energías Renovables se logró generar un esquema de financiamiento virtuoso que permite afianzar a este instituto como asesor técnico”.

¿De dónde saldrán los recursos? Como contraprestación por el seguimiento y control del accionar de las empresas en las licitaciones, el INTI recibe u$s2 mil por cada MW de potencia que se contrata en el marco del plan RenovAr.
Hasta ahora, por las subastas en curso fueron comprometidos cerca de 2.500 MW, lo que se traduce en un ingreso aproximado de u$s5 millones.

Para suerte del organismo, la cifra seguirá creciendo con el correr de los años, al ritmo de las próximas subastas.
De hecho, en agosto está prevista una nueva ronda por 1.000 MW, lo que sumaría otros u$s2 millones.

En números, Gil destacó que “se estima que para el período 2017-2019 realizaremos inversiones en el orden de los u$s7 millones”.

Competitividad, el punto clave
Pensando en el desarrollo de la cadena de valor, Gil explica que “en el mediano y largo plazo, una de las apuestas de esta iniciativa es reducir los costos de producción de los proveedores y fabricantes nacionales”.

Se trabajará para que las empresas de capitales argentinos puedan competir en el mercado, tanto en precio como calidad, con los equipos de “punta” que se elaboran en Europa, Estados Unidos y Asia.

A priori, se sabe que el centro realizará ensayos para la optimización del uso de aerogeneradores, sistemas fotovoltaicos y equipos de generación de biogás, entre otras pruebas técnicas.

“Será clave del éxito la inserción de las capacidades locales presentes y futuras, la performance y el dinamismo del sector productivo en I+D+i, así como la sincronización con las áreas científico tecnológicas”, subrayó el director del Centro.

Más personas, más proyectos
Actualmente, el Programa especializado del INTI en materia de renovables está compuesto por 50 personas, de las cuales 30 trabajan con dedicación exclusiva.

“Este proyecto permitirá potenciar ese trabajo en red e incrementar el número de recursos dedicados a la temática”, destaca Gil.
Aún no se definió el lugar dónde estará ubicado pero la Provincia de Buenos Aires suena como el sitio predilecto por sus creadores.
En tanto, se está evaluando la practicidad de la ubicación de las instalaciones, las necesidades particulares de las provincias y el valor simbólico que pueda ejercer el edificio en la sociedad.
“Las inversiones en equipamiento ya se están ejecutando”, anuncia el especialista sin dar más precisiones.

Invitación abierta
Según cuenta Gil, empresas como asociaciones del rubro pueden formar parte del instituto y colaborar como “socios”.
Así funcionan centros prestigiosos en otros países. La asociación público-privada “es uno de los ejes de la propuesta”, valora Gil.

“Estamos haciendo un acuerdo de colaboración y asistencia técnica con el Centro Nacional de Energías Renovables de España para los próximos dos años, que nos permitirá tener un plan de entrenamiento y de ajuste en la orientación de los servicios tecnológicos a las líneas de I+D”, anunció el experto.

Pensar el largo plazo
En definitiva, el programa de investigación apunta a consolidar una industria nacional de vanguardia que pueda desarrollar tecnología para uso local y de exportación a los países vecinos.
Si se pudo ser líder en energía nuclear y hidroeléctrica y crear desde cero una YPF que por décadas dio cátedra en la región también es posible en el área de las renovables.

