Se llamará a especialistas del sector para que opinen sobre el proyecto de Ley que apunta a que todos los usuarios particulares del territorio nacional puedan inyectar energía renovable a la red eléctrica. Legisladores esperan poder tratarlo en una sesión plenaria durante el próximo mes para conseguir dictamen y que pueda tratarse en el recinto. Desde el sector empresario opinan que el éxito de la norma dependerá de cómo se instrumente.
Durante la tarde de ayer, asesores de diputados de distintos bloques completaron el trabajo iniciado desde hace varios meses: finalmente se unificó en un proyecto de Ley de Generación Renovable Distribuida las distintas propuestas que se fueron presentando.
El escrito no contemplará un cargo a la demanda específica para alimentar los fondos de incentivo FODER y FODIS, punto de gran discusión, y en reemplazo fija, para el primer año de entrada en vigencia de la Ley, una partida del presupuesto nacional de 500 millones de pesos.
El esquema tarifario que se propone es del tipo Net Billing, sistema neto de facturación que permite contrastar el valor monetario de la energía limpia generada por la fuente renovable sobre la energía consumida durante un mismo período. Así se balancean ambos saldos monetarios, dejando fuera otros conceptos como impuestos –recaudación provincial- y el Valor Agregado de Distribución –VAD, que corresponde a la recaudación de las distribuidoras por servicios de operación, mantenimiento e inversiones en redes.
En diálogo con Energía Estratégica, Luís María Bardeggia (Frente para la Victoria), uno de los diputado nacionales que trabajó dentro del proyecto, destaca este nuevo logro y señala que en el mes de agosto, luego del receso invernal, habrá una –o tal vez dos- jornada donde se convocará a especialistas de distintos sectores para que den su opinión sobre el escrito de la Ley. Lo que resulte de las exposiciones no será vinculante, pero pueden ser tomadas en cuenta para enriquecer la propuesta.
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Luego, el proyecto deberá obtener dictamen, primero, en la Comisión de Energía y Combustibles y, después, en la de Presupuesto y Hacienda. “La idea es acortar los tiempos, si es que hay margen, en una reunión plenaria”, explica Bardeggia. La estrategia es poder dictaminar la Ley en una sola reunión en el mes de agosto para que pueda tratarse con mayor rapidez en el recinto de la cámara baja.
Por su parte, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), en contacto con este medio opina que “hay expectativas” en que se apruebe el proyecto durante este año.
Cabe recordar que CADER formó parte del conglomrado de entidades que sugirieron aportes a este proyecto, al igual que AGUEERA, el INTI, IRESUD, ADERE, CFEE, la CACME, la FACE, el ENRE, el sector privado, ADEERA, gobiernos locales y provinciales y el Ministerio de Energía y Minería.
No obstante, Álvarez advierte que, si bien la Ley “es un buen instrumento” así como está planteada, “su éxito va a depender de cómo se reglamente”.
“Habrá que ser cuidadoso en cómo se suministra el capital –de los fondos de incentivo- y cómo se instrumenta la mecánica de tasas –para la compra de equipos de energías renovables-”, observa el dirigente y precisa: “eso puede generar un incentivo en los prosumidores para que inyecten energía limpia la red” con mayor rapidez.
Álvarez plantea que, con este tipo de políticas de consumo de energía limpia in situ, “el Estado se podría ahorrar grandes sumas de dinero evitando la importación de combustibles fósiles que se utilizan para la generación térmica distribuida”.
“Es importante que se apruebe este año y que luego trabajemos intensamente en la reglamentación de la ley”, opina el titular de CADER.
FUENTE: http://www.energiaestrategica.com
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