03/05 – 12:45 - Lo obvio suele no verse por lo obvio,
precisamente. Para quienes pretendían no ver que en Juzgado Federal de
Río Gallegos, era cómplice del poder, apañaba al gobierno kirchnerista y
protegía a Lázaro Baéz, está más que claro a la luz de la información
que aparece hoy sobre la inspección que ordenó la Cámara de Comodoro
Rivadavia en esta capital.
“Para hacer tortillas hay que romper los huevos”, esta frase algo
ordinaria pero muy referencial, era utilizada por Jacques Lacan cuando
quería explicar que para llegar a cosas concretas, es necesario generar
algún conflicto decisivo.
Durante años vinimos criticando al Juzgado Federal de Río Gallegos
como cómplice del gobierno nacional kirchnerista, desde aquella
lapidaria orden de reprimir que recibió en el 2007 el entonces Juez
Gerardo Caamaño y no cumplió, lo cual le valió su separación del cargo
por decisión del entonces Presidente Kirchner y Aníbal Fernández. En su
lugar asumió la subrogante Cecilia Álvarez. Esta abogada, navegó en
aguas turbias y OPI tuvo experiencia propia cuando plantó una denuncia
penal por amenazas, intimidación y difamación de personajes allegados a
Báez, causa que durmió el sueño de los justos, hasta que la propia Jueza
Álvarez, sintió en carne propia la traición de la que es capaz el
kirchnerismo, cuando la despojaron del cargo, denunciándola públicamente
desde el poder, porque su marido era un marino retirado de la época del
proceso. Allí, Álvarez, se dio cuenta que no había entendido nada hasta
ese momento, de los aliados que había elegido para favorecer con sus
acciones poco claras, lentas y parcimoñosas para encontrar justicia.
El 24 de marzo de 2013, alrededor de un mes después del programa de
PPT y las declaraciones de Fariña y Elaskar, ante la posible llegada de
allanamientos y después de que Casanello le diera unos 40 días a Lázaro
Báez para que borrara todo vestigios de las bóvedas y la transformara
en una bodega, pusieron en el cargo a una abogada que se desempeñaba
como asesora de al Secretaría General de la Gobernación, sin experiencia
y a quien en el ámbito de los abogados locales la recuerdan como
alguien a quien se la veía “llevar papeles” a los juzgados. La Dra
Asquenaki Vera, fue al llave para encubrir a Báez y dormir todas las
demás causas que ya venían durimiendo. Lo dijimos tantas veces que ya he
perdido la cuenta. Hoy, la Cámara Federal de Comodoro, la misma que el
kirchnerismo quiso sustituir con la de Cdte Luis Piedrabuena (para que,
precisamente, no sucedan estas cosas), llegaron hace unos días a Río
Gallegos y el portal Infobae cuenta con detalles, lo que vinieron a
buscar y lo que encontraron en el Juzgado de Río Gallegos.
La nota expresa lo siguiente:
Una inspección en el juzgado federal de Río Gallegos detectó que en
los últimos años fueron paralizadas las causas penales contra el
kirchnerismo que se tramitaron en ese tribunal, entre ellas sobre la
cartelización de la obra pública en Santa Cruz y la compra de terrenos
en la localidad de El Calafate.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó que se inicie un
sumario administrativo para deslindar responsabilidades del
funcionamiento del juzgado, informaron a Infobae fuentes judiciales.
Todas las miradas de la Cámara apuntan a Andrea Askenazi Vera, la jueza
subrogante que estuvo al frente del juzgado de Río Gallegos durante los
últimos tres años.
Askenazi Vera asumió el 24 de mayo de 2013 luego de salir sorteada
para el cargo entre una lista de abogados elaborada por el gobierno de
Cristina Kirchner y aprobada por el Senado. La nueva jueza llegaba al
juzgado desde la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz
donde era asesora.
La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el año pasado el
nombramiento de varios jueces subrogantes que no tenían acuerdo del
Senado, entre ellos Askenazi Vera, quien dejó el cargo en febrero
pasado.