sábado, 15 de julio de 2017

Castrados y Avergonzados


              "Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados". Talmud

A priori, le ruego siga difundiendo esta convocatoria hasta el último minuto, a ver si conseguimos movilizar a los jóvenes para que nos acompañen en esta patriada. Mientras tanto, y de todas maneras, pensemos en qué nos pasa a los argentinos y qué imagen estamos mostrando al exterior; realmente, ¿cómo el crisol de razas, del que tanto nos enorgullecimos en el pasado, ha podido derivar en este país de borregos emasculados?
 El miércoles fuimos sorprendidos por una noticia procedente de Brasil, que nos debería llenar de vergüenza (una más, porque diariamente las novedades que deparan nuevos descubrimientos de la corrupción del kirchnerismo nos convierten en el hazmerreir generalizado): la condena a casi diez años de prisión dictada por el Juez Sergio Moro, un magistrado de Curitiba, Paraná, contra Luiz Inácio Lula da Silva, ex Presidente y aún dueño de una importante intención de voto en su país. Obviamente, será apelada ante el Tribunal Federal Regional y, con seguridad, llegará al Supremo Tribunal Federal, pero la repercusión ya ha sido inmensa, sobre todo porque lo inhibiría de presentarse a nuevas elecciones. 
La vergüenza tiene varios aspectos en la lógica comparación con lo que aquí sucede. El primero, la celeridad y la independencia con que actúa la Justicia allí, mientras que nosotros seguimos sin saber siquiera cómo y cuándo murió el Fiscal Alberto Nisman, por ejemplo, y los responsables del infame crimen de Once siguen en libertad.
 Luego, la pequeña cantidad de la cual Lula se habría apropiado personalmente; un departamento en el litoral paulista no tiene punto de comparación con el imperio hotelero e inmobiliario que Néstor y Cristina construyeron ni, por supuesto, con la propiedad de tantas estancias y empresas puestas a nombre de sus testaferros, incluyendo una gran porción de las acciones de YPF, que los Eskenazi compraron para Kirchner sin dinero. Finalmente, el monto total defraudado al fisco brasileño es infinitamente menor que el saqueo al que fue sometida la Argentina durante la prolongada década del latrocinio pingüino, tanto en términos relativos (por la enorme diferencia en el PBI de ambos países) cuanto absolutos: los US$ 3.500 millones desaparecidos en nuestro vecino no son nada frente a la gigantesca fortuna que amasaron nuestros inventores de una revolución imaginaria. 
Algo similar está ocurriendo en Perú, donde su ex Presidente Ollanta Humala y su mujer acaban de ser encarcelados por corrupción en las operaciones con Odebrecht, y hasta en Ecuador, ya que el sucesor de Rafael Correa, elegido por éste presumiendo que sería un títere, ha ordenado abrir una investigación contra su padrino político por idénticas razones, amén de acusarlo de haber estrellado la economía de su país con su populismo.
 Todos esos hechos, a los cuales debe sumarse lo sucedido en los dos países modélicos de la región, por los cuestionamientos chilenos a su Presidente, Michele Bachelet, en razón de algunos negociados de los que se acusa a su familia, las graves sospechas de corrupción durante el gobierno de José "Pepe" Mugica, que están golpeando fuertemente al Frente Amplio y lo colocan al borde de perder por primera vez las elecciones uruguayas desde 2004, y los reiterados rumores sobre Evo Morales y su amante, gestora de grandes negocios en Bolivia, confirman la profetizada ola de decencia que comenzó a impactar en este siglo sobre todos los regímenes populistas de la región, condenándolos al tacho de basura de la historia. 
