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martes, 30 de abril de 2013

Ruta del dinero K: informe especial

Empresas en Panamá en las que aparecen Ricardo Jaime, Sergio Schoklender, Arguindegui, Conte y un Fariña.
Hasta hoy la Justicia NO ha Investigado absolutamente nada de lo que vas a leer. Imagínate después de TENER a TODA la JUSTICIA en la Louis Vuitton.
SGI Argentina S.A. – Aparecen Schoklender y Ricardo Jaime.

TOMO I: LAS DECLARACIONES DE ROSSI SE CAEN SOLAS

Rossi afirma que nunca fue cadete de Fariña, y su esposa también lo desmintió categóricamente.
Además afirma no ser titular de ninguna cuenta en Panamá, aunque por las dudas dice: “No hice ninguna, pero si la hubiera hecho, ¿cuál es el delito de hacer una sociedad en el exterior?”
Pero resulta que hay un buscador online de sociedades panameñas que es infalible, y que sirve tanto para buscar personas físicas que tengan alguna sociedad en Panamá o bien para buscar empresas ya constituidas.
Si uno busca “Fabián Virgilio Rossi”, aparecen dos empresas:
1- SOLUTIONS GROUP INVESTMENT INC.
2- SOLUTIONS GROUP MARKETING INC.
En estas dos empresas panameñas, Rossi figura como director.
Este buscador, además de los nombres de personas y empresas, también te tira un número de ficha con el que podemos buscar los escaneos oficiales del registro Público de Panamá, el cual tiene su web oficial: http://www.registro-publico.gob.pa
Una de las cosas positivas de la poca transparencia panameña es que TODAS las actas de sociedades quedan registradas, escaneadas y subidas a la web del Registro Público.
Y ahí nos encontramos con DOCUMENTOS OFICIALES como estos:
Entonces queda comprobado que Fabián Rossi SÍ participa en dos empresas panameñas.
Dos empresas de nombres muy similares…

TOMO 2: LA RENUNCIA DEL DIRECTORIO DE TEEGAN INC. 2 DÍAS DESPUÉS DEL PROGRAMA DE LANATA

El día 17 de abril de 2013, dos días después del primer programa de Lanata donde se vieron las acciones de Lázaro Báez en Teegan Inc., TODO el directorio de esta empresa panameña renuncia para no quedar pegados.
Esta información está también en la web del Registro Público panameño.
El acta de protocolarización de estas renuncias fue escaneada y colgada en la web el día 23 de abril.
Hacer clic en las imágenes para agrandar:
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Si Lázaro afirma que no tiene nada que ver con Teegan Inc., ¿por qué renunció el directorio de Teegan Inc. dos días después de la denuncia de Lanata?

TOMO 3: LA APARICIÓN DE RICARDO JAIME

Acá viene lo que ningún medio te dijo hasta ahora.
En toda esta red de empresas fantasmas para lavar plata sucia aparece otra empresa SGI.
Nombre completo: SGI ARGENTINA S.A.
Que también está constituida en Panamá, y de la cual también aparecen TODOS los documentos de sus movimientos colgados en la web del gobierno panameño.
Esta empresa SGI ARGENTINA S.A. tiene tres directores:
ASTERIO CABALLERO IBARRA
ORIEL F. KENNION
BERTA ACOCA DE PATTON
El primer dato relevante es que estos tres personajes tienen constituidas en Panamá más de 300 empresas.
Podemos afirmar que son “prestanombres” de cuanta sociedad lavadora de dinero sucio aparezca por Panamá.
El listado de todas esas empresas, lo podés ver acá:
El segundo dato es que ASTERIO CABALLERO IBARRA también aparece ligado a Ricardo Jaime, ex Secretario de Transporte de Néstor Kirchner.
Jaime aparece mencionado en un Requerimiento de Justificación de Bienes que fue formulado por el fiscal de la causa Carlos Rívolo en el marco del proceso que instruye el Juez Norberto Oyarbide por Enriquecimiento Ilícito contra Ricardo Jaime.
El texto completo de dicho requerimiento judicial lo podés leer acá:
En una parte de este extenso requerimiento, dice lo siguiente:
rossi-7
Todo esto debería ser investigarlo por la justicia.

TOMO 4: LA APARICIÓN DE SERGIO SCHOKLENDER

Berta Acoca de Patton, otra de las directoras de SGI ARGENTINA S.A. y de cientos de empresas más, aparece ligada en la empresa Tersina Financial LLC aFERNANDO LUIS KOVAL.
¿Te suena?
Koval era el contador de Schoklender en MELDOREK.
La imagen que vas a ver a continuación es del Boletín Oficial Nº 32.457 del viernes 10/8/2012:
rossi-8
En este link podés ver quien es Fernando Koval:

Los Arguindegui, Conte y un Fariña

Siguiendo la ruta de las empresas panameñas y los nombres vinculados al lavado de dinero K proveniente de la extensa obra pública que lleva a cabo Lázaro Báez, nos encontramos con otra sorpresita:
La empresa panameña TERRAFIELD INVESTMENTS, INC.
Los directores de esta empresa son:
JORGE A. ARGUINDEGUI
MARIANA DELLISANTI DE ARGUINDEGUI
PEDRO CONTE
Arguindegui es el ex embajador K en Panamá, Mariana es su esposa y Pedro Conte es un señor que, además de TERRAFIELD INVESTMENTS, INC, también es Director, junto al mendocino Ricardo Daniel Fariña, de la empresaRICARDO FARIÑA Y ASOCIADOS, también radicada en Panamá. A su vez, Ricardo Fariña es Director de SPAZIO 78 DE PANAMÁ S.A.
Aquí les dejo los escaneos en tamaño original de la empresita de los Arguindegui:
1_000
3_000
8_000
Es evidente que hay muchísimos aún para INVESTIGAR.
Y es INDISCUTIBLE que la Red de lavado de dinero no es más que parte del conglomerado mafioso del MATRIMONIO KIRCHNER.
La cuestión es dejar LIBRE a la Justicia para que mande a Todas y Todos a PERPETUA y haga repatriar TODO nuestro dinero.
¿No te parece?
Alesia Miguens
Alesia Miguens
manos-esposas-dinero
LÁZARO LAZARILLO

".... Sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar”

Increíble explicación del gobierno provincial por la utilización de una camioneta de Lázaro Baéz por parte del gobernador

30/04 – 10:45 – Inmediatamente a nuestra nota de ayer, sobre la utilización de una camioneta Nissan Murano de la empresa Epsur, por parte del gobernador de Santa Cruz, Prensa emitió un comunicado que pasa a ser una pieza de colección. A menos que su redactor haya querido embarrarle más la cancha al Ejecutivo y poner más dudas que certezas, no se aprecia en su texto la intención de aclarar nada y trastabilla con el razonable criterio político que debe preceder a réplicas de este tipo.
Ayer publicamos nuestra nota titulada “El Gobernador Peralta utiliza una camioneta Murano de Epsur, la empresa de Lázaro Báez”, donde contamos que la provincia recibió camionetas de Epsur y Misahar, empresas petroleras de Lázaro Baéz, en el marco de un Decreto del PE que obliga a las petroleras a ceder logística con fines de control, algo realmente controvertido y rayano en los ridículo, pero que de todos modos puede ser discutida la conveniencia o no, desde el punto de vista ético y práctico, de aceptar u obligar a las operadoras a realizar este tipo de “donaciones” para que el Estado ejerza el control de las mismas.
Lo cierto es que un par de horas después de nuestra publicación, Prensa de gobierno emitió un comunicado oficial del Instituto de Energía de la provincia, cuyo texto queremos analizar con detenimiento porque la pieza en sí misma constituye una falacia pero, además, peca de “ocultadora” de hechos que suponíamos podrían existir y que a partir de su lectura, quedan absolutamente confirmados: el Estado se hace ceder bienes por parte de las empresas con el falso objeto de afectarlos a “control”, para darles un uso absolutamente arbitrario y distinto al establecido.
Como primera medida vamos a transcribir en forma textual y sin ningún tipo de modificación, el texto enviado por gobierno, luego haremos el correspondiente análisis.
“A raíz de versiones periodísticas que afirman que el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, el Sr. Daniel Peralta, utiliza para su uso personal vehículos de empresas pertenecientes al empresario Lázaro Báez, el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz aclara:
Que la utilización de esos vehículos de manera oficial, está prevista y acordada por contrato con las empresas en las licitaciones realizadas con las mismas. Las empresas tienen la obligación de ceder vehículos al Gobierno Provincial para ser utilizados en actividades de control de diversas áreas de la Provincia. Para esta gestión es importante que las empresas cumplan los contratos firmados por la provincia.