Tras la salida de Askenazi Vera, los jueces de la Cámara Federal de
Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo
de Huberman, ordenaron que se haga una inspección en el tribunal. Ese
trabajo estuvo a cargo de Ana Cecilia Álvarez, secretaria de la Cámara y
quien era jueza de Río Gallegos hasta la llegada de Askenazi Vera.
“Las causas políticas eran llevadas personalmente por la Dra.
Askenazi y las mantenía en su despacho”, consta en la inspección la
declaración de un empleado del juzgado. El tribunal tenía muchas causas
de alto impacto político pero con sus trámites paralizados.
Una de ellas es por la cartelización de la obra pública en la
provincia, de la que su principal beneficiado fue el empresario Lázaro
Báez, hoy preso por lavado de dinero y con sus propiedades y empresas en
inéditos allanamientos en toda la provincia.
Se trata de una causa que se inició en 1998 por una denuncia de la
diputada Mariana Zuvic (su prima María Zuvic trabaja en el juzgado
–están distanciadas- y llevaba causas iniciadas por el Banco Nación
cuando había sido apoderada de esa entidad) y durante el paso de
Askenazi Vera tuvo una “única medida jurisdiccional”: el levantamiento
en agosto del año pasado del secreto de sumario para realizar medidas de
prueba pedidas por la Fiscalía, sostiene el informe.
Otra causa es la investigación por la compra de terrenos en El
Calafate que inició el abogado Ricardo Monner Sans. En ese expediente
está pendiente desde 2013 una pericia a cargo de un agrimensor. El
experto esperó un informe del Registro de la Propiedad de Santa Cruz
porque la información que le había dado el juzgado era insuficiente.
Pero nunca recibió la respuesta hasta marzo pasado cuando la nueva jueza
de Río Gallegos, Marta Yañez, quien reemplazó a Askenazi Vera, proveyó
la medida.
El juzgado también tiene una causa contra Ricardo Barreiro, el
cuidador de la casa de El Calafate de la familia de Néstor y Cristina
Kichner e investigado por incompatibilidad de funciones por ser
designado como agente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) y a cargo de la concesión de la empresa de carga
aérea JET PAQ S.A.
La causa la tomó Askenazi Vera en noviembre de 2013 y recién el 18 de
junio del año pasado dispuso que se libre un oficio al ORSNA pidiendo
información. Siete días después, señala el informe, Askenazi Vera puso
en secreto la causa y a fines de enero antes de dejar el juzgado lo sacó
de esa situación: “No se registran más actos procesales hasta el
29/02/2016″.
También está paralizada una causa contra el diputado nacional Eduardo
Costa, esposo de Mariana Zuvic y el principal opositor a los Kirchner
en la provincia, por irregularidades a la ley de marcas y designaciones
por su empresa “El Tehuelche”.
Según el informe, Askenazi Vera no tomó ninguna medida en los tres
años que estuvo en el juzgado. “El expediente permaneció en el despacho
de la Dra. Askenazi para ser analizado y le fue devuelto el 03/02/2016
al cesar la subrogancia”, dice el informe.
No solo en las causas políticas hubo irregularidades. También fueron
detectadas en expedientes por narcotráfico y trata de personas. “Se
advierten demoras e inactividad procesal superior a los plazos que
establece el código procesal en la materia, registrándose actuaciones
sin movimiento durante los tres últimos meses del año 2015″, sostiene el
informe.
También se encontró que las causas no están correctamente registradas
en los libros ni en el Sistema Lex 100, lo que impide realizar un
seguimiento de los expedientes y su posterior control.
Después de la inspección, los jueces de la Cámara Federal de Comodoro
Rivadavia ordenaron el inicio de un sumario administrativo para
investigar a todo el personal del juzgado por las “demoras, deficiencias
e irregularidades de diversa índole en la tramitación de las causas”.
De esa investigación quedó excluida Askenazi Vera porque ya no cumple
funciones, pero las fuentes no descartaron que en el futuro la Cámara
pueda denunciarla penalmente. (Agencia OPI Santa Cruz)