Claudio Katz (especial para ARGENPRESS.info)
Tres conceptos son necesarios para comprender el kichnerismo: reconstrucción del estado capitalista, régimen neo-populista y gobierno de centroizquierda. Estas nociones clarifican el ciclo actual y contribuyen a gestar un proyecto superador desde la izquierda.
Capitalismo serio con burguesías subsidiadas
El Kirchnerismo emergió bajo los efectos de la rebelión del 2001 y se abocó a restaurar el estado cuestionado por esa sublevación. Recompuso un organismo desarticulado por la extinción de la moneda, la paralización de las fuerzas represivas y la conversión de escuelas en comedores sociales. Actuó en un marco signado por la evaporación de los contratos y la pulverización del sistema político.
Entre el 2003 y el 2007 Kirchner restableció el funcionamiento de la estructura estatal que garantiza los privilegios de las clases dominantes. Pero consumó esa reconstitución ampliando la asistencia a los empobrecidos, promoviendo avances democráticos y aceptando mejoras sociales.
La emergencia quedó superada en un contexto de altos precios de las exportaciones y repunte cíclico de la rentabilidad. El gobierno reforzó entonces su política económica neo-desarrollista, priorizando el consumo y favoreciendo a los sectores agro-industriales en desmedro de los financistas.
El oficialismo busca gestar desde ese momento un “capitalismo serio” supervisado por el estado. Espera generar un círculo virtuoso de bienestar y equidad, contrapuesto al “anarco-capitalismo” neoliberal. Pero no aclara dónde se ha logrado implantar ese modelo. En los países europeos prevalece el ajuste para socorrer a los bancos y en las economías asiáticas se exprime brutalmente a la fuerza trabajo. Todas las variantes de capitalismo regulado se basan en la competencia, el beneficio y la explotación, es decir en tres rasgos antagónicos con la igualdad.
La idealización oficial del intervencionismo incluye otra expectativa: asegurar la continuidad del crecimiento con incentivos al consumo. Pero también el capitalismo estatista necesita sostener la demanda con rentabilidad e inversión. No puede auto-propulsarse sólo con mejoras del poder adquisitivo.
La ingenuidad keynesiana suele omitir ese condicionamiento o el predominio de empresarios que exigen ganancias y auxilios del estado para reducir costos. Este patrón de lucro suele desmentir todas las fantasías socialdemócratas sobre el comportamiento benevolente de los capitalistas.
El kirchnerismo también apuesta a recrear la burguesía nacional como protagonista de la acumulación. Pero los grupos concentrados fugan capital en lugar de invertir, engrosan sus patrimonios con subvenciones estatales y mantienen su rentabilidad con remarcaciones de precios.
Este comportamiento ha conducido a la reaparición de la inflación y el bache fiscal. También recobran visibilidad las tensiones derivadas del mono-cultivo sojero, el extractivismo mega-minero, la pérdida del auto-abastecimiento petrolero y el estancamiento de la reindustrialización. Estos problemas son consecuencias del propio modelo y no meros resabios de los 90. (1)
El gobierno espera corregir estos desequilibrios gestando un funcionariado con suficiente habilidad y poder para disciplinar a las grandes empresas. Pero las firmas foráneas mantienen las mismas prerrogativas de la década pasada y la vieja burguesía nacional ha decrecido, en comparación con los segmentos exportadores más internacionalizados.
Los reguladores kirchneristas no han logrado contrapesar ninguna de esas tendencias. Subsiste la histórica carencia de una burocracia eficiente y reaparece un “capitalismo de amigos” rodeado de coimas.
Comparaciones con el primer peronismo
El régimen político kirchnerista se asienta en el liderazgo presidencial, la gravitación de mecanismos delegativos y la influencia de organismos para-institucionales. Preserva todas las normas constitucionales vigentes desde 1983, pero con mayor apego a las tradiciones populistas que a los basamentos republicanos.