Estas empresas han sido notificadas oportunamente del uso que se le iba a suministrar a cada uno de los vehículos y brindaron su conformidad.
El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en el desarrollo de sus tareas, recorre la provincia permanentemente y para ello utiliza uno de estos vehículos que fueron afectados al parque automotor del Gobierno Provincial.
Conocidos son las características de los caminos de la provincia y para eso es necesario que el vehículo utilizado por el jefe del Ejecutivo brinde las condiciones óptimas de seguridad para trasladarse por los diferentes puntos de la Provincia y que su investidura requiere. El vehículo Murano JZL-884 es el único de las características necesarias para el despliegue de la logística del Gobernador del que dispone el parque automotor del Estado provincial. Por estas características se dispuso utilizar las herramientas que se tienen a disposición, y evitar perjuicio y gasto alguno a las finanzas públicas.
El Gobernador no tiene conocimiento sobre quién es el dueño del vehículo, ni está cometiendo irregularidad alguna al utilizarlo para cumplimentar su trabajo de funcionario público.
Es este Instituto quien pone el vehículo a disposición de la Gobernación. Esta modalidad no es exclusiva de esta gestión. El Ministerio de Planificación de la Nación, gobiernos provinciales o incluso Presidencia de la Nación utilizan logística aportada por empresas, conformes a la ley y reglamentos.
Cualquier conjetura que se quiera realizar por el uso de este vehículo corre por cuenta de quién la afirma y nada más.
La realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas. No hay nada que ocultar.
A su vez, el Presidente del Instituto de Energía de la Provincia informa que ya se iniciaron procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos”.
Analicemos
El sofisma en un argumento aparente con el que se quiere defender o persuadir a otro de algo que es falso.
Dicho esto, la pieza que acabamos de transcribir de Prensa de Gobierno, es un verdadero sofisma con un agregado más grave aún: la falacia. Es, definitivamente lo que podríamos llamar, creando un neologismo: una sofilacia. Veamos:
- “A raíz de versiones periodísticas que afirman que el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, el Sr. Daniel Peralta, utiliza para su uso personal vehículos de empresas pertenecientes al empresario Lázaro Báez, el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz aclara:
Desde el encabezamiento empezamos mal. Las “versiones” no son tales, es una investigación periodística con documentación y comprobación empírica de lo que se muestra allí donde, claro está, se afirma que el gobernador utiliza para su uso personal un vehículo de la operadora Epsur, que además, se refrenda de manera inobjetable con la fotografía de tapa.
- Que la utilización de esos vehículos de manera oficial, está prevista y acordada por contrato con las empresas en las licitaciones realizadas con las mismas. Las empresas tienen la obligación de ceder vehículos al Gobierno Provincial para ser utilizados en actividades de control de diversas áreas de la Provincia. Para esta gestión es importante que las empresas cumplan los contratos firmados por la provincia.
El escriba en este párrafo, rellena de nada una explicación que parece arrancar pero se queda en la línea de largada. Nosotros en nuestra nota nunca dijimos que la utilización de vehículos de las empresas fuera algo que no está “acordado” en la legislación. De hecho mencionamos que existe un Decreto del PE que así lo exige, ahora, que eso sea “legal” no significa que sea ético ni compatible con la función que debe tener el Estado.
Sigue la frase de relleno cuando aclara que las empresas están obligadas a ceder los vehículos, obvio si la ley así lo determina la deben cumplir, pero hace hincapié en algo en lo que luego se contradice: “para ser utilizados en tareas de control” y aquí está el quid de la cuestión, como lo vamos a ver más adelante.
- El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en el desarrollo de sus tareas, recorre la provincia permanentemente y para ello utiliza uno de estos vehículos que fueron afectados al parque automotor del Gobierno Provincial.
He aquí la primera objeción: si los vehículos, como dice Energía, “están afectados a actividades de control” ¿Es Peralta el hombre que el Instituto de Energía tiene para ir a relevar en las distintas áreas petroleras de Epsur-Misahar, si se extrae el petróleo y el gas tal cual lo acordado, si se cumplen las normas de seguridad etc? Sabemos que el Instituto no tiene nada más que un solo controlador, pero eso no significa que el Gobernador tenga que cumplir estas tareas técnicas; por lo tanto, si Peralta utiliza ese vehículo es por fuera de las tareas asignadas a los vehículos que les exigen entregar a las operadoras.
- Conocidos son las características de los caminos de la provincia y para eso es necesario que el vehículo utilizado por el jefe del Ejecutivo brinde las condiciones óptimas de seguridad para trasladarse por los diferentes puntos de la Provincia y que su investidura requiere. El vehículo Murano JZL-884 es el único de las características necesarias para el despliegue de la logística del Gobernador del que dispone el parque automotor del Estado provincial. Por estas características se dispuso utilizar las herramientas que se tienen a disposición, y evitar perjuicio y gasto alguno a las finanzas públicas.
Un párrafo sin desperdicio. Todos estamos de acuerdo en que el jefe del Ejecutivo debe viajar seguro, en el traslado por la provincia y conocemos el estado de los caminos (aunque esa frase es desafortunada de parte del redactor, porque son los caminos que históricamente arregla, desarregla, remienda y descose Austral Construcciones, empresa propiedad del quien le cede la camioneta al gobernador, ergo: Lázaro Báez).
Es una falacia total que el vehículo Nissan Murano JZL 884 sea “el único de características necesarias”, ya que la provincia posee poderosas Toyota SW4 y Hilux, todas 4×4, equipadas, mantenidas y de modelos recientes. Y yendo un poco más allá, hasta diría que las SW4 tienen mayor prestación y ductilidad para transitar en algunas zonas de la provincia, que la Nissan, concebida en otros estándares técnicos. La única explicación que encaja en el argumento esgrimido: “el único de características necesarias”, es que Peralta quiera viajar en una Murano y no en una Toyota; por lo demás es un argumento falso, tanto como cuando concluye el párrafo, al decir que de esta manera “se evita el perjuicio y gasto a las finanzas públicas”. De repente parece que se trata de un gobierno de indigentes que debe recurrir a las empresas amigas para que le salven el día ¿No será demasiado, tratar de tomarle el pelo a la gente, de esta poco sutil manera?.
