MEMORIA
Ellos de “izquierda” ellos de “derecha” enfrentados a muerte, violaron las leyes, crearon la clandestinidad y el terrorismo de estado desde el gobierno, ordenaron la aniquilación de los otros, torturaron y asesinaron, ellos que desde fuera del gobierno crearon y usaron también la clandestinidad, engañaron y llevaron a la muerte a miles de jóvenes, secuestrando, matando, robando, torturando, que atentaron y operaron en contra de su/nuestro gobierno constitucional, ellos, todos ellos, sumieron a la argentina en el genocidio más atroz de nuestra historia, historia de la que aún hoy no quieren hacerse cargo y siguen engañando al pueblo que solo ve lo que le dan sin lo que realmente necesitan y le quitan todo lo que podrían tener si tan solo se alejaran un poco de la ignorancia para ver la realidad y su decadente y asesina historia que los atrapa una y otra vez condenándonos a todos siempre a la pobreza, el estancamiento, la pérdida de futuro y a un país tan pero tan mediocre, que siempre termina quedando al margen del progreso la educación, el trabajo la libertad y la republica.
MEMORIA
Esto lo ví, lo viví y
padecí, no me lo contaron.
Villa Constitución, 1975
Represión, secuestro y muerte, en nuestra ciudad
Escalada represiva en Villa Constitución: El 20 de marzo de 1975 a la
madrugada, la ciudad de Villa Constitución, Santa Fe, se despertó
invadida por miles de efectivos de las fuerzas represivas( fachos). Con
una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar, policiales y
parapoliciales se lanzaron sobre las casas de 200 activistas obreros.
El operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río
Paraná, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicolás y las fábricas
combativas del sur de Rosario.
Qué impulsó tamaño operativo represivo?
Con Isabel de Perón como presidente desde la muerte de Juan Domingo Perón el 1º de julio de 1974, el gobierno nacional denunció un ‘complot de características inusuales en la Argentina’. Este complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: ‘La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional’. Los diarios del 21 de marzo titularon: ‘Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada’, La Opinión, o ‘Denuncian amplio plan subversivo’ Mayoría. El verdadero motivo era otro: en la Seccional Villa Constitución de la UOM había ganado la oposición a Lorenzo Miguel.
Un movimiento surgido de las bases, que expresaba un activismo fabril vinculado a la izquierda, similar al que entonces representaba René Salamanca en el SMATA o Agustín Tosco en Luz y Fuerza, ambos de Córdoba. Los obreros mostraron una realidad muy distinta luego de la represión del 20 de marzo de 1975, qué era lo que estaba enfrente del discurso de Isabel, López Rega y Lorenzo Miguel. El saldo de la represión había sido la detención de toda la Comisión Directiva de la UOM-Villa (sólo uno se salvó de casualidad).
Cuando llegó la noticia los metalúrgicos, éstos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos y pedían su libertad. Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión. Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo. Aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo con el movimiento de los obreros. Frente a la situación sin salida, los metalúrgicos debieron volver a fábrica el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinatos.
(Efectivamente el gobierno pagó el costo, cuando en la huelga general de junio y julio los trabajadores impusieran la renuncia de López Rega, el jefe de la AAA). Desde el regreso de Perón al gobierno en 1973, comenzaron las intervenciones a gobiernos provinciales y sindicatos independientes. La represión ilegal, llevada adelante por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) con el visto bueno del gobierno, creció con la impunidad y el apoyo material y financiero del Estado. Como mostraron los sociólogos Juan Carlos Marín e Inés Izaguirre, el genocidio comenzó antes del golpe del 24 de marzo. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, la represión estatal (legal e ilegal) detuvo a 1479 personas, con 542 muertos y 97 heridos. Lo mismo sucedió en Villa Constitución. El operativo ‘antisubversivo’ del 20 de marzo se prolongó durante meses, detuvo cientos de personas y asesinó a decenas de militantes. Los dirigentes democráticamente elegidos de la seccional metalúrgica continuaron detenidos toda la dictadura ‘bajo el PEN’. Una que vez que salieron, ganaron otra vez las elecciones en el sindicato de Villa en 1983, con más votos que antes. En estos momentos de revisión, donde se reviven los crímenes de la AAA y los años previos a la dictadura, la de Villa es una causa abierta.
Querellan a los responsables del operativo represivo del 20 de Marzo de 1975:
En el marco de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, verdadera conquista popular conseguida con la lucha que permitió la anulación de las denominadas “leyes de impunidad” en 2003, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) –su Secretario General de la Filial Villa Constitución, Carlos Sosa- y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Villa Constitución a través de su Secretario General Alberto Piccinini y Juan Actis querellararon penalmente a los responsables del Operativo “Serpiente Roja del Paraná” acaecido el 20 de Marzo de 1975; ordenado por la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete y llevado a cabo por expresa indicación del entonces presidente del Directorio de la Empresa ACINDAR, José Alfredo Martínez de Hoz.
La presentación se hizo en diciembre de 2010, ante el despacho del juez Oyarbide en los Tribunales de Comodoro Py. Puntualmente se denunció las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril de Acindar, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional. La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el doctor Norberto Oyarbide.
En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales. Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el juez clausurara la investigación a pesar del aporte continuo de nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. Sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió “determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984” dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión. Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de “territorio enemigo bajo control militar” y b) porque acepta la hipótesis de los querellantes, que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice “prima facie” algo así “como es probable que”).
Noviembre de 2013: Ordenan investigar cómo Acindar financió la represión a obreros metalúrgicos en 1975:
Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron el genocidio. Frente a los datos que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.
En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal Norberto Oyarbide determinó el 23 de octubre que la participación del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores metalúrgicos, hecho recordado popularmente como “El Villazo”. Y que por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de lesa humanidad.
Qué impulsó tamaño operativo represivo?
Con Isabel de Perón como presidente desde la muerte de Juan Domingo Perón el 1º de julio de 1974, el gobierno nacional denunció un ‘complot de características inusuales en la Argentina’. Este complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: ‘La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional’. Los diarios del 21 de marzo titularon: ‘Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada’, La Opinión, o ‘Denuncian amplio plan subversivo’ Mayoría. El verdadero motivo era otro: en la Seccional Villa Constitución de la UOM había ganado la oposición a Lorenzo Miguel.
Un movimiento surgido de las bases, que expresaba un activismo fabril vinculado a la izquierda, similar al que entonces representaba René Salamanca en el SMATA o Agustín Tosco en Luz y Fuerza, ambos de Córdoba. Los obreros mostraron una realidad muy distinta luego de la represión del 20 de marzo de 1975, qué era lo que estaba enfrente del discurso de Isabel, López Rega y Lorenzo Miguel. El saldo de la represión había sido la detención de toda la Comisión Directiva de la UOM-Villa (sólo uno se salvó de casualidad).
Cuando llegó la noticia los metalúrgicos, éstos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos y pedían su libertad. Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión. Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo. Aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo con el movimiento de los obreros. Frente a la situación sin salida, los metalúrgicos debieron volver a fábrica el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinatos.
(Efectivamente el gobierno pagó el costo, cuando en la huelga general de junio y julio los trabajadores impusieran la renuncia de López Rega, el jefe de la AAA). Desde el regreso de Perón al gobierno en 1973, comenzaron las intervenciones a gobiernos provinciales y sindicatos independientes. La represión ilegal, llevada adelante por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) con el visto bueno del gobierno, creció con la impunidad y el apoyo material y financiero del Estado. Como mostraron los sociólogos Juan Carlos Marín e Inés Izaguirre, el genocidio comenzó antes del golpe del 24 de marzo. Entre mayo de 1973 y marzo de 1976, la represión estatal (legal e ilegal) detuvo a 1479 personas, con 542 muertos y 97 heridos. Lo mismo sucedió en Villa Constitución. El operativo ‘antisubversivo’ del 20 de marzo se prolongó durante meses, detuvo cientos de personas y asesinó a decenas de militantes. Los dirigentes democráticamente elegidos de la seccional metalúrgica continuaron detenidos toda la dictadura ‘bajo el PEN’. Una que vez que salieron, ganaron otra vez las elecciones en el sindicato de Villa en 1983, con más votos que antes. En estos momentos de revisión, donde se reviven los crímenes de la AAA y los años previos a la dictadura, la de Villa es una causa abierta.
