Hacen falta más reformas estructurales para lograr un Estado transparente y transformador
Autor: Brenda Austin
Con todo esto, pretendemos romper los círculos endogámicos que controlan, abrir las ventanas y distribuir poder.
Combatir la corrupción estructural en nuestro país es un desafío que
trasciende los gobiernos y las miradas partidarias. Construir el
andamiaje normativo que necesitamos para fortalecer las instituciones es
hoy un imperativo categórico.
Se estima, según estadísticas de la región, que los Estados gastan en
la compra de bienes y servicios, aproximadamente un 15% de su PBI y que
los gobiernos pagan sobreprecios de hasta un 40% del valor del
mercado. Bajo esos datos, ser transparentes opera también como un
objetivo instrumental, para contar con más recursos que nos permitan
hacer más obras.
A su vez, la percepción de la ciudadanía en torno a la
corrupción actúa no sólo como una condena moral a la clase política,
sino que socava la legitimidad de nuestro sistema de gobierno. Según el
Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia
Internacional, Argentina paso de ocupar el puesto 57 sobre 159 países en
2001, al puesto 107 para enero de 2016.
Cada vez que se produce un desvío en el destino de los fondos, son
menos derechos para los ciudadanos. No se trata de una excentricidad de
quienes nos sentimos institucionalistas, sino de entender que los
recursos que perdemos en obras mal ejecutadas, en sobreprecios o incluso
abonadas sin ser realizadas, es finalmente menos desarrollo, menos
rutas, menos hospitales, menos escuelas, menos obras de
infraestructura para la gente.
La ética pública no es entonces un valor del individuo que ejerce la
función pública, sino que contiene una asociación intrínseca con la idea
de bien común. Son conceptos imbricados, comprenderlo implica abandonar
para siempre la idea de “roban, pero hacen”.
En este marco, el objetivo debe estar orientado
a construir las barreras para que no nos vuelvan a robar. Fortalecer
la Justicia para que investigue y condene los hechos de corrupción, pero
también diseñar las herramientas para prevenir el desvío de fondos
públicos.
Muchos hemos hecho en estos meses, aunque todavía falte. En primer
lugar, rescato la aprobación de la Ley de Acceso a la Información
Pública, una deuda histórica de nuestra democracia que permitirá correr
el velo de opacidad que rodea muchas veces al Estado. El derecho de
acceso a la información es considerado un “derecho llave” pues habilita
el ejercicio de otros derechos.
También de gran importancia la Ley del Arrepentido y la media sanción
de la Ley de Extinción de Dominio, que aún espera pacientemente que el
Senado se apreste a tratarla, ambas serán herramientas valiosas para
desmantelar las redes de corrupción y el crimen organizado.
La reforma electoral, que no sólo plantea la incorporación de la boleta
única electrónica, sino que busca terminar con las colectoras y
candidaturas múltiples, el debate presidencial obligatorio y la ley de
transición, vienen también a fortalecer la transparencia y legitimidad
de los procesos electorales. Esto, junto a la regulación de la
publicidad oficial (que también tiene media sanción), buscan contribuir a
equiparar las chances de lo que se conoce como la “cancha inclinada”,
esto es el enorme beneficio con el que corren los oficialismos a la hora
de ir a un proceso electoral.
Todas estas reformas estarán incompletas, si no abordamos el punto
inicial de estas reflexiones: los procedimientos de compras y
contrataciones de bienes, servicios y obra pública. Estos temas forman
parte de la agenda del ejecutivo y también del Parlamento, al punto que
varias iniciativas hoy comienzan a ejecutarse. Las ONGs empiezan también
a construir aportes e insumos específicos que contribuyen al buen
debate.
 |
| LO QUE TE DEJÓ EL MODELO |
En esta línea, días atrás, presentamos en la Cámara de Diputados un
proyecto de ley que busca modificar el procedimiento de obra pública
para dotarlo de mayor transparencia y control, a través de la
incorporación de la figura de los
Pactos de Integridad, las
Audiencias Públicas, la
legitimación activa de ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad Civil para instar a los mecanismos de control, el
acceso a la información específica de la obra, la
confección abierta y participada de los pliegos y finalmente, la constitución de un
Observatorio que
opere monitoreando todo el proceso y facilitando la construcción de
insumos para todos. La reforma de la ley de obra pública de 1947, es
fundamental si queremos terminar con la corrupción sistémica.
Con todo esto, pretendemos romper los círculos endogámicos que
controlan, abrir las ventanas y distribuir poder. Mejorar la
transparencia de nuestro sistema, nos hará no sólo recuperar la
confianza en nuestras instituciones, sino que nos permitirá de una vez
por todas, entrar en la senda del desarrollo que tanto merece nuestro
país.
FUENTE: http://www.nuevospapeles.com