Una pregunta casi retórica es ¿Desde cuándo el gobernador tiene que andar en vehículo prestado para “cuidar las finanzas públicas”?. Imposible que tal argumentación encaje en la realidad provincial, excepto, claro (como en este caso) que se trate de maquillar lo que es obvio, pero que – lógicamente – por obvio no se puede disimular.
El Gobernador no tiene conocimiento sobre quién es el dueño del vehículo, ni está cometiendo irregularidad alguna al utilizarlo para cumplimentar su trabajo de funcionario público.
Si algo le faltaba a esta destartalada disculpa del gobierno, es esta sobredosis de inocencia que intentan asignarle a peralta, solo comparable con la de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quien hace dos años se transporta en los aviones de Top Air SA, pero aún sigue diciendo que no le consta que la empresa pertenezca a Lázaro Báez. El problema no es que lo siga diciendo, el problema (para ella), es que nadie le cree.
Si algo caracteriza al gobernador Peralta, es ser una persona intuitiva, conocedora de todo lo que pasa a su alrededor y rápido de reflejos, por lo cual es muy desafortunada la intentona del redactor por despegar a su jefe haciéndolo pasar por lo que no es. Queremos aclararle a los mentores de este “comunicado”, que existe un documento denominado “tarjeta verde” que es la identificación del vehículo donde figura el origen, el propietario y/o la empresa (persona física o jurídica) propietaria del rodado.
Teniendo en cuenta este dato tan elemental, hicimos lo más elemental que hay, que es buscar en el Registro Automotor y allí, la Nissan Murano JZL-884, figura a nombre de la empresa Epsur SA, Más claro, hay que ponerle agua (no de Río Gallegos, precisamente).
Si aplicamos la premisa que infiere el autor del comunicado, el gobernador podría estar en un problema grave, porque si no sabe de quien es el auto en que anda, mañana podría estar viajando en el auto de un narcotraficante o de un vendedor de armas, hecho probable, ya que “no sabe” en qué vehículo se mueve por los caminos de la provincia. Es un signo de grave descuido que Peralta debiera tomar en serio y comenzar a preocuparse por leer, al menos una vez, la tarjeta verde de los autos a los que sube.
La disculpa que ensaya al final del párrafo, está por verse. Porque si los vehículos son aportados por las empresas para “tareas de control”, como el mismo Presidente del Instituto de Energía lo reconoció, reiteramos lo que nos planteamos en párrafos anteriores: no creemos que Peralta ande por los yacimientos controlando locaciones petroleras ¿O sí?.
Es este Instituto quien pone el vehículo a disposición de la Gobernación. Esta modalidad no es exclusiva de esta gestión. El Ministerio de Planificación de la Nación, gobiernos provinciales o incluso Presidencia de la Nación utilizan logística aportada por empresas, conformes a la ley y reglamentos.
A este párrafo si tuviéramos que titularlo le pondríamos “Te despego Daniel, parte II – la saga”. El Sr Ferreiro intenta responsabilizarse de haber sido él, quien asignó el vehículo al gobernador e inmediatamente sacarse el lazo advirtiendo que los otros que le precedieron también lo hacían. Pero, lamentablemente, debemos decirle que no es así; la decisión salió de niveles superiores al IE. De la investigación que hicimos tenemos conocimiento que se iban a adjudicar dos Hilux y desde gobierno pidieron “por esas dos Toyota mandame una Murano”; y así fue.
El hecho que de esta actividad no sea “exclusiva” de esta gestión y que esté incorporada al quehacer del gobierno nacional y provincial, amparado bajo normas que así lo establecen, no hace legítimo el uso de bienes que aporta una empresa al Estado que debe controlar su producción. Claro que es legal, porque los mismos integrantes de los gobiernos que usufructuan esos beneficios, se encargaron de legislar en este sentido.
Aquí nadie dice que sea ilegal, es éticamente reprobable, nada más (y nada menos).
Precisamente, si algún gobernante interpreta que la corrupción hay que combatirla en todos los frentes, es imposible que pensemos en estos términos, porque claro está, que esta situación, por demás irregular (un Estado controlante, pidiéndole bienes al controlado) es caldo de cultivo para que la corrupción exista y se propague; de hecho hemos apuntado en nuestra nota que a estas camionetas aportadas por Epsur y Misahar, se las ve en posesión de personas que las usan para vacacionar, no están identificadas y usan combustible de las empresas que deben controlar. Invitamos a calificar esta acción, si no es a través del vocablo “corrupción”.
- Cualquier conjetura que se quiera realizar por el uso de este vehículo corre por cuenta de quién la afirma y nada más. La realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas. No hay nada que ocultar.
En realidad nosotros no conjeturamos. En nuestro informe apuntamos con datos precisos y documentación probatoria, todo lo que allí decimos. Por otra parte, arrogarse la potestad de decir que “la realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas” tiene ciertas remembranzas chavistas o bien kirchneristas en su más fiel escencia, como quien intenta levantar una muralla ante los ojos de la gente para expresarles: lo que les cuentan son todas mentiras, la única verdad es la nuestra ¿Será así?
- A su vez, el Presidente del Instituto de Energía de la Provincia informa que ya se iniciaron procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos.
El broche de oro de esta suerte de “sofilacia” de la contradicción, la suma el escriba al final de su prosa, cuando ya se despedía de tan magna tarea y termina metiendo la pata por última vez.
Luego de decir que “no hay nada que ocultar”, reafirma que si lo hubo, porque indica la pluma humeante del justificador a destajo, que se han iniciado los procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos. Esto remarca, claramente que hubo y hay cuestiones ocultas, o sea, fuera del conocimiento público.
Vacuo, sin alma, suena esta última advertencia. Ya sabemos que el presidente Ferreiro no irá contra su hijo, que utiliza el vehículo particularmente, como él, o como su Secretario o como Heller, el Vicepresidente y tantos más que tenemos registrados.
Por más que nos tiren por la cabeza la excusa de que “es legal” nosotros vamos a seguir sosteniendo que nunca dijimos lo contrario, lo que no nos parece, es que sea “legítimo”.
Legal, es todo lo que se rige bajo los márgenes de la ley, las legislaciones vigentes y los marcos regulatorios, como en este caso, aunque pensemos que estas leyes fueron confeccionadas, precisamente para facilitar esto que hoy vemos. Lo legítimo es aquello que se apega a los márgenes y estatutos de la ética; y aquí está el punto de replantearse si lo que hacen las autoridades usufructuando personalmente bienes de una empresa que contrata con el Estado, no es éticamente reprobable.
Finalmente, al ideólogo de este “comunicado” le dejamos una reveladora frase del filósofo británico Ludwig Wittgenstein “Lo que se deja expresar, debe ser dicho de forma clara; sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar”. (Agencia OPI Santa Cruz) 

lunes, 29 de abril de 2013

GOBIERNO S.A..... YA, NO TAN ANONIMA


El Gobernador Peralta utiliza una camioneta Murano de Epsur, la empresa de Lázaro Báez


29/04 – 14:30 - Por contrato, el Instituto de Energía de Santa Cruz debe recibir logística de parte de las empresas petroleras que explotan en la provincia. En el caso de Epsur-Misahar, propiedad de Lázaro Baéz, entre otros bienes como computadoras, cámaras fotográficas, sofware, teléfonos satelitales, etc, cedió al gobierno provincial 7 camionetas Hilux 4×4, la mayoría de ellas a nombre de Austral Construcciones SA. Llamativamente solo dos se usan para actividad de control, el resto es de uso particular de los funcionarios incluyendo el gobernador. Epsur no ha cumplido con el plan de inversión y sin embargo, no fue intimada a devolver las áreas como en el caso de Oil M&S.
Una investigación que realiza OPI desde hace varios meses en el área petrolera, arroja resultados llamativos, más aún ante la situación de dominio público, donde el empresario Lázaro Báez está en el ojo de la tormenta y del cual hasta el propio gobierno de la provincia trata de despegarse, mediante declaraciones del propio gobernador Peralta.
Es que, de acuerdo a documentación que obra en nuestro poder, entre ella el contrato firmado con Epsur y el Instituto de Energía de la provincia, la empresa petrolera debía ceder al estado provincial una serie importante de elementos que (en teoría) se afectarán a tareas de control, situación que está normada por un Decreto del PE y a pesar de resultar incongruente que un controlado (empresa) le dé los medios al controlador (Estado), para que éste lo controle, no es ilegal el hecho en sí (está autorizado), pero es irregular el uso que en este momento desde la provincia le están dando a muchos de esos bienes.
En principio debemos decir que en medio de la investigación nos encontramos con una multa que desde el Instituto de Energía le hicieron a Epsur por la suma de 800 mil dólares, por incumplimiento de contrato. Lo extraño, es que pudimos corroborar que de ese dinero Epsur solo abonó 40 mil dólares y cuando consultamos sobre el particular al Presidente del IE (Instituto de Energía) Juan Antonio Ferreiro, reconoció ambas cifras pero no pudo explicar en forma convincente en qué marco se dio la reducción significativa del pago de Epsur.
De acuerdo al contrato que obra en nuestro poder Epsur-Misahar se comprometió a entregar a la provincia 7 camionetas Hilux 4×4, equipada, 3.0, doble cabina con jaula antivuelco, equipo de radio VHF, dos ruedas de auxilios, caja de herramientas y 4 neumáticos para hielo, entre otros accesorios del equipamiento y de acuerdo al documento, la distribución es la siguiente:
La empresa Misahar entregó 4 camionetas, para las áreas El Turbio, El Turbio Este, Meseta Cerón Chico y Tapi Aike y Epsur entregó tres camionetas para “controlar” las áreas Paso Fuhr, Río Guenguel y Sur Río Deseado. En la mayoría de los entregados figuran a nombre de Austral Construcciones SA, entre ellas los vehículos registrados con patente KFW-957, KHI 300, HJX 172, KET 181.

¿Para control o uso particular?
Partiendo de la base que ya no es claro el hecho de que la provincia, encargada de controlar a las petroleras, acepte de las empresas una importante cantidad de medios, entre ellos vehículos, para realizar esos controles, nuestra investigación nos llevó a corroborar que se hace un uso indebido de al menos las camionetas cedidas por Epsur-Misahar y a continuación vamos a determinar algunas de esas irregularidades detectadas:
- Se ha comprobado que el hijo de Ferreiro, quien cumple tareas dentro del IE en el área denominada “Calidad” (inexistente en el organigrama) con un sueldo de $ 19.000 mensuales, hace uso de una de estas camionetas que carecen de identificación de la empresa, está polarizada y se lo ha podido fotografiar en El Calafate y El Chaltén, lugares que están muy lejos de las áreas petroleras.
- Se ha podido establecer que Austral Construcciones SA pone a disposición de cada camioneta la cantidad de 600 litros mensuales de combustibles, autorizando la carga en las estaciones de servicios del interior provincial donde la constructora tiene cuenta corriente.
- Se tiene conocimiento que varias de las camionetas en cuestión cargan combustible en la base que Austral Construcciones SA tiene en Río Gallegos, sobre la autovía de ingreso y se ha constatado que el hijo de Ferreiro utiliza combustible de la cuenta de Austral, cuando viaja por el interior por cuestiones de esparcimiento y vacaciones, tal es el caso de El Calafate o Chaltén.
- Una fuente de la empresa, a la que consultamos sobre aspectos del contrato mencionado, señaló que en oportunidad de aportar las 7 Hilux acordadas en el contrato, desde Gobierno “pidieron” que se cambiaran dos Hilux por una Murano” y que dicha camioneta es la que utiliza personalmente el gobernador Daniel Peralta patentada bajo dominio JZL 884. Curiosamente hace tres días Peralta “visitó” la redacción del diario Prensa Libre, propiedad de Báez.

El 17 de noviembre de 2006 el gobierno de Santa Cruz llamó a licitación nacional e internacional de quince áreas petroleras. La apertura de los sobres se hizo con una rapidez inusual, solo 23 días después, contra los 60/90 días que demanda elaborar las ofertas. En febrero de ese año quedó todo cerrado y las áreas en manos de dos personas: Cristóbal López y Lázaro Baéz.
OIL M&S y Epsur-Misahar se quedaron con las áreas de la cuenca austral por 25 años y una proyección de más de 150 millones de dólares. Ninguna hizo las inversiones comprometidas y de ahí que OPI pudo comprobar la existencia de esta “multa” exigida por el IE de la provincia, que demandó por 800 mil dólares y terminó cobrando 40 mil.
A Oil M&S, el gobernador Peralta dijo que “le retiraron las áreas”; en realidad Cristóbal López sigue con las áreas a su cargo, por cuanto interpuso un amparo que podría definirse más allá del 2015. Es decir, OIL en ningún momento se fue de la provincia. También debemos decir que en el caso de Cristóbal, de acuerdo al contrato labrado con la provincia, cedió 5 camionetas, en el marco de legislación que exige a las empresas que “colaboren” con el Estado para que éste efectúe el control.
En próxima nota, abordaremos la situación de Roch, petrolera que a pesar de no haber invertido lo acordado, le fue renovada la licencia para explotación de las áreas y sobre la cual se ciernen sospechas de corrupción en la Legislatura y un gran número de irregularidades en cuanto al control, inversión y producción. (Agencia OPI Santa Cruz)

Carrió se inmoló por la República

Por complejo, por supuestamente poco significativo para las vidas cotidianas, por extremo verticalismo o por necedad, todavía hay gente que no comprende la extrema gravedad, muy extrema gravedad que tiene la Reforma Judicial.
Primero, los siete jueces de la Corte Suprema evaluaron renunciar en bloque, luego, Zaffaroni habló de una propuesta propia sobre ampliar la Corte a 19 miembros…, supuestamente, el objetivo del planteo es que los 12 integrantes nuevos actúen como un tribunal de casación, divididos en cuatro salas especializadas -penal; laboral y previsional; contencioso administrativo y civil-, y que los siete ministros que están en funciones continúen cumpliendo su rol constitucional.
 “Si avanzan contra nosotros, renunciamos en bloque”, afirmaban con diferentes matices. “Esta reforma termina con la justicia como poder independiente dentro del Estado”, aseguraba una de las juezas de la Corte. “Esto consagra la impunidad más absoluta en la historia argentina, si hoy ningún juez federal se le anima a ningún funcionario del Poder Ejecutivo, imaginemos lo que va a pasar de ahora en más”, replicaba uno de los ministros con mayor antigüedad.
En un primer momento se pensó en dictar una acordada anulando las decisiones que limitaban las facultades del máximo tribunal y difundirla de inmediato. Ricardo Lorenzetti, el presidente, había recibido decenas de llamados de solidaridad desde el exterior y hacia allí se disponía a viajar. “Contémosle al mundo que hay un gobierno en la Argentina que busca la suma del poder público”, le sugirieron al hombre de Rafaela.
La reunión seguía subiendo de tono. “Y si no tenemos éxito, nos queda la salida más digna: renunciamos en bloque y que la Casa Rosada se lo explique al mundo entero”, propuso el presidente de la Corte mientras el resto de los integrantes avalaba la iniciativa.
Este era y es el clima que se transita mientras la Reforma Judicial va tomando camino de concreción. Pero la Corte, pareciera que hay algo que no entiende y quizás no lo entiende porque es tan brutal que no ingresa en los marcos lógicos convencionales. Quizás tampoco en los extraordinarios. Al Gobierno o por lo menos a la Presidente y su círculo de incondicionales, no le importa que la Corte Suprema de Justicia renuncie en bloque o casi en bloque.
No le importa la opinión pública ni la publicada. Sus reacciones tienen que ver con el poder en su estado más puro y primario. El menos sofisticado, el que no pide ni da explicaciones. El que se expresa por los hechos consumados. La Justicia pareciera no entenderlo, como no lo entendió la transitoria mayoría parlamentaria que supo tener la oposición hace 4 años y que uso esa mayoría para supuestamente poner racionalidad con un gobierno al que la racionalidad deja de interesarle en cuanto recupera el poder para efectivizarlo en acciones concretas. Una suerte de… si vos tenés la mayoría, yo pido y reclamo diálogo y consensos. Pero si yo tengo la mayoría, no me interesa ni el diálogo ni el consenso.
La que si parece haber entendido con claridad la naturaleza de la situación es la Dra. Elisa Carrió. Estigmatizada, burlada, exaltada por una sociedad que la imaginó presidenciable y que luego la execró cuando sus comodidades transitorias hacían incomodas las conciencias propias y colectivas, esa Dra. Carrió, comprendió que este juego está llegando a su fin y que, o se triunfa o se puede pagar un inmenso costo, pagado con la libertad, por la derrota.
Y Carrió decidió denunciar a Lorenzetti. Nadie o pocos la comprendían. ¿Por qué? ¿Por qué cuando la Justicia daba algunos signos de reacción, decidía acusar de pactismo al Presidente de una Corte que hasta el momento tenía buena reputación? ¿Por qué? ¿Por qué decidía exponerse al sacrificio del comienzo de una recuperación política personal, en una situación como esta?
Solo encuentro una respuesta. O por lo menos una respuesta que siga la lógica particular de Elisa Carrió. Decidió inmolarse.
Siente que si la Justicia no da la lucha que el Parlamento perdió, el costo de transitar 2 años sin atisbos de Justicia independiente, será tremendo y hasta cruel para una sociedad que ingrese en una suerte de disciplinamiento por el miedo.
Si es así, Carrió denunció lo inexistente, porque era quizás, si es que lo es, la única manera de intentar forzar una definición sin la cual el pacto, existente o no, termine de consumarse. Sea esto por acuerdos, sea esto por miedos, sea esto por ausencias o por cálculos políticos. Ahora, Lorenzino deberá resolver la Constitucionalidad o no de la Reforma Judicial o asumir el costo de ser señalado por la Historia como el consumador de un pacto de esencia antidemocrático y destructor de la división de poderes y con ellos de la República.
Si esto fue así. Carrió se inmoló. Aceptó pagar el precio personal y político de usar su presencia mediática y su ganado prestigio de honestidad –se comparta o no sus apreciaciones y sentencias- para darle al sistema la oportunidad de corregirse asimismo sin tanto daño como será que se corrija fuera de termino.
Difícil que la sociedad y la política reconozca gestos de esta envergadura. Si lo hiciera habría madurado en días lo que no maduró en 30 años de democracia. Si Carrió acertó, quizás no tenga presente pero seguramente será varias páginas de Historia. Si Carrió se equivoca, nadie podrá negarle que lo hace desde sus convicciones. O sea, algo que en estos años, no cotiza mucho en bolsa.
Lic. Rodolfo Patricio Florido
rodolfoflorido@hotmail.com
www.pdeqdigital.com

domingo, 28 de abril de 2013

CONFLICTO DE PODERES

LA PRESIDENTE CAMINA HACIA UN

 CONFLICTO DE PODERES


Vamos a actuar con firmeza . Este gobierno sólo retrocede ante la firmeza. Uno de los jueces más importantes del país hizo ese anticipo pocas horas antes de que una
rocambolesca reunión de Diputados aprobara la parte más significativa ,y la más grave también, de la reforma judicial cristinista. La Presidente ha logrado abroquelar a una inmensa mayoría de los jueces en contra de su decisión de deponer a la Justicia. La fisura que en el mundo judicial había abierto en su momento Justicia Legítima se cerró ahora. Los jueces temen por su futuro en manos de un gobierno de jacobinos. El país camina hacia un casi insalvable conflicto de poderes.

Es probable que esta reforma naufrague antes de zarpar. No sólo viola cinco artículos de la Constitución; también va contra la opinión de una mayoría social. Ninguna política revolucionaria es posible, en democracia al menos, contra el criterio de amplios sectores sociales.

La colisión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia es una de las peores crisis institucionales de una República. Es lo que sucedió en los días recientes. Una crisis silenciosa, que se resolvió, por ahora, con duros mensajes y con más serias advertencias. Lo más revelador de ese conflicto soterrado fue la decisión de los jueces supremos del país: dieron y darán pelea. La eventual renuncia en bloque de la Corte, que ciertamente formó parte de las conversaciones de jueces afligidos, fue una consecuencia directa de aquella decisión de enfrentar la virtual destitución del tribunal.

Se habló mucho del papel que jugó el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay, en el fondo, un gran desconocimiento del funcionamiento del máximo tribunal de Justicia del país. Se trata, en primer lugar, de un cuerpo colegiado. Su presidente tiene atribuciones administrativas y contribuye más que cualquier otro juez a elaborar la agenda del tribunal. Tiene, además, la representación institucional del cuerpo. Pero ninguna decisión política de la Corte ,ni las resoluciones del tribunal, puede prescindir de la opinión de los otros seis jueces. Todos los magistrados de la Corte son personas con una larga trayectoria jurídica o política, que no permitirían que su presidente opinara o actuara por su exclusiva cuenta. El propio Lorenzetti ha cultivado permanentemente el diálogo y la consulta con sus pares. Yo no soy yo; yo expreso la opinión y el sentir de la Corte , suele repetir.

El caso de Elena Highton de Nolasco merece analizarse para llegar a la conclusión de que la posición crítica de los jueces de todas las instancias es casi unánime. La jueza es el único miembro del tribunal, entre los cinco nuevos, que llegó a la Corte directamente desde la carrera judicial argentina. Carmen Argibay era jueza en La Haya y Eugenio Zaffaroni había dejado de ser juez hacía mucho tiempo. La jueza Highton de Nolasco cultivaba en los últimos años cierta simpatía por la Presidente. No era una militante, ni mucho menos, pero se inclinaba más por la comprensión de Cristina que por la crítica.

Sin embargo, ahora se pregunta con insistencia qué han hecho los jueces ,ella lo es de cabo a rabo, para merecer semejante embestida del poder político. ¿Por qué los jueces hemos pasado a ser lo peor de la vida institucional argentina? , averigua, recurrente y molesta. Un fiscal que había asistido a la primera reunión de Justicia Legítima le advirtió al juez Alejandro Slokar, inspirador de esa corriente judicial junto con Alejandra Gils Carbó, que no contaran con él en adelante. Si nosotros no somos un poder contramayoritario perdemos nuestra razón de existir , le explicó. Entre Highton de Nolasco y ese fiscal hay una gran diferencia jerárquica, pero ambos pertenecen a una carrera que abrazaron desde muy jóvenes. Son ejemplos cabales de un Poder Judicial que se siente acosado por un gobierno que decidió agredir a la democracia con las herramientas de la democracia.

El Poder Ejecutivo nunca le envió a la Corte el proyecto con las reformas a la reforma que había conseguido Lorenzetti. Es cierto que esos cambios fueron impulsados por la advertencia de que el máximo tribunal tumbaría de un solo golpe las decisiones que tenían que ver con los recursos de la Justicia y con sus atribuciones. La Corte renunciaría, si al final terminaban deponiéndola como cabeza del Poder Judicial.

Una presidente asustada mandó los cambios, pero no los consultó con los jueces supremos. Éstos tuvieron acceso a esas modificaciones porque el presidente de la Asociación de Magistrados, Luís María Cabral, recogió en la Cámara de Diputados un papel suelto del Gobierno y se lo llevó. Las sospechas de pacto son imposibles cuando se conocen los detalles del conflicto.

Los detalles siguen siendo muy malos para la Corte. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, casi un prófugo político, podrá disponer de 5000 millones de pesos que la Justicia ahorró durante diez años. El Gobierno se adjudicó por sí solo, a través del Consejo de la Magistratura, la facultad de nombrar o no nombrar a los jueces interinos para el 30 por ciento de los juzgados vacantes que hay en el país. Era una facultad de la Corte o de las cámaras, que la perdieron.

El Ministerio de Justicia se llevó la conducción académica de la Escuela Judicial, que estaba en manos de un consejo académico presidido por el juez de la Corte Juan Carlos Maqueda. Maqueda había hecho ahí un trabajo que mereció el reconocimiento aquí y en el exterior. Se trata de una escuela que les enseña a los abogados, con aspiraciones a ser jueces, los rudimentos del oficio. El camporista Julián Álvarez, viceministro de Justicia, dijo en el Senado que en esa escuela deben entrar los nuevos vientos de la revolución cristinista. Y se la llevó. ¿Qué enseñarán ahora? ¿Acaso a administrar justicia con la prudencia y la elegancia de Guillermo Moreno?

El país ha perdido la noción de la normalidad. No es casual que un día después de la escandalosa aprobación de la reforma por parte de los diputados, Moreno haya hecho otra excursión por la intimidad de una empresa de medios periodísticos. Una intromisión cantinflesca que hubiera provocado un escándalo monumental en cualquier país con las cosas en su sitio. La violación de la intimidad del periodismo, el probable acceso a sus datos por parte del poder político, es siempre una ofensa a las libertades. El asalto político que sufrió el Grupo Clarín es propio de un gobierno que ha recibido la buena nueva de la impunidad judicial.

El país ha perdido también el sentido de las proporciones. Mauricio Macri puede exhibir los argumentos de una sociedad cansada de la dictadura de los violentos. De que hay una mayoría que reclama la reaparición del Estado. Pero eligió un mal momento político para dar respuesta a esas necesidades. El kirchnerismo estaba buscando un escándalo para cubrir su propio escándalo con la Justicia. Los duros enfrentamientos en el Borda y la injustificable golpiza al periodismo por parte de su policía le hicieron el favor que el kirchnerismo buscaba afanosamente. Cristina se aleja aún más de la clase media, es cierto, y se coloca en el riesgo teórico de una derrota electoral. El trabajo que resta lo debe hacer la oposición, pero ésta no puede evitar la pertinacia del error ni ha encontrado hasta ahora una atrayente fórmula política y electoral.

Al país lo aguarda una mayor confrontación política y un período de graves conflictos entre el Gobierno y los jueces. Hace pocos días, el papa Francisco, un auténtico líder moral de la Argentina, lo llamó a Giorgio Napolitano, el entrañable presidente reelegido de Italia, que aceptó entregarle a su país los últimos años de su vida. Usted es un ejemplo para mí, porque el acuerdo es siempre superior al conflicto , le dijo el Papa.

El país del Papa habita en el conflicto permanente..

Fuente: La Nación