Una excepción, claro, son los terribles acontecimientos que, en cien días, han llevado a la tumba a más de cien jóvenes en las protestas contra Nicolás Maduro, que sigue manteniendo el poder sentado sobre las bayonetas de su ejército y de sus milicias paramilitares. Lamentablemente, la crisis que desangra a Venezuela no parece tener siquiera una imaginable solución, porque el tirano es sólo uno de los miles de bandidos que se reúsan a escuchar el clamor mundial y, si se fugara o muriera, detrás están Diosdado Cabello y cientos de generales poco dispuestos a perder tanto su libertad como las enormes fortunas que han acumulado con el narcotráfico y los pingües negocios que realizan a costa del Estado. La otra, obviamente, es la gerontocracia cubana, sostenida exclusivamente por el cordón umbilical que la une a Caracas y a través del cual fluye el petróleo que los venezolanos pagan con su cotidiana hambruna. 
Pero la Argentina sigue dando la nota desafinada en ese concierto regional que tan bien suena. El peronismo se niega a entregar las cabezas de de los máximos exponentes de su corrupción: el Senador Carlos Menem, el Diputado Julio de Vido, el Juez Eduardo Freiler y, por supuesto, la Procuradora General, Alejandra ¡Giles! Carbó, llamada ayer a indagatoria. Muy por el contrario, cierra filas en su defensa y eso es comprensible porque, si esas testas rodaran, resultaría imposible que no arrastraran a muchos más, tal como amenazó el ex Ministro de Planificación cuando creyó que lo abandonarían a su suerte. El PJ adoptó idéntica posición en la resistencia a los fallos judiciales que impiden al Senador Ruperto Godoy continuar integrando el Consejo de la Magistratura por no reunir el elemental requisito de ser abogado. 
Y qué decir de la libertad que gozan tantos procesados por delitos no excarcelables, mientras se mantiene en prisión preventiva por décadas a dos mil ancianos, acusados por hechos ocurridos hace cuarenta años, que no corren riesgo de fuga ni, menos aún, poner en peligro la investigación. 
Es por eso que los ciudadanos debemos demostrar -y probarnos- que no somos meros eunucos y salir a la calle a exigir a la Justicia, en las personas de ese Consejo y de la Corte Suprema de Justicia, que deje de marearnos la perdiz y cumpla con el deber que la Constitución Nacional le impone. Y debemos hacerlo, como dice el cartel que encabeza esta nota, el 3 de agosto, a las 18:00, en Plaza Lavalle (y frente a las sedes de los tribunales de todo el país), donde tienen su asiento ambos órganos. 
Las consignas y reclamos deben ser concretos y unívocos. Es imprescindible que exijamos al Consejo que deje de ser el mamarracho en que se ha convertido, designe a los jueces que deben cubrir las incontables vacantes en todos los fueros y en todas las instancias, y desplace de una buena vez a los enriquecidos canallas que hoy ejercen magistraturas y venden sus sentencias al mejor postor, mientras pretenden que los ciudadanos nos sometamos a ellas como si provinieran de Dios mismo. 
A la Corte, que actúe con independencia e imponga su poder sin dilaciones y sin oportunismo. Y a nuestro inicuo Congreso -ahora un mero aguantadero de delincuentes que se mofan de sus representados- que modifique el Código Procesal Penal de la Nación de modo tal que a cualquier procesado por hechos de corrupción, sea político, funcionario o empresario, se le retiren los fueros y se le deniegue esperar en libertad la sentencia definitiva y, a la vez, que sancione de una buena vez las leyes de responsabilidad empresaria y la caducidad de dominio de los bienes mal habidos. 
 Porque somos una generación desgraciada, como afirma el Talmud, ya que tenemos jueces que merecen ser juzgados por su corrupción y por su ilegítima militancia política. Y no podemos transmitir esa herencia nefasta a nuestros descendientes; tenemos la obligación de actuar ya mismo para evitarlo y para permitir que nuestro país vuelva a ser una nación orgullosa de de sus valores morales y de su destino, hoy tan marchitos y decadentes.