En ambas modalidades persiste la subordinación de la soberanía popular a los controles que ejercen las clases dominantes a través de su poder económico, judicial o mediático. Se puede votar periódicamente, pero no desafiar los privilegios sociales de los acaudalados. (2)
Pero el molde político informal de la última década sintoniza con mecanismos de gestión gubernamental más afianzados y presenta varias semejanzas con lo ocurrido durante el primer peronismo. El kirchnerismo se forjó en un contexto económico favorable e introdujo mejoras sociales, con la intención industrialista de revitalizar la autonomía nacional. Al igual que en los años 40 se consolidó en un fuerte choque con la oposición, que ha fortalecido la autoridad presidencial.
El protagonismo actual de Cristina es arrollador. Ejerce su arbitraje tironeada por grupos capitalistas concentrados que exigen ajuste y movimientos sociales que reclaman con acciones directas. CFK recurre a la misma oscilación que Perón para lidiar con esta encrucijada. (3)
Pero el kirchnerismo desenvuelve modalidades neo-populistas mucho más atenuadas que las vigentes durante el peronismo clásico. No busca la centralidad de la industria sino su rehabilitación, en una economía recentrada en torno a la exportación de bienes primarios. No confronta con Estados Unidos, sino que intenta recuperar la independencia tradicional de la política exterior que diluyó el menemismo. No apuesta al comando argentino de la zona, sino a una coordinación subordinada a la estrategia brasileña. El viejo nacionalismo ha quedado amoldado a un proyecto más acotado de regionalismo consensuado.
Esta moderación obedece ante todo a una diferencia de origen con el justicialismo. Perón nunca enfrentó la catástrofe económico-social o el descreimiento político que irrumpieron en el 2001. Tampoco rige en la actualidad la virulenta oposición militar-golpista, que radicalizaba todas las confrontaciones con el peronismo.
Pero la principal diferencia entre ambos procesos es la relación con la clase trabajadora. En los años 50 la masa obrera obtuvo logros económico-sociales inéditos para un país latinoamericano. Estas conquistas coronaron una intensa industrialización por sustitución de importaciones, que facilitó la enorme gravitación del proletariado y su posterior integración como la “columna vertebral” del justicialismo.
El kirchnerismo surgió, por el contrario, en un escenario signado por la regresión industrial y la fractura de los trabajadores en segmentos formales y precarizados. Esta división persiste al cabo de una década de regulación neo-desarrollista, puesto que la recuperación significativa del empleo y los salarios se limitó al sector registrado. Ya no rigen los avances sociales generalizados que cohesionaban a la clase obrera. Se recompuso el nivel de vida de los “incluidos” y se estabilizó el empobrecimiento de los “excluidos”.
También la clase media quedó subdividida en sectores recuperados y sumergidos. La expectativa de ascenso social se ha evaporado ante la magnitud de las desigualdades. Esa segmentación sepultó la vieja escuela pública y disolvió los servicios compartidos de salud.
El kirchnerismo se amolda a esta fractura y busca desembarazarse de la incidencia t que mantuvo tradicionalmente el movimiento obrero dentro del peronismo. Intenta congraciarse con los capitalistas para estabilizar un régimen desligado de las demandas sociales. Es cierto que favoreció inicialmente la reconstitución de los sindicatos, pero con el propósito de debilitar a los piqueteros. Cuando los gremios recuperaron su peso, el oficialismo se embarcó en una política de fractura de las centrales sindicales. (4)
Estos choques con los sindicatos no son novedosos y han signado la historia del peronismo, desde la liquidación del laborismo hasta las pugnas con el vandorismo. Las confrontaciones siempre incluyeron disputas por la conducción y los privilegios, entre burocracias estatales, partidarias y sindicales. Pero la tensión actual tiene un trasfondo más definido. El neo-populismo kirchnerista pretende eliminar la obstrucciones a la estabilización hegemónica, que impuso la insurgencia obrera durante el peronismo clásico. Esta meta requiere a su vez un tipo de gobierno muy diferente a ese modelo justicialista.
