Durante la era kirchnerista la Argentina siguió descendiendo
en los rankings internacionales de percepción de la corrupción que elabora
Transparencia Internacional, una ONG con sede en Berlín. Ahora otra ONG -100
reporters, que investiga la corrupción en todo el mundo-, puso nuestra
presidente en su “kleptowatch list” (esto es, en su observatorio de
cleptócratas), junto a los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega; Guinea
Ecuatorial, Teorodo Obiang; Zimbawe, Robert Mugabe; Nigeria, Goodluck Jonathan,
y Kazakstán, Nursultan Nazarbayeb.
El sitio de 100 reporters coloca en segundo lugar en su
lista de mandatarios más corruptos a la presidente argentina, Cristina de
Kirchner, justo debajo del sandinista nicaragüense, Daniel Ortega. En su
descripción de la presidente argentina, la ONG pone:
“Incluso antes ser elegida presidente de Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner carga con la niebla de la corrupción. En el caso más famoso,
un emisario de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, fue descubierto en el
aeropuerto de Buenos Aires con un maletín lleno de US$ 800.000 en efectivo,
destinado, según le contó más tarde al FBI, para apoyar la candidatura
presidencial de Kirchner (Cristina). Kirchner negó la acusación. En Argentina,
muchos cuestionan la enorme fortuna acuulada por Cristina de Kirchner y su
esposo Néstor desde que asumió el cargo público. Su declaración de patrimonio
personal asciende a US$ 13.800.000, frente a los US$ 500.000 que ostentaban
cuando la pareja entró por primera vez la política nacional. Kirchner cita
ingresos de bienes raíces y hoteles que la pareja había comprado para explicar
el porcentaje de rendimiento en la cartera de inversión 2600 de la pareja. Observadores
de corrupción se quejan de que su gobierno ha neutralizado la supervisión del
gobierno, dando mensajes de auditoría a compinches comprometidos por conflictos
de intereses. El resultado: los casos de corrupción tienen un promedio de 14
años para pasar a través del sistema, según el Centro sin fines de lucro para
el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, y sólo 15 de 750 casos
han dado lugar a condenas”.
El panorama presentado por 100 reporters coincide con la
percepción actual de la sociedad de que la corrupción es sistémica en el
gobierno de Cristina de Kirchner. En una nota titulada “La macrocorrupción”,
Sergio Serrichio hace para El Litoral un raconto de los princiales casos de
corrupción del gobierno nacional en la era kirchnerista:
“A casi diez años de gestión kirchnerista, la acumulación de
indicios y evidencias de corrupción es tan abrumadora como la escasa
disposición de la Justicia a investigarla y la férrea determinación oficial a
negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de un accionar que ya
alcanzó dimensiones macroeconómicas.
Desde las dádivas que recibió, los lujos inexplicables que
se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante cinco años el ex
secretario de Transporte, Ricardo Jaime, hasta la bolsa de dinero en el baño
ministerial de Felisa Miceli. Todo mientras la infraestructura del transporte
se deterioraba hasta la decadencia, como mostró trágicamente la masacre
ferroviaria de Once.
Desde la valija cargada de dólares del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.
Desde la valija cargada de dólares del valijero venezolano Guido Antonini Wilson, hasta los negociados en el comercio bilateral con Venezuela que denunció el ex embajador Eduardo Sadous.
Desde la transformación de un organismo de Derechos Humanos
(la Asociación Madres de Plaza de Mayo) en una constructora mediante la cual
una Fundación de objetivos loables (la Misión Sueños Compartidos, para la
construcción de viviendas sociales) recibió fondos por 765 millones de pesos y
créditos presupuestarios por más de 1.200 millones, que nadie controló y de los
que nadie se hace responsable, hasta los aportes financieros a la campaña
presidencial 2007 de Cristina Fernández de Kirchner de droguerías investigadas
por vender medicamentos truchos.