Bs.As., 15 Jul 17

 
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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viernes, 14 de julio de 2017

Diputados unifican proyecto de Distribuida y realizarán una consulta al sector privado

Guido Gubinelli
Por Guido Gubinelli
guido.gubinelli@energiaestrategica.com


Se llamará a especialistas del sector para que opinen sobre el proyecto de Ley que apunta a que todos los usuarios particulares del territorio nacional puedan inyectar energía renovable a la red eléctrica. Legisladores esperan poder tratarlo en una sesión plenaria durante el próximo mes para conseguir dictamen y que pueda tratarse en el recinto. Desde el sector empresario opinan que el éxito de la norma dependerá de cómo se instrumente.


Durante la tarde de ayer, asesores de diputados de distintos bloques completaron el trabajo iniciado desde hace varios meses: finalmente se unificó en un proyecto de Ley de Generación Renovable Distribuida las distintas propuestas que se fueron presentando.

El escrito no contemplará un cargo a la demanda específica para alimentar los fondos de incentivo FODER y FODIS, punto de gran discusión, y en reemplazo fija, para el primer año de entrada en vigencia de la Ley, una partida del presupuesto nacional de 500 millones de pesos.

El esquema tarifario que se propone es del tipo Net Billing, sistema neto de facturación que permite contrastar el valor monetario de la energía limpia generada por la fuente renovable sobre la energía consumida durante un mismo período. Así se balancean ambos saldos monetarios, dejando fuera otros conceptos como impuestos –recaudación provincial- y el Valor Agregado de Distribución –VAD, que corresponde a la recaudación de las distribuidoras por servicios de operación, mantenimiento e inversiones en redes.

En diálogo con Energía Estratégica, Luís María Bardeggia (Frente para la Victoria), uno de los diputado nacionales que trabajó dentro del proyecto, destaca este nuevo logro y señala que en el mes de agosto, luego del receso invernal, habrá una –o tal vez dos- jornada donde se convocará a especialistas de distintos sectores para que den su opinión sobre el escrito de la Ley. Lo que resulte de las exposiciones no será vinculante, pero pueden ser tomadas en cuenta para enriquecer la propuesta.

Luego, el proyecto deberá obtener dictamen, primero, en la Comisión de Energía y Combustibles y, después, en la de Presupuesto y Hacienda. “La idea es acortar los tiempos, si es que hay margen, en una reunión plenaria”, explica Bardeggia. La estrategia es poder dictaminar la Ley en una sola reunión en el mes de agosto para que pueda tratarse con mayor rapidez en el recinto de la cámara baja.

Por su parte, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), en contacto con este medio opina que “hay expectativas” en que se apruebe el proyecto durante este año.

Cabe recordar que CADER formó parte del conglomrado de entidades que sugirieron aportes a este proyecto, al igual que AGUEERA, el INTI, IRESUD, ADERE, CFEE, la CACME, la FACE, el ENRE, el sector privado, ADEERA, gobiernos locales y provinciales y el Ministerio de Energía y Minería.

No obstante, Álvarez advierte que, si bien la Ley “es un buen instrumento” así como está planteada, “su éxito va a depender de cómo se reglamente”.

“Habrá que ser cuidadoso en cómo se suministra el capital –de los fondos de incentivo- y cómo se instrumenta la mecánica de tasas –para la compra de equipos de energías renovables-”, observa el dirigente y precisa: “eso puede generar un incentivo en los prosumidores para que inyecten energía limpia la red” con mayor rapidez.

Álvarez plantea que, con este tipo de políticas de consumo de energía limpia in situ, “el Estado se podría ahorrar grandes sumas de dinero evitando la importación de combustibles fósiles que se utilizan para la generación térmica distribuida”.

“Es importante que se apruebe este año y que luego trabajemos intensamente en la reglamentación de la ley”, opina el titular de CADER.

FUENTE: http://www.energiaestrategica.com

miércoles, 12 de julio de 2017

CUANDO LOS DIPUTADOS NO ESTAN PRESENTES, ES IMPOSIBLE TRABAJAR.

Cuando intentamos tratar en comisión la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que serviría para que no haya más coimas, necesitábamos sólo dos diputados más para tener quórum, pero ningún diputado del FPV, ninguno del Bloque Justicialista, ninguno de otros bloques más pequeños y sólo una diputada del Frente Renovador estuvieron presentes. Pero no creamos que no van a trabajar porque son vagos, no van porque no quieren que exista una ley que terminaría con la impunidad