Querellan a los responsables del operativo represivo del 20 de Marzo de 1975:
En el marco de los juicios por los crímenes del Terrorismo de Estado, verdadera conquista popular conseguida con la lucha que permitió la anulación de las denominadas “leyes de impunidad” en 2003, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) –su Secretario General de la Filial Villa Constitución, Carlos Sosa- y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Seccional Villa Constitución a través de su Secretario General Alberto Piccinini y Juan Actis querellararon penalmente a los responsables del Operativo “Serpiente Roja del Paraná” acaecido el 20 de Marzo de 1975; ordenado por la entonces presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón y gran parte de su gabinete y llevado a cabo por expresa indicación del entonces presidente del Directorio de la Empresa ACINDAR, José Alfredo Martínez de Hoz.
La presentación se hizo en diciembre de 2010, ante el despacho del juez Oyarbide en los Tribunales de Comodoro Py. Puntualmente se denunció las muertes, las torturas al interior de la Planta Fabril de Acindar, las detenciones ilegales, los cambios regresivos en las relaciones laborales y la transferencia de las deudas contraídas por Acindar al Estado Nacional. La denuncia nunca gozó de la velocidad procesal que caracterizan otras causas judiciales emprendidas por el doctor Norberto Oyarbide.
En octubre del 2011 reconoció a la Liga como querellante y tomó algunas pocas testimoniales. Con la muerte de Alfredo Martínez de Hoz se temía que el juez clausurara la investigación a pesar del aporte continuo de nuevos testimonios y la nomina del directorio de Acindar de entonces. Sin embargo con fecha 16 de setiembre del 2013 el Juez resolvió “determinar que las presentes actuaciones continúen trámite bajo el régimen procesal de la ley 23984” dándole vista al fiscal para que se pronuncie sobre la cuestión. Como la denuncia contra Acindar había sido vinculada a la causa contra Triple A, el Juez resuelve continuar las investigaciones pero por carril propio dadas dos circunstancias: a) que la Triple A habría funcionado solo hasta el 11 de julio de 1975 y los hechos denunciados se prolongan mucho más allá en el tiempo, durante toda la dictadura militar que había puesto una tanqueta en el camino de entrada a la planta fabril como clara señal de “territorio enemigo bajo control militar” y b) porque acepta la hipótesis de los querellantes, que la represión desatada fue instigada por el directorio de Acindar (dice “prima facie” algo así “como es probable que”).
Noviembre de 2013: Ordenan investigar cómo Acindar financió la represión a obreros metalúrgicos en 1975:
Otro paso para saber cuáles fueron las empresas que pagaron el genocidio. Frente a los datos que describen secuestros, fusilamientos, desapariciones y unas 300 detenciones ilegales en Villa Constitución, el magistrado abrió una causa particular que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa.
En una decisión que apunta a establecer la responsabilidad directa de la empresa Acindar en cientos de crímenes, desapariciones y secuestros ocurridos antes y durante la última dictadura cívico-militar, el juez federal Norberto Oyarbide determinó el 23 de octubre que la participación del grupo fue clave en el gigantesco operativo represivo montado el 20 de marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución contra trabajadores metalúrgicos, hecho recordado popularmente como “El Villazo”. Y que por lo tanto, la investigación de aquella avanzada militar en tiempos de Isabel Martínez y José López Rega, con sus consecuencias posteriores al golpe de Estado, merece ser tomada como causa en particular, y vinculada con delitos de lesa humanidad.
FUENTE: http://cb-producciones.com.ar
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