Desde la venta del 25 % de YPF promovida por Néstor Kirchner
y realizada por Repsol a la familia Eskenazi (dueña de los bancos de Santa
Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, en todos los casos por operaciones hechas al calor
del kirchnerismo) a través de una compañía radicada ¡¡¡en Australia!!! y
mediante un contrato que permitió (entre 2008 y 2011) distribuir 142 % de las
utilidades de la compañía, hasta el Boudougate, en el que el vicepresidente de
la Nación fogoneó el “rescate” de Ciccone, la empresa que imprime la moneda
argentina, por parte de un inverosímil monotributista, y cuando el negociado
salió a la luz, el gobierno resolvió, igual que en el caso YPF, reestatizar la
compañía y “recuperar” soberanía.
Ninguno de los ejemplos anteriores alcanza, sin embargo, la
dimensión del gran vehículo de corrupción del último decenio: los sobreprecios
en la Obra Pública. El gráfico adjunto, elaborado por el economista Federico
Muñoz, muestra la evolución de dos variables “macroeconómicas”,
De un lado, la del valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es, despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido. Y del otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura.
De un lado, la del valor presupuestario de la obra pública a precios constantes (esto es, despejada la inflación), que elabora la Dirección Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación Federal, que encabeza Julio de Vido. Y del otro, la de la obra pública medida en términos físicos. Esto es, una suerte de síntesis de cuántos puentes y kilómetros de rutas se construyeron, cuántos de tendido eléctrico, de gasoductos, etc., que surge de promediar dos rubros del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (Isac) que publica el Indec: Obras Viales y Obras de Infraestructura.
Para comparar la evolución de ambas variables, Muñoz tomó
como punto de partida, o “base”, el año 1993. El gráfico resultante muestra que
hasta 2004 ambos indicadores fueron más o menos en sintonía. Ambos reflejan,
por ejemplo, la recesión del fin de la convertibilidad. A partir de 2003 ambos
índices van para arriba. Es lógico, diría el relato: se hizo mucha obra
pública. Pero mientras ésta se duplica en términos físicos, en términos
presupuestarios (excluida la inflación) se cuadruplica. La inmensa brecha que
se abre entre ambas curvas resulta de que, en promedio, en los últimos diez
años el costo medio de la obra pública por unidad física se duplicó.
No hay que ser muy perspicaz para intuir que la principal
razón de esa brecha son los sobreprecios. Un fenómeno sobre el que hubo muchas
denuncias e indicios (caso Skanska, construcción de cárceles, reparaciones
ferroviarias, tendido eléctrico, planes de vivienda) pero que sólo el impacto
del programa de TV de Jorge Lanata, al mostrar la desfachatez de un Leonardo
Fariña o el enriquecimiento de un Lázaro Báez, convirtió en tema diario de
conversación. Que ese canal de corrupción se refleje en las variables “macro”
es inédito. Ni el menemismo lo había logrado. Son sumas de dinero asombrosas.
En 2012, por caso, la inversión pública en la Argentina fue del 4,5 % del PBI,
unos 90.000 millones de pesos. Cualquier porcentaje de “mordida” son miles y
miles de millones.
Los sobreprecios en la obra pública son tan groseros que ya
se reflejan en las variables macroeconómicas. Malas noticias de afuera. Y
peores compañías.
En dosis homeopáticas, la corrupción también se refleja en
noticias que llegan de afuera. Al reciente reconocimiento de Ralph Lauren (y al
previo de Siemens) de pago de coimas en la Argentina y a las sospechas en
investigaciones sobre prácticas corruptas en que habría incurrido Embraer (que
en 2010 vendió 20 aviones a Aerolíneas), deben sumarse casos como el de Ball
Corporation, que en 2011 pagó 300.000 dólares de multa tras reconocer ante la
justicia de EE.UU. que entre 2006 y 2007, a través de su subsidiaria
Fornametal, pagó coimas en decenas de ocasiones en la Argentina. O como el de
Helmeridge & Payne, que en 2009 pagó 440.000 dólares de multa en castigo
por sobornos que entre 2003 y 2008 pagó a la aduana argentina para ingresar
equipos de perforación petrolera.
Son casos en los que las coimas fueron reconocidas en sede
judicial, pero ni la justicia ni el ejecutivo de la Argentina se dieron por
enterados.
Fuente: Urgente 24
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