La información elaborada y publicada por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC) correspondiente al tercer trimestre de
2014, confirma el cuello de botella en el que se encuentra el actual
modelo económico, que en el último lustro se ha mostrado incapaz de
repetir la performance de los años inmediatamente posteriores la crisis
de 2001 en cuanto a la generación de puestos de trabajo genuino.
El informe oficial, difundido recientemente, consigna la creciente
incidencia del empleo público sobre el total de trabajadores
registrados: uno de cada cinco asalariados en blanco del país pertenece
al Estado.
Las cifras incluyen a trabajadores de las administraciones
nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires,
pero el mismo estudio explica que la mitad de los empleados públicos
pertenecen a las plantas provinciales. El trabajo precisa que 815.649
puestos de trabajo corresponden al sector público provincial, 549.950 al
sector público nacional, 118.503 al sector público municipal y 146.632
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Si bien es lógico que las provincias alberguen el grueso de los
empleados públicos en la medida en que prestan los servicios de
Educación, Seguridad, Salud y Justicia, también es cierto que el
crecimiento del número de los trabajadores estatales obedece más a
estrategias electorales –muchos cargos pagan de ese modo tareas
militantes o sirven para mantener votos cautivos- que a la necesidad de
mejorar el servicio público a la comunidad.
Catamarca presenta, en este sentido, características
paradigmáticas. Es la provincia que presenta, en comparación con todas
las jurisdicciones, el mayor excedente de empleados públicos. De acuerdo
con un informe publicado hace pocos meses por la consultora NOANomics, a
nuestra provincia le sobran 17.000 empleados, un 63% del total. Es
decir, si la planta de empleados se redujese en esa proporción, el
Estado podría seguir funcionando perfectamente, con un ahorro cercano al
20 millones de pesos por mes, que podrían ser volcados al sector
productivo para la generación de empleo genuino.
El cálculo, por cierto, representa un ejercicio de imaginación
impracticable, pues sería un despropósito reducir drásticamente el
número de trabajadores estatales sin producir un altísimo costo social.
Además, re direccionar los recursos que se utilizan para sostener
empleos públicos innecesarios hacia el sector productivo no garantizan,
ni mucho menos, que la misma cantidad de puestos se generen de manera
inmediata en emprendimientos privados.
Pero la conjetura ayuda a comprender la necesidad de ponerle un
freno a los nombramientos masivos que consumen el presupuesto provincial
hasta límites inconcebibles, robusteciendo al mismo tiempo el flujo de
recursos destinados al aprovechamiento de las potenciales productivas.
Se trata de un proyecto de largo plazo, que debe tener continuidad
pese a los cambios de gestiones gubernamentales. Es decir, una política
de estado que rompa con el perverso paradigma vigente.
FUENTE: www.elancasti.com.ar
