La verdadera integración social es la antítesis de los populismos, que requieren pobreza e ignorancia para construir poder y hacer negocios a costa del Estado
El relato del oficialismo exhibe un permanente bastardeo de la palabra "inclusión". Pero con frecuencia olvida que la inclusión requiere educación. Es la educación la que brinda las herramientas básicas para que los excluidos puedan valerse por sí mismos, en forma permanente, sin someterse al vasallaje de los punteros políticos o a la sumisión de los planes sociales.
La inclusión se materializa cuando la educación tiene como contrapartida oportunidades genuinas de inserción laboral. Para que la inclusión sea verdadera, debe sustentarse en un proyecto que se sostenga en el tiempo. Que no dependa de una cosecha de soja, ni de Vaca Muerta, ni de buitres "vivos o muertos". Que no sea exigido vitorear líderes, llevar pancartas o hacer sonar un redoblante. Ni en la Piazza Venezia ni, como ayer, en la Plaza de Mayo. La inclusión lograda con educación es el camino a la libertad, a la realización personal, al orgullo de los padres por tener un hijo "dotor". La inclusión es la antítesis de los populismos, que requieren pobreza e ignorancia para construir poder, acumular fortunas y asegurarse impunidad.
Cuando la inclusión no es verdadera, configura una estafa a la sociedad, pues ahonda las causas de la marginación y conduce al extremo opuesto: la exclusión. Habrá exclusión y no inclusión, mientras se otorgan subsidios con intencionalidad política; cuando se crean falsas cooperativas y mutuales para canalizar fondos sin control; cuando se otorgan planes sociales ocultándose sus beneficiarios; cuando se utilizan fondos públicos para cooptar la voluntad de personas en situación de vulnerabilidad, en provecho de frentes que quieren la victoria.
Una política de inclusión implica "hacer visibles" a sectores sociales ignorados que carecen de acceso a los bienes más elementales, cuya vida está dedicada a la subsistencia y cuyos hijos se crían en la calle, expuestos a la droga y al delito. Una política de inclusión exige un compromiso ético serio que no debe mancillarse con objetivos subalternos, para crear rehenes políticos a través de la dádiva, el subsidio o el plan.
Identificar la inclusión con fiestas de feriados, fútbol para todos y electrodomésticos en cuotas demuestra raquitismo intelectual y desprecio por los que menos tienen. Y mucho peor, cuando además son una cortina de humo para ocultar los negociados del poder.
Una política de inclusión comienza por la educación, y la educación no consiste solamente en obras públicas ni en aumentos salariales. Requiere entrar a fondo en el proceso de aprendizaje, en la conflictiva evaluación docente y en el elusivo compromiso de los padres. Una escuela pública que expulsa hacia la enseñanza privada refleja una política de exclusión, no de inclusión.
Una política de inclusión de todos y todas requiere una visión grande del país y no solamente del pequeño tatetí para controlar espacios y desplazar oponentes, haciéndoles la cruz o echándolos con un cero. No es compatible con la ridiculización de Sarmiento, el mayor promotor de escuelas públicas; ni con la demonización a Roca, quien sancionó la ley de educación común.
Una política de inclusión exige preguntarse cuál es el futuro del empleo en un mundo globalizado, con industrias cada vez más competitivas a nivel mundial. ¿Es posible crear empleos duraderos con políticas de sustitución de importaciones, fabricando productos caros, para el mercado interno, demandando divisas y que reducen el salario real?
Una política de inclusión requiere preguntarse cómo mantener un sistema avanzado de protección social, de alto costo empresario y fiscal, sin incurrir en atraso cambiario. ¿Cómo puede aumentarse la productividad del trabajo si se "combate el capital" con cepos, controles y denuncias penales? ¿Con un modelo del mundo más subdesarrollado, con fuga de capitales, moneda devaluada, empleo precario y barato y exportación de artesanías? ¿O con un modelo realmente progresista, con altos niveles de inversión y tecnología, altos salarios, empleados capacitados e industrias diseñadas para competir en el mundo?
Una política de inclusión requiere pensar en las migraciones internas, para que la población fluya hacia las regiones competitivas sin aglomerarse en periferias desindustrializadas, buscando subsidios públicos o sobrantes de la prosperidad ajena con el cirujeo o con el delito. Pero ¿cómo puede pensarse en grandes ciudades en el interior, conectadas con autopistas y dando trabajo genuino a los excluidos, cuando el populismo expande los asentamientos del Gran Buenos Aires, desalienta el empleo en pujantes agroindustrias y provoca absurdas migraciones hacia Tierra del Fuego, como lo proyectaron los militares en 1972?
La palabra "inclusión" sirve para muchas cosas, además de otorgar sonoridad a los discursos y lograr aplausos desde la tribuna. Pero ¿quiénes usan el Estado para incluirse a sí mismos y dejar al resto afuera?
Seguramente se sienten incluidos los miles de nuevos empleados, contratados y asesores que ingresaron en el sector público durante la "década ganada", hasta hacer estallar los presupuestos provinciales y municipales con el peso de los gastos corrientes. También se sentirán incluidos los jóvenes camporistas que han "desembarcado" en distintas reparticiones sin antecedentes suficientes y controlando inmensos presupuestos para contrataciones discrecionales.
Hay inclusión para quienes usan la televisión pública como si estuviera privatizada, silenciando toda opinión contraria al régimen; hay inclusión para los amigos del poder en Aerolíneas Argentinas; hay inclusión para los representantes de la Anses en los directorios de empresas privadas, o en las múltiples sociedades donde participa YPF. Con seguridad, se sienten muy incluidos los beneficiarios de tan abultadas como injustificables pautas publicitarias oficiales, o quienes son contratados para campañas audiovisuales o para stands en Tecnópolis.
Nada más excluyente que ignorar el esfuerzo colectivo que existe detrás de cada obra pública, de cada nuevo equipamiento ferroviario, de cada nueva prestación a la ciudadanía: identificar esos esfuerzos con la Presidencia de la Nación es ocultar lo colectivo para privilegiar lo individual. Es exclusión, no inclusión.
Cabría preguntarse cómo es posible que aún se plantee el tema de la inclusión social, después de 25 años de gobierno peronista, cuya máxima fue siempre la justicia social.
De ellos, 11 años correspondieron a la gestión kirchnerista, durante los cuales la Argentina vivió el período mundial más favorable de los últimos cien años, con altos precios para sus productos agropecuarios y bajísimas tasas de interés internacionales.
La Alemania de posguerra, con sus industrias bombardeadas, sus ciudades demolidas y más de dos millones de refugiados, se recuperó en menos de 20 años, constituyendo a fines de los años 50 una de las principales potencias del mundo. Lo mismo puede decirse de la caída del Muro de Berlín y la inmediata inclusión de los "excluidos" de la Alemania Oriental en LA NACION unificada. Para no mencionar el milagro económico de Japón, que luego de Hiroshima y Nagasaki, en igual lapso superó a todas las naciones de Europa Occidental y se convirtió en la segunda nación industrial, luego de los Estados Unidos.
Karl Marx no entendería en qué caminos se perdieron sus discípulos argentinos promoviendo un capitalismo de amigos que termina excluyendo a las mayorías. Y el Che Guevara se revolvería en su tumba si conociese los negociados que, en nombre de la inclusión, realizan "jóvenes idealistas" que militan para la liberación. Eso sí, con su célebre foto evocándolo en sus remeras o en las salas de directorio donde estos notorios incluidos cuecen sus habas..
FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/
