EDICIÓN IMPRESA |
MIRADOR POLITICO. La primera ley que el actual Gobierno hizo sancionar apenas asumió, hace casi dos años, fue...
La primera ley que el actual Gobierno hizo sancionar apenas asumió, hace
casi dos años, fue la de Emergencia de los Servicios Públicos. Había
otros temas en la agenda pública, pero el oficialismo debutante eligió
los servicios como prioridad para aprovechar la legitimidad política que
había obtenido no sólo por desplazar al radicalismo del poder tras 20
años, sino por imponerse con números contundentes en las PASO y las
elecciones nacionales posteriores. No es ocioso subrayar esto: el
gobierno de Brizuela del Moral había designado a más de cinco mil
agentes públicos antes de irse y dejaba una estructura estatal signada
por el caos salarial y la hipertrofia. El Gobierno entrante prefirió
hacerse cargo de esta herencia e invertir su capital en los servicios,
factor de incidencia medular en el humor de los catamarqueños.
Anonadada, sin margen para desconocer sus propias responsabilidades en la crisis de la prestación de los servicios de energía, agua y gas, la oposición radical habilitó la ley de Emergencia. La norma autorizó al Ministerio de Servicios Públicos a contratar sin licitación pública obras por montos superiores a los 20 millones de pesos, con el solo control del Tribunal de Cuentas -ineludible- y una comisión bicameral creada a tales efectos. La liberalidad tenía un justificativo, que era al mismo tiempo una confesión del FCS: la crisis de los servicios era de tal magnitud que no admitía demoras de orden reglamentario. Los funcionarios de Servicios Públicos quedaban exentos de cumplir con las obligaciones del resto para salvar las deficiencias que condenaban a los catamarqueños a padecer el subdesarrollo.
Bajo semejante régimen legal se contrataron obras por 55 millones de pesos para energía, agua y gas. Las de energía se llevaron alrededor de 30 millones del total.
La suposición era que el equipo a cargo de los servicios había elaborado un diagnóstico de la difícil situación y un plan para sortearla, obviamente con los recursos necesarios incluidos. Este supuesto resultó ser una ingenuidad. El ministro de Servicios Públicos Luis Romero acaba de revelar que la crisis energética que comienza a hacerse sentir con los calores demanda al menos 2 mil millones de pesos y cinco años para revertirse.
Sincericidio
El sinceramiento de Romero podría devenir en sincericidio. De sus palabras no puede concluirse otra cosa que la inutilidad de la ley de Emergencia de los Servicios Públicos y una improvisación notoria. “Necesitamos gastar 2.000 millones de pesos, y eso lo tengo clarísimo, porque conozco y estudio el tema, para recuperar y poner el sistema de la provincia como corresponde. Los 40 millones que se dicen, o los 50 millones, es nada. Con los 55 millones que se gastaron solo tenemos solucionado el 2% de lo que necesitamos”, manifestó.
Antes de ser ministro de Servicios Públicos. Romero se desempeñó como subsecretario de Energía. Mientras estuvo en tal puesto se realizó la controvertida obra del tendido sobre la Cuesta del Portezuelo, obra que avaló casi en soledad una vez que ascendió ¿Cómo es que sus convicciones de hoy no se tradujeron en la planificación gubernamental?
En principio, no se entiende por qué no se contrataron en el marco de la Emergencia las obras por 2 mil millones que la crisis energética requiere según Romero, que ya era secretario de Energía cuando se sancionó la ley. Podría ser porque el tiempo no es suficiente, pero en tal caso resulta difícil entender por qué el oficialismo no buscó extender los plazos de la única ley de importancia para la que consiguió el consenso de la oposición.
En cualquier caso, los catamarqueños ya saben que no pueden esperar una solución al problema de los servicios en el transcurso de este Gobierno. Hacen falta al menos cinco años, de modo que la cuestión podría ser abordada por los hijos de los actuales gobernantes, o los hijos de los anteriores.
Internas
Para desazón de los usuarios, estas revelaciones de Romero que dilatan la solución del problema energético a un lustro -como si no hubiera sido suficiente con lo padecido hasta ahora-, se conjugan con un historial poco esperanzador. La primera crisis de gabinete del Gobierno en curso reventó precisamente en el área de Servicios Públicos, por la confrontación entre el ex ministro Julio Molina y el ex director de la distribuidora EC SAPEM, Eduardo Andrada. Es como consecuencia de tal conflicto que Romero ascendió a ministro. Las desinteligencias entre el Ministerio y la firma estatal que reemplazó a la privada EDECAT, de triste memoria, no parecen haber cesado pese a los reemplazos.
Es que existen, al margen de las millonadas que se necesiten para salvar la crisis energética, inconvenientes de orden burocrático que tornan innecesaria cualquier antipatía entre los funcionarios.
Por cuestiones reglamentarias e insuficiencia de recursos, la EC SAPEM no puede hacer obras de envergadura, de modo que debe hacerlas necesariamente el Ministerio de Servicios Públicos. Pero la EC SAPEM elevó una lista de 208 obras que estima prioritarias, sin que Servicios Públicos avance en ellas. No ha de ser por mala voluntad: seguramente las prioridades de Servicios Públicos no coinciden con las de la firma energética. Puesto que ambas entidades son estatales, sería conveniente que alguna instancia de poder superior dirimiera tales diferencias, que impactan directamente sobre la prestación del servicio. Entre las obras demoradas están las estaciones transformadoras de calle 9 de Julio y 25 de Mayo, cuyas deficiencias fueron causa de los últimos apagones.
Servicios Públicos, por otro lado, no gestiona con la suficiente eficacia las partidas nacionales para cubrir la tarifa social de la EC SAPEM, que se extendió antes de las últimas elecciones. El déficit de la EC SAPEM es de orden crónico: el Gobierno le deriva unos 5 millones de pesos al mes para que le pague la energía y la deuda a CAMMESA.
Al límite
De manera que la confesión de Romero, aparte de un sincericidio, podría convertirse en un ominoso presagio.
Cálculos al margen, el ministro admitió una impotencia que, si se supera la restricción del universo energético, se extiende a toda la administración pública.
El problema es la falta de recursos para atender todas las demandas. Hay que pensar que si la energía precisa de 2 mil millones y cinco años, la crisis no se resolverá sin sustraer tales fondos de otro lado. Y en paralelo hay exigencias salariales transversales a todos los sectores de la estructura estatal, una inseguridad que demanda inversión, una educación al límite, un sistema de salud colapsado. El Estado catamarqueño ha llegado al límite de sus posibilidades de financiamiento, con renta minera en retroceso y una sociedad que le exige respuestas sin contemplar antecedentes ni aceptar excusas.
No es una crisis del Gobierno; es una crisis estructural: seguir viviendo exclusivamente de la renta del Estado sólo es posible si se incrementa la marginalidad y la exclusión. Éste, no Eduardo Brizuela del Moral y el FCS, no Luis Barrionuevo, es el desafío que interpela al Gobierno.
Anonadada, sin margen para desconocer sus propias responsabilidades en la crisis de la prestación de los servicios de energía, agua y gas, la oposición radical habilitó la ley de Emergencia. La norma autorizó al Ministerio de Servicios Públicos a contratar sin licitación pública obras por montos superiores a los 20 millones de pesos, con el solo control del Tribunal de Cuentas -ineludible- y una comisión bicameral creada a tales efectos. La liberalidad tenía un justificativo, que era al mismo tiempo una confesión del FCS: la crisis de los servicios era de tal magnitud que no admitía demoras de orden reglamentario. Los funcionarios de Servicios Públicos quedaban exentos de cumplir con las obligaciones del resto para salvar las deficiencias que condenaban a los catamarqueños a padecer el subdesarrollo.
Bajo semejante régimen legal se contrataron obras por 55 millones de pesos para energía, agua y gas. Las de energía se llevaron alrededor de 30 millones del total.
La suposición era que el equipo a cargo de los servicios había elaborado un diagnóstico de la difícil situación y un plan para sortearla, obviamente con los recursos necesarios incluidos. Este supuesto resultó ser una ingenuidad. El ministro de Servicios Públicos Luis Romero acaba de revelar que la crisis energética que comienza a hacerse sentir con los calores demanda al menos 2 mil millones de pesos y cinco años para revertirse.
Sincericidio
El sinceramiento de Romero podría devenir en sincericidio. De sus palabras no puede concluirse otra cosa que la inutilidad de la ley de Emergencia de los Servicios Públicos y una improvisación notoria. “Necesitamos gastar 2.000 millones de pesos, y eso lo tengo clarísimo, porque conozco y estudio el tema, para recuperar y poner el sistema de la provincia como corresponde. Los 40 millones que se dicen, o los 50 millones, es nada. Con los 55 millones que se gastaron solo tenemos solucionado el 2% de lo que necesitamos”, manifestó.
Antes de ser ministro de Servicios Públicos. Romero se desempeñó como subsecretario de Energía. Mientras estuvo en tal puesto se realizó la controvertida obra del tendido sobre la Cuesta del Portezuelo, obra que avaló casi en soledad una vez que ascendió ¿Cómo es que sus convicciones de hoy no se tradujeron en la planificación gubernamental?
En principio, no se entiende por qué no se contrataron en el marco de la Emergencia las obras por 2 mil millones que la crisis energética requiere según Romero, que ya era secretario de Energía cuando se sancionó la ley. Podría ser porque el tiempo no es suficiente, pero en tal caso resulta difícil entender por qué el oficialismo no buscó extender los plazos de la única ley de importancia para la que consiguió el consenso de la oposición.
En cualquier caso, los catamarqueños ya saben que no pueden esperar una solución al problema de los servicios en el transcurso de este Gobierno. Hacen falta al menos cinco años, de modo que la cuestión podría ser abordada por los hijos de los actuales gobernantes, o los hijos de los anteriores.
Internas
Para desazón de los usuarios, estas revelaciones de Romero que dilatan la solución del problema energético a un lustro -como si no hubiera sido suficiente con lo padecido hasta ahora-, se conjugan con un historial poco esperanzador. La primera crisis de gabinete del Gobierno en curso reventó precisamente en el área de Servicios Públicos, por la confrontación entre el ex ministro Julio Molina y el ex director de la distribuidora EC SAPEM, Eduardo Andrada. Es como consecuencia de tal conflicto que Romero ascendió a ministro. Las desinteligencias entre el Ministerio y la firma estatal que reemplazó a la privada EDECAT, de triste memoria, no parecen haber cesado pese a los reemplazos.
Es que existen, al margen de las millonadas que se necesiten para salvar la crisis energética, inconvenientes de orden burocrático que tornan innecesaria cualquier antipatía entre los funcionarios.
Por cuestiones reglamentarias e insuficiencia de recursos, la EC SAPEM no puede hacer obras de envergadura, de modo que debe hacerlas necesariamente el Ministerio de Servicios Públicos. Pero la EC SAPEM elevó una lista de 208 obras que estima prioritarias, sin que Servicios Públicos avance en ellas. No ha de ser por mala voluntad: seguramente las prioridades de Servicios Públicos no coinciden con las de la firma energética. Puesto que ambas entidades son estatales, sería conveniente que alguna instancia de poder superior dirimiera tales diferencias, que impactan directamente sobre la prestación del servicio. Entre las obras demoradas están las estaciones transformadoras de calle 9 de Julio y 25 de Mayo, cuyas deficiencias fueron causa de los últimos apagones.
Servicios Públicos, por otro lado, no gestiona con la suficiente eficacia las partidas nacionales para cubrir la tarifa social de la EC SAPEM, que se extendió antes de las últimas elecciones. El déficit de la EC SAPEM es de orden crónico: el Gobierno le deriva unos 5 millones de pesos al mes para que le pague la energía y la deuda a CAMMESA.
Al límite
De manera que la confesión de Romero, aparte de un sincericidio, podría convertirse en un ominoso presagio.
Cálculos al margen, el ministro admitió una impotencia que, si se supera la restricción del universo energético, se extiende a toda la administración pública.
El problema es la falta de recursos para atender todas las demandas. Hay que pensar que si la energía precisa de 2 mil millones y cinco años, la crisis no se resolverá sin sustraer tales fondos de otro lado. Y en paralelo hay exigencias salariales transversales a todos los sectores de la estructura estatal, una inseguridad que demanda inversión, una educación al límite, un sistema de salud colapsado. El Estado catamarqueño ha llegado al límite de sus posibilidades de financiamiento, con renta minera en retroceso y una sociedad que le exige respuestas sin contemplar antecedentes ni aceptar excusas.
No es una crisis del Gobierno; es una crisis estructural: seguir viviendo exclusivamente de la renta del Estado sólo es posible si se incrementa la marginalidad y la exclusión. Éste, no Eduardo Brizuela del Moral y el FCS, no Luis Barrionuevo, es el desafío que interpela al Gobierno.
FUENTE: DIARIO EL ANCASTI
No hay comentarios:
Publicar un comentario