Romper con la corrupción estructural: el desafío de nuestro tiempo

Hacen falta más reformas estructurales para lograr un Estado transparente y transformador

Autor: Brenda Austin

Con todo esto, pretendemos romper los círculos endogámicos que controlan, abrir las ventanas y distribuir poder.

Combatir la corrupción estructural en nuestro país es un desafío que trasciende los gobiernos y las miradas partidarias. Construir el andamiaje normativo que necesitamos para fortalecer las instituciones es hoy un imperativo categórico.

Se estima, según estadísticas de la región, que los Estados gastan en la compra de bienes y servicios, aproximadamente un 15% de su PBI y que los gobiernos pagan sobreprecios de hasta un 40% del valor del mercado. Bajo esos datos, ser transparentes opera también como un objetivo instrumental, para contar con más recursos que nos permitan hacer más obras.

A su vez, la percepción de la ciudadanía en torno a la corrupción actúa no sólo como una condena moral a la clase política, sino que socava la legitimidad de nuestro sistema de gobierno. Según el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, Argentina paso de ocupar el puesto 57 sobre 159 países en 2001, al puesto 107 para enero de 2016.

Cada vez que se produce un desvío en el destino de los fondos, son menos derechos para los ciudadanos. No se trata de una excentricidad de quienes nos sentimos institucionalistas, sino de entender que los recursos que perdemos en obras mal ejecutadas, en sobreprecios o incluso abonadas sin ser realizadas, es finalmente menos desarrollo, menos rutas, menos hospitales, menos escuelas, menos obras de infraestructura para la gente.

La ética pública no es entonces un valor del individuo que ejerce la función pública, sino que contiene una asociación intrínseca con la idea de bien común. Son conceptos imbricados, comprenderlo implica abandonar para siempre la idea de “roban, pero hacen”.

En este marco, el objetivo debe estar orientado a construir las barreras para que no nos vuelvan a robar. Fortalecer la Justicia para que investigue y condene los hechos de corrupción, pero también diseñar las herramientas para prevenir el desvío de fondos públicos.

Muchos hemos hecho en estos meses, aunque todavía falte. En primer lugar, rescato la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, una deuda histórica de nuestra democracia que permitirá correr el velo de opacidad que rodea muchas veces al Estado. El derecho de acceso a la información es considerado un “derecho llave” pues habilita el ejercicio de otros derechos.

También de gran importancia la Ley del Arrepentido y la media sanción de la Ley de Extinción de Dominio, que aún espera pacientemente que el Senado se apreste a tratarla, ambas serán herramientas valiosas para desmantelar las redes de corrupción y el crimen organizado.

La reforma electoral, que no sólo plantea la incorporación de la boleta única electrónica, sino que busca terminar con las colectoras y candidaturas múltiples, el debate presidencial obligatorio y la ley de transición, vienen también a fortalecer la transparencia y legitimidad de los procesos electorales. Esto, junto a la regulación de la publicidad oficial (que también tiene media sanción), buscan contribuir a equiparar las chances de lo que se conoce como la “cancha inclinada”, esto es el enorme beneficio con el que corren los oficialismos a la hora de ir a un proceso electoral.

Todas estas reformas estarán incompletas, si no abordamos el punto inicial de estas reflexiones: los procedimientos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obra pública. Estos temas forman parte de la agenda del ejecutivo y también del Parlamento, al punto que varias iniciativas hoy comienzan a ejecutarse. Las ONGs empiezan también a construir aportes e insumos específicos que contribuyen al buen debate.

LO QUE TE DEJÓ EL MODELO

En esta línea, días atrás, presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar el procedimiento de obra pública para dotarlo de mayor transparencia y control, a través de la incorporación de la figura de los Pactos de Integridad, las Audiencias Públicas, la legitimación activa de ciudadanos y Organizaciones de la Sociedad Civil para instar a los mecanismos de control, el acceso a la información específica de la obra, la confección abierta y participada de los pliegos y finalmente, la constitución de un Observatorio que opere monitoreando todo el proceso y facilitando la construcción de insumos para todos. La reforma de la ley de obra pública de 1947, es fundamental si queremos terminar con la corrupción sistémica.

Con todo esto, pretendemos romper los círculos endogámicos que controlan, abrir las ventanas y distribuir poder. Mejorar la transparencia de nuestro sistema, nos hará no sólo recuperar la confianza en nuestras instituciones, sino que nos permitirá de una vez por todas, entrar en la senda del desarrollo que tanto merece nuestro país.

FUENTE: http://www.nuevospapeles.com