Democratización y regimentación
El gobierno kirchnerista presenta un perfil de centroizquierda. Se asemeja a otras administraciones sudamericanas que contemporizan con los movimientos sociales, sin modificar las transformaciones regresivas que introdujo el neoliberalismo. Comparte con Lula-Dilma Rousseff o Tabaré Vásquez-Pepe Mujica una ubicación política igualmente distanciada de la derecha represiva, librecambista y pro-norteamericana (Piñera, Calderón-Peña, Uribe-Santos) y del antiimperialismo radical (Chávez, Evo).
En muchos planos los presidentes de centroizquierda se asemejan a los viejos gobiernos socialdemócratas por sus agendas amoldadas al entorno capitalista y por sus políticas disuasivas de las demandas populares.
El kirchnerismo se aleja del nacionalismo burgués clásico (Perón) y de sus derivaciones reaccionarias (Isabel) o neoliberales (Menem). Retoma el proyecto de la renovación que encabezó Cafiero a mitad de los 80, cuando se buscó introducir dentro del peronismo los parámetros del período alfonsinista.
Para construir su nueva identidad el gobierno atenuó la simbología tradicional del justicialismo. Se conmemora más el fallecimiento de Evita o la victoria de Cámpora que el 17 de octubre. No hay muchas citas del General y la melodía de la marcha peronista ha quedado ensombrecida por el cancionero latinoamericano. Se ha congelado, además, el papel del PJ a favor de un proyecto transversal. Pero el nacimiento de la nueva criatura se demora y en las situaciones críticas reaparece la frenética búsqueda de respaldo justicialista.
Últimamente Cristina ha ensayado con más decisión la construcción de una fuerza socialmente alejada de la clase obrera y basada en segmentos de la clase media, el funcionariado joven y los sectores empobrecidos. Logró una significativa aproximación de la intelectualidad progresista, que estaba enemistada con el peronismo desde la traumática experiencia de los 70.
La peculiar combinación de neopopulismo y centro-izquierdismo en curso se expresa en el contradictorio aliento oficial de la democratización y la regimentación de la vida política. Los ecos de la insurgencia del 2001 se verifican en el primer terreno y la recomposición del poder estatal se corrobora en el segundo campo. El mismo gobierno que facilita el ensanchamiento de ciertos derechos democráticos, acota la ampliación de esas conquistas. Este doble movimiento se verifica especialmente en la esfera de los derechos humanos.
Kirchner reabrió los juicios a los genocidas, anuló los indultos y facilitó el encarcelamiento de los principales criminales de la dictadura (Videla, Menéndez, Astiz, Acosta). Revirtió décadas de impunidad y permitió que ya existan 378 represores condenados. El año pasado se aceleraron los mega-juicios (ESMA, La Perla. Tucumán) y comenzó la indagación de los cómplices civiles de la dictadura (como Blaquier). Se han recuperado muchos nietos y se instaló una gran difusión escolar y mediática de lo ocurrido con los desaparecidos.
Estos avances democratizadores se extendieron a otros campos con la introducción de nuevos derechos (matrimonio igualitario, voto a los 16 años, libre acceso al historial clínico, identidad de género, muerte digna), mientras crece la demanda por legalizar el aborto. La iglesia no ha podido frenar esas conquistas.
Pero esta secuencia de libertades no se proyecta a ningún terreno que pueda afectar la marcha de los negocios, los compromisos externos o las alianzas con políticos reaccionarios. Por eso se introdujo la ley anti-terrorista exigida por el Departamento de Estado, que brinda a los jueces un instrumento para criminalizar la protesta social. Se intentó también un proyecto X de espionaje de la militancia y persisten 5000 procesamientos de luchadores sociales.
Lo más preocupante es la veintena de víctimas fatales registradas en protestas populares durante los últimos tres años. En los casos más traumáticos (Mariano Ferreira, Parque Indoamericano, aborígenes QOM, campesinos del MOCASE, gatillo fácil en Bariloche, activistas de Jujuy y Rosario, el gobierno deslindó responsabilidades y descargó culpas sobre las patotas, los gendarmes o los funcionarios menores. Pero es evidente que nadie puede actuar en ese tipo de situaciones sin alguna protección oficial. El propio Poder Ejecutivo montó, además, absurdas denuncias contra dirigentes de izquierda (por “quemar los trenes”), propició la represión de los críticos de la mega-minería y encubre causas inconvenientes (responsables políticos del asesinato de Kosteki-Santillán).
La misma dualidad se observa en torno a la ley de medios, a partir de la ruptura que generó el conflicto agro-sojero en la alianza del gobierno con los grandes grupos de la comunicación. Allí apareció el respaldo oficial a un proyecto de democratizador de los medios, que habían propiciado en soledad varias organizaciones sociales.
Como la ley aprobada afecta principalmente al grupo Clarín (recorte de licencias, exigencia de desinversión, control estatal del papel prensa), la poderosa corporación resiste con furiosas campañas y obstrucciones en la justicia. Ha logrado bloquear desde hace tres años la implementación de la nueva norma.
Pero el principal efecto de esta confrontación es el conocimiento logrado por la población de la manipulación informativa. Este aprendizaje es decisivo en una época signada por el dominio televisivo de la actividad política. Se ha podido notar que los principales comunicadores no actúan con independencia, profesionalidad u objetividad. Aprovechan su condición de personajes conocidos (más que los diputados) e influyentes (más que los ministros), para construir realidades virtuales divorciadas de los acontecimientos reales. Se ha tornado más visible como moldean un sentido común distorsionado, fijando la agenda pública al servicio de sus empleadores privados.
El kirchnerismo sólo buscó contrapesar el pasaje de Clarín a la oposición con la multiplicación de voces oficialistas. Por eso reparte la publicidad oficial entre seis grupos privados afines que forjan sus futuros emporios. Para facilitar este objetivo el gobierno también obstaculiza la aplicación de la ley. Congeló el otorgamiento de licencias de los medios comunitarios y paralizó el plan técnico requerido para ampliar la variedad de fuentes informativas. Pero su disputa con los grandes medios ha creado un escenario que objetivamente favorece la democratización del derecho básico a la información.
Otro terreno semejante de confrontación y consiguiente esclarecimiento popular se avecina en torno a la justicia. Durante mucho tiempo el oficialismo utilizó la protección de los tribunales (causas Oyarbide, manejo de Ciccone, enriquecimientos de altos funcionarios). Pero con el escandaloso favoritismo de la Cámara Civil y Comercial hacia Clarín, el amparo al predio robado por la Sociedad Rural en Palermo y el encubrimiento del negocio de la trata (crimen de Marita Verón) se ha desatado un fuerte conflicto, que abre caminos para una democratización del poder judicial.
Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).
Notas:
1) Hemos desarrollo este tema en “Contrasentidos del neo-desarrollismo”, 8-8-2012, Herramienta web 11, Septiembre de 2012 Ver también: “Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda”, http://www.argenpress.info, 3-4-2012.
2) Abordamos este problema en: Katz Claudio Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, (cap 2)
3) Para una comparación con el contexto de los años 50 ver: Rappaport Mario, Historia económica, política y social de la Argentina, Ariel, Buenos Aires, 2006, (cap 4). 4) La sindicalización es masiva en el sector público y muy importante en las ramas estratégicas del sector privado. Uno de cada dos nuevos empleados se agremió, consolidando un escenario muy diferente a Estados Unidos o Europa. También se reactivaron las comisiones internas, inexistentes en el grueso de América Latina.
Tres conceptos son necesarios para comprender el kichnerismo: reconstrucción del estado capitalista, régimen neo-populista y gobierno de centroizquierda. Estas nociones clarifican el ciclo actual y contribuyen a gestar un proyecto superador desde la izquierda.
Capitalismo serio con burguesías subsidiadas
El Kirchnerismo emergió bajo los efectos de la rebelión del 2001 y se abocó a restaurar el estado cuestionado por esa sublevación. Recompuso un organismo desarticulado por la extinción de la moneda, la paralización de las fuerzas represivas y la conversión de escuelas en comedores sociales. Actuó en un marco signado por la evaporación de los contratos y la pulverización del sistema político.
Entre el 2003 y el 2007 Kirchner restableció el funcionamiento de la estructura estatal que garantiza los privilegios de las clases dominantes. Pero consumó esa reconstitución ampliando la asistencia a los empobrecidos, promoviendo avances democráticos y aceptando mejoras sociales.
La emergencia quedó superada en un contexto de altos precios de las exportaciones y repunte cíclico de la rentabilidad. El gobierno reforzó entonces su política económica neo-desarrollista, priorizando el consumo y favoreciendo a los sectores agro-industriales en desmedro de los financistas.
El oficialismo busca gestar desde ese momento un “capitalismo serio” supervisado por el estado. Espera generar un círculo virtuoso de bienestar y equidad, contrapuesto al “anarco-capitalismo” neoliberal. Pero no aclara dónde se ha logrado implantar ese modelo. En los países europeos prevalece el ajuste para socorrer a los bancos y en las economías asiáticas se exprime brutalmente a la fuerza trabajo. Todas las variantes de capitalismo regulado se basan en la competencia, el beneficio y la explotación, es decir en tres rasgos antagónicos con la igualdad.
La idealización oficial del intervencionismo incluye otra expectativa: asegurar la continuidad del crecimiento con incentivos al consumo. Pero también el capitalismo estatista necesita sostener la demanda con rentabilidad e inversión. No puede auto-propulsarse sólo con mejoras del poder adquisitivo.
La ingenuidad keynesiana suele omitir ese condicionamiento o el predominio de empresarios que exigen ganancias y auxilios del estado para reducir costos. Este patrón de lucro suele desmentir todas las fantasías socialdemócratas sobre el comportamiento benevolente de los capitalistas.
El kirchnerismo también apuesta a recrear la burguesía nacional como protagonista de la acumulación. Pero los grupos concentrados fugan capital en lugar de invertir, engrosan sus patrimonios con subvenciones estatales y mantienen su rentabilidad con remarcaciones de precios.
Este comportamiento ha conducido a la reaparición de la inflación y el bache fiscal. También recobran visibilidad las tensiones derivadas del mono-cultivo sojero, el extractivismo mega-minero, la pérdida del auto-abastecimiento petrolero y el estancamiento de la reindustrialización. Estos problemas son consecuencias del propio modelo y no meros resabios de los 90. (1)
El gobierno espera corregir estos desequilibrios gestando un funcionariado con suficiente habilidad y poder para disciplinar a las grandes empresas. Pero las firmas foráneas mantienen las mismas prerrogativas de la década pasada y la vieja burguesía nacional ha decrecido, en comparación con los segmentos exportadores más internacionalizados.
Los reguladores kirchneristas no han logrado contrapesar ninguna de esas tendencias. Subsiste la histórica carencia de una burocracia eficiente y reaparece un “capitalismo de amigos” rodeado de coimas.
Comparaciones con el primer peronismo
El régimen político kirchnerista se asienta en el liderazgo presidencial, la gravitación de mecanismos delegativos y la influencia de organismos para-institucionales. Preserva todas las normas constitucionales vigentes desde 1983, pero con mayor apego a las tradiciones populistas que a los basamentos republicanos.
En ambas modalidades persiste la subordinación de la soberanía popular a los controles que ejercen las clases dominantes a través de su poder económico, judicial o mediático. Se puede votar periódicamente, pero no desafiar los privilegios sociales de los acaudalados. (2)
Pero el molde político informal de la última década sintoniza con mecanismos de gestión gubernamental más afianzados y presenta varias semejanzas con lo ocurrido durante el primer peronismo. El kirchnerismo se forjó en un contexto económico favorable e introdujo mejoras sociales, con la intención industrialista de revitalizar la autonomía nacional. Al igual que en los años 40 se consolidó en un fuerte choque con la oposición, que ha fortalecido la autoridad presidencial.
El protagonismo actual de Cristina es arrollador. Ejerce su arbitraje tironeada por grupos capitalistas concentrados que exigen ajuste y movimientos sociales que reclaman con acciones directas. CFK recurre a la misma oscilación que Perón para lidiar con esta encrucijada. (3)
Pero el kirchnerismo desenvuelve modalidades neo-populistas mucho más atenuadas que las vigentes durante el peronismo clásico. No busca la centralidad de la industria sino su rehabilitación, en una economía recentrada en torno a la exportación de bienes primarios. No confronta con Estados Unidos, sino que intenta recuperar la independencia tradicional de la política exterior que diluyó el menemismo. No apuesta al comando argentino de la zona, sino a una coordinación subordinada a la estrategia brasileña. El viejo nacionalismo ha quedado amoldado a un proyecto más acotado de regionalismo consensuado.
Esta moderación obedece ante todo a una diferencia de origen con el justicialismo. Perón nunca enfrentó la catástrofe económico-social o el descreimiento político que irrumpieron en el 2001. Tampoco rige en la actualidad la virulenta oposición militar-golpista, que radicalizaba todas las confrontaciones con el peronismo.
Pero la principal diferencia entre ambos procesos es la relación con la clase trabajadora. En los años 50 la masa obrera obtuvo logros económico-sociales inéditos para un país latinoamericano. Estas conquistas coronaron una intensa industrialización por sustitución de importaciones, que facilitó la enorme gravitación del proletariado y su posterior integración como la “columna vertebral” del justicialismo.
El kirchnerismo surgió, por el contrario, en un escenario signado por la regresión industrial y la fractura de los trabajadores en segmentos formales y precarizados. Esta división persiste al cabo de una década de regulación neo-desarrollista, puesto que la recuperación significativa del empleo y los salarios se limitó al sector registrado. Ya no rigen los avances sociales generalizados que cohesionaban a la clase obrera. Se recompuso el nivel de vida de los “incluidos” y se estabilizó el empobrecimiento de los “excluidos”.
También la clase media quedó subdividida en sectores recuperados y sumergidos. La expectativa de ascenso social se ha evaporado ante la magnitud de las desigualdades. Esa segmentación sepultó la vieja escuela pública y disolvió los servicios compartidos de salud.
El kirchnerismo se amolda a esta fractura y busca desembarazarse de la incidencia t que mantuvo tradicionalmente el movimiento obrero dentro del peronismo. Intenta congraciarse con los capitalistas para estabilizar un régimen desligado de las demandas sociales. Es cierto que favoreció inicialmente la reconstitución de los sindicatos, pero con el propósito de debilitar a los piqueteros. Cuando los gremios recuperaron su peso, el oficialismo se embarcó en una política de fractura de las centrales sindicales. (4)
Estos choques con los sindicatos no son novedosos y han signado la historia del peronismo, desde la liquidación del laborismo hasta las pugnas con el vandorismo. Las confrontaciones siempre incluyeron disputas por la conducción y los privilegios, entre burocracias estatales, partidarias y sindicales. Pero la tensión actual tiene un trasfondo más definido. El neo-populismo kirchnerista pretende eliminar la obstrucciones a la estabilización hegemónica, que impuso la insurgencia obrera durante el peronismo clásico. Esta meta requiere a su vez un tipo de gobierno muy diferente a ese modelo justicialista.
Democratización y regimentación
El gobierno kirchnerista presenta un perfil de centroizquierda. Se asemeja a otras administraciones sudamericanas que contemporizan con los movimientos sociales, sin modificar las transformaciones regresivas que introdujo el neoliberalismo. Comparte con Lula-Dilma Rousseff o Tabaré Vásquez-Pepe Mujica una ubicación política igualmente distanciada de la derecha represiva, librecambista y pro-norteamericana (Piñera, Calderón-Peña, Uribe-Santos) y del antiimperialismo radical (Chávez, Evo).
En muchos planos los presidentes de centroizquierda se asemejan a los viejos gobiernos socialdemócratas por sus agendas amoldadas al entorno capitalista y por sus políticas disuasivas de las demandas populares.
El kirchnerismo se aleja del nacionalismo burgués clásico (Perón) y de sus derivaciones reaccionarias (Isabel) o neoliberales (Menem). Retoma el proyecto de la renovación que encabezó Cafiero a mitad de los 80, cuando se buscó introducir dentro del peronismo los parámetros del período alfonsinista.
Para construir su nueva identidad el gobierno atenuó la simbología tradicional del justicialismo. Se conmemora más el fallecimiento de Evita o la victoria de Cámpora que el 17 de octubre. No hay muchas citas del General y la melodía de la marcha peronista ha quedado ensombrecida por el cancionero latinoamericano. Se ha congelado, además, el papel del PJ a favor de un proyecto transversal. Pero el nacimiento de la nueva criatura se demora y en las situaciones críticas reaparece la frenética búsqueda de respaldo justicialista.
Últimamente Cristina ha ensayado con más decisión la construcción de una fuerza socialmente alejada de la clase obrera y basada en segmentos de la clase media, el funcionariado joven y los sectores empobrecidos. Logró una significativa aproximación de la intelectualidad progresista, que estaba enemistada con el peronismo desde la traumática experiencia de los 70.
La peculiar combinación de neopopulismo y centro-izquierdismo en curso se expresa en el contradictorio aliento oficial de la democratización y la regimentación de la vida política. Los ecos de la insurgencia del 2001 se verifican en el primer terreno y la recomposición del poder estatal se corrobora en el segundo campo. El mismo gobierno que facilita el ensanchamiento de ciertos derechos democráticos, acota la ampliación de esas conquistas. Este doble movimiento se verifica especialmente en la esfera de los derechos humanos.
Kirchner reabrió los juicios a los genocidas, anuló los indultos y facilitó el encarcelamiento de los principales criminales de la dictadura (Videla, Menéndez, Astiz, Acosta). Revirtió décadas de impunidad y permitió que ya existan 378 represores condenados. El año pasado se aceleraron los mega-juicios (ESMA, La Perla. Tucumán) y comenzó la indagación de los cómplices civiles de la dictadura (como Blaquier). Se han recuperado muchos nietos y se instaló una gran difusión escolar y mediática de lo ocurrido con los desaparecidos.
Estos avances democratizadores se extendieron a otros campos con la introducción de nuevos derechos (matrimonio igualitario, voto a los 16 años, libre acceso al historial clínico, identidad de género, muerte digna), mientras crece la demanda por legalizar el aborto. La iglesia no ha podido frenar esas conquistas.
Pero esta secuencia de libertades no se proyecta a ningún terreno que pueda afectar la marcha de los negocios, los compromisos externos o las alianzas con políticos reaccionarios. Por eso se introdujo la ley anti-terrorista exigida por el Departamento de Estado, que brinda a los jueces un instrumento para criminalizar la protesta social. Se intentó también un proyecto X de espionaje de la militancia y persisten 5000 procesamientos de luchadores sociales.
Lo más preocupante es la veintena de víctimas fatales registradas en protestas populares durante los últimos tres años. En los casos más traumáticos (Mariano Ferreira, Parque Indoamericano, aborígenes QOM, campesinos del MOCASE, gatillo fácil en Bariloche, activistas de Jujuy y Rosario, el gobierno deslindó responsabilidades y descargó culpas sobre las patotas, los gendarmes o los funcionarios menores. Pero es evidente que nadie puede actuar en ese tipo de situaciones sin alguna protección oficial. El propio Poder Ejecutivo montó, además, absurdas denuncias contra dirigentes de izquierda (por “quemar los trenes”), propició la represión de los críticos de la mega-minería y encubre causas inconvenientes (responsables políticos del asesinato de Kosteki-Santillán).
La misma dualidad se observa en torno a la ley de medios, a partir de la ruptura que generó el conflicto agro-sojero en la alianza del gobierno con los grandes grupos de la comunicación. Allí apareció el respaldo oficial a un proyecto de democratizador de los medios, que habían propiciado en soledad varias organizaciones sociales.
Como la ley aprobada afecta principalmente al grupo Clarín (recorte de licencias, exigencia de desinversión, control estatal del papel prensa), la poderosa corporación resiste con furiosas campañas y obstrucciones en la justicia. Ha logrado bloquear desde hace tres años la implementación de la nueva norma.
Pero el principal efecto de esta confrontación es el conocimiento logrado por la población de la manipulación informativa. Este aprendizaje es decisivo en una época signada por el dominio televisivo de la actividad política. Se ha podido notar que los principales comunicadores no actúan con independencia, profesionalidad u objetividad. Aprovechan su condición de personajes conocidos (más que los diputados) e influyentes (más que los ministros), para construir realidades virtuales divorciadas de los acontecimientos reales. Se ha tornado más visible como moldean un sentido común distorsionado, fijando la agenda pública al servicio de sus empleadores privados.
El kirchnerismo sólo buscó contrapesar el pasaje de Clarín a la oposición con la multiplicación de voces oficialistas. Por eso reparte la publicidad oficial entre seis grupos privados afines que forjan sus futuros emporios. Para facilitar este objetivo el gobierno también obstaculiza la aplicación de la ley. Congeló el otorgamiento de licencias de los medios comunitarios y paralizó el plan técnico requerido para ampliar la variedad de fuentes informativas. Pero su disputa con los grandes medios ha creado un escenario que objetivamente favorece la democratización del derecho básico a la información.
Otro terreno semejante de confrontación y consiguiente esclarecimiento popular se avecina en torno a la justicia. Durante mucho tiempo el oficialismo utilizó la protección de los tribunales (causas Oyarbide, manejo de Ciccone, enriquecimientos de altos funcionarios). Pero con el escandaloso favoritismo de la Cámara Civil y Comercial hacia Clarín, el amparo al predio robado por la Sociedad Rural en Palermo y el encubrimiento del negocio de la trata (crimen de Marita Verón) se ha desatado un fuerte conflicto, que abre caminos para una democratización del poder judicial.
Claudio Katz es economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).
Notas:
1) Hemos desarrollo este tema en “Contrasentidos del neo-desarrollismo”, 8-8-2012, Herramienta web 11, Septiembre de 2012 Ver también: “Afloran los límites del modelo: Un balance de los Economistas de Izquierda”, http://www.argenpress.info, 3-4-2012.
2) Abordamos este problema en: Katz Claudio Las disyuntivas de la izquierda en América Latina. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2008, (cap 2)
3) Para una comparación con el contexto de los años 50 ver: Rappaport Mario, Historia económica, política y social de la Argentina, Ariel, Buenos Aires, 2006, (cap 4). 4) La sindicalización es masiva en el sector público y muy importante en las ramas estratégicas del sector privado. Uno de cada dos nuevos empleados se agremió, consolidando un escenario muy diferente a Estados Unidos o Europa. También se reactivaron las comisiones internas, inexistentes en el grueso de América Latina.
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