Carlos Menem se había cruzado más de una vez con la viuda de Pablo Escobar Gaviria, en la cancha de golf del selecto country Las Praderas.
Más de un vecino del lugar supo siempre que la mujer que se hacía
llamar María Isabel Santos Caballero era en verdad la esposa del mítico
jefe del Cartel de Medellín, pero a ninguno pareció preocuparle
demasiado.
“Si aquí viene el Presidente aún sabiendo que la mujer está a unos metros, significa que está todo bien”, explicó uno de ellos.
Victoria Eugenia Vallejos empezó el trámite de radicación cuando llegó
al país en 1995, y obtuvo su DNI poco tiempo después como “inmigrante
con capital”. Una alta fuente de la ex SIDE aseguraba que sabía de “la
presencia de la viuda de Escobar desde hace tres años”.
Fue una nota de televisión mostrada por el entonces programa “Memoria”
lo que delató su presencia en Argentina, y lo que produjo que a las
pocas horas la Justicia ordenara su detención en un departamento del
barrio de Saavedra, bajo las acusaciones de “falsificación de
documentos” y “lavado de dinero del narcotráfico”.
En medio del estallido del escándalo, Menem afirmó que la presencia de
la viuda de Escobar Gaviria no significaba “que en la Argentina esté
asentado el narcotráfico”, agregando que no tenía conocimiento acerca de
si la mujer y sus hijos contaban con documentación argentina. Según Menem, la viuda y el joven detenido “aprovecharon que Argentina es un país abierto para instalarse aquí”.
La mujer había llegado casi cinco años antes y las autoridades, a pesar
de saber quien era no le dieron importancia a su verdadera identidad.
Fue cuando la viuda de Escobar empezó a “invertir”. Era evidente el
gran poder adquisitivo que mostraba y, por el contrario, daba pocas
explicaciones sobre el origen de su fortuna.
En el Ministerio del Interior y en la Secretaría de Inteligencia habían
asegurado que no sabían nada, que los engañaron, pese a que el
Presidente había asegurado que sabia desde hacía varios años de la
presencia de Victoria Vallejos.
Por lo pronto, la Justicia ya había acreditado que la viuda violó la
ley por haber usado en Argentina documentos falsos para realizar sus
trámites.
Pocos días después una investigación demostró que el cambio de
identidad de la viuda de Pablo Escobar y su llegada a la Argentina
habían sido producto de un acuerdo realizado en 1994 entre la DEA, el
gobierno de Colombia y la mujer, en un programa llamado “Protección a
las Personas”.
La cuestión quedó en conocimiento solo de un funcionario de la embajada
de Colombia, un par de delegados de la DEA en la Argentina —que ni
siquiera sabían la nueva identidad de la mujer, sino que tenían un
mensaje cifrado— y unos pocos hombres del gobierno argentino.
Según lo reconoció entonces Carlos Menem, él supo de la presencia de la
viuda de Escobar Gaviria. El ex primer mandatario sostuvo incluso que
se le dio protección “durante el último año y medio”, aunque no quedó
claro si a través de un operativo o simplemente dejándola en el país.
Más allá del tema del acuerdo, quedaba claro que el Gobierno estaba protegiendo a alguien que lavaba dinero del narcotráfico.
Era obvio que los U$S 2.500.000 que manejó Vallejos en la Argentina
debían venir de los restos del Cartel de Medellín; a tal punto que la
viuda mantenía en esos mismos días una negociación con el gobierno de
Colombia para restituir algunas propiedades y bienes.
La sombre de Yabrán
El 8 de diciembre de 1999, diario La Nación iba a echar más leña al
fuego: en la redacción del diario habían aparecido documentos de la DEA
que vinculaban a Alfredo Yabrán con la familia Escobar, a través de una
maniobra de lavado de dinero del Cártel de Medellín.
Ramón Costello, un narcotraficante que estaba cansado de llevar vida de
fugitivo, había aceptado entregarse y convertirse en informante de la
DEA a cambio de una reducción de su pena de 20 años de prisión.
Como no quería ir a la cárcel, Costello aceptó infiltrarse en el Cartel de Medellín a efectos de armar contactos.
Los norteamericanos tenían un plan: juntarse con unos bancos de Atlanta
y Nueva York para armar un lavadero de narcodólares y usar los
contactos de Costello para conseguir clientes.
La idea era armar una red de inteligencia que los condujera a los
cargamentos de drogas y a las cuentas off shore de los narcos
colombianos.
Pero el plan iba a funcionar hasta cierto punto. A pesar de que habían
conseguido contactos y lograron armar reuniones en Colombia con el
mismísimo Pablo Escobar Gaviria, los clientes usaron la “lavandería” una
sola vez aduciendo que era muy lenta.
“Dos semanas es demasiado tiempo. En ‘La Mina’, la plata se lava en dos días”, confesaron a los agentes encubiertos de la DEA.
El tema era, ahora, determinar que diablos era “La mina”. Finalmente,
tras una paciente investigación de la DEA, el FBI, el U.S. Customs
Service (Aduana), el IRS (dirección impositiva) y el CBNE (la agencia
antinarcóticos de California) se descubrió una red de lavado que entre
1986 y 1989 había blanqueado mil millones de dólares para el Cartel de
Medellín.
La operación, que se denominó “Polar Cap”, culminó con un duro golpe al
Cartel de Medellín: Pablo Escobar y su lugarteniente, Fabio Ochoa,
fueron procesados por primera vez por la justicia de los Estados Unidos.
Una docena de joyeros de Los Ángeles y varios recaudadores del Cartel
de Medellín fueron apresados. Entre ellos el joyero argentino Raúl
Vivas, inventor de “La Mina”, que recibió una sentencia de 505 años de
prisión.
“La Mina” aparecía en los documentos de la DEA sobre Yabrán porque éste
tenía un socio en una cuenta millonaria que la DEA investigó en 1991. Ese
socio, que en el paper del organismo aparece como el "presidente de
Juncadella SA en 1988" (aparentemente Amadeo Juncadella), también fue
investigado a fondo durante la operación Polar Cap. Resulta que
Juncadella tenía una subsidiaria en Estados Unidos, Prosegur Inc.
Prosegur Inc. aparece mencionada en un pasaje revelador del libro
"Lavado en oro", que la periodista Ann Woolner escribió sobre Polar Cap:
“Y ahora, un nuevo informe de la Aduana corroboraba los dichos de
Martínez (un narco) que habían sido ridiculizados en reuniones
anteriores. Martínez se la pasaba contándoles a los agentes de Atlanta
que La Mina importaba oro desde Uruguay, a pesar de que no existen minas
de oro en ese país. Ahora, (los fiscales) tenía un informe de la Aduana
que analizaba las importaciones de oro entre enero de 1986 y agosto de
1987. Las cifras eran un poco viejas, pero el resultado igualmente
revelador: de los 44 países que exportaron oro a los Estados Unidos,
Uruguay figuró en segundo lugar...”.
La mitad de los cargamentos de oro desde Uruguay iban a parar a la
empresa de transportes de caudales, Prosegur, ubicada en el piso 16 del
edificio Jewelry Mart (en Los Angeles).
Prosegur Inc. nunca fue procesada por lavado de dinero en los
Estados Unidos, y de hecho siguió operando en ese país hasta, por lo
menos, junio de 1994.
"No pudimos demostrