El Estado contrató a un gremialista al que había acusado por corrupción

 Es el ex jefe del gremio de prensa, que trabaja a sueldo para una empresa oficial.
 Ironías de la administración pública: el sindicalista Raúl Gustavo Granero fue denunciado en la Justicia por un organismo estatal de haber malversado fondos de la obra social del sindicato que presidía. Apenas un puñado de meses después, fue contratado a sueldo por el mismo Estado para ocupar un cargo en una empresa oficial que fue creada por el Poder Ejecutivo.
Santacruceño y kirchnerista de la primera hora, Granero es el ex secretario general de la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren). Llegó a la cima del sindicato en 2007 y se retiró el año pasado tras caer en las elecciones internas. Sin embargo, la verdadera causa de su salida habrían sido las acusaciones por el presunto desvío de fondos de la obra social del gremio (Osppra).
La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo estatal que supervisa a las obras sociales sindicales, denunció a fines de 2013 a Granero por defraudación. Por entonces, Osppra tenía una deuda de $ 3.500.000, según precisó Roberto Omar Zorilla, actual líder del gremio.
Apenas unos meses después de la denuncia de la SSS, en abril de 2014, Granero fue dado de alta como empleado de Veng SA, una empresa creada a través del Poder Ejecutivo de la Nación que depende la Comisión Nacional de Actividades Especiales (Conae).
En la Conae desconocen cómo es el vínculo contractual de Granero con Veng SA, aunque informaron que el gremialista reportaría directamente al Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido.
La versión de los voceros de la Conae está en línea con el perfil profesional que Granero exhibe en su cuenta de LinkedIn. Allí figura como "asesor de comunicaciones en Veng SA MINPLAN [Ministerio de Planificación".
La causa por defraudación que le inició la SSS por las irregularidades en la obra social está en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, a cargo del magistrado Fernando Cubas. La propia obra social figura como querellante y principal damnificada. La causa es la 40687/13.
Cuando el juez Cubas comprobó que la obra social había recibido fondos del Estado nacional, giró sin éxito la causa a manos de Ariel Lijo, quien rechazó la competencia. Cubas insistió en el cambio de radicación de la causa y hasta planteó la cuestión en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires. Pero la Sala 1 de ese tribunal decidió que el caso debía seguir en sus manos.
Desde entonces y hasta la actualidad, ni Granero ni otras autoridades de la obra social fueron citadas a declarar. Según las actuales autoridades del gremio, Granero pagó con dinero de Osppra desde el alquiler de un departamento en el que vivía en Puerto Madero hasta los gastos de su boda, que se realizó en la estancia La Candelaria, en Lobos, y que contó con la presencia de algunos funcionarios nacionales, como Juan Bontempo (superintendente de Seguros de la Nación) y Juliana Di Tullio (jefa del bloque de Diputados del oficialismo).
"Hemos constatado que con dinero de la obra social también pagó fletes para llevar muebles a Río Gallegos. En la causa, están acreditadas varias facturas provenientes de supuestos prestadores de la obra social, que, en realidad, no tienen nada que ver porque son corredores inmobiliarios", acusó Zorrilla, el dirigente que desbancó a Granero de la conducción de la Fatpren.
En las pruebas que aportó Zorrilla ante la Justicia, denuncia por irregularidades a otros directivos de la obra social: al ex gerente José Vallone y a la contadora Marina Zabaleta.
Por su cargo en la obra social, Granero percibía un sueldo de $ 46.000, aproximadamente. Ahora, en Veng SA, cobraría más, ya que subió un escalón en el "nivel sueldo" que figura en su registro laboral de acuerdo con su número de CUIT.
Desde su desembarco en la Fatpren, adonde llegó con el respaldo del kirchnerismo, Granero se volvió un bon vivant: se instaló en el piso 31 de una torre en Puerto Madero, se convirtió en un fanático de las motocicletas de alta gama (se habría comprado en 2012 una Ducatti) y viajó por el mundo.
Alejado del gremio y del periodismo, Granero afronta hoy una causa por defraudación en la que no hubo avances. Detrás de la denuncia, surge otra ironía: la SSS, el organismo acusador, es comandado por Liliana Korenfeld, también santacruceña y kirchnerista de la primera hora.

Fuente: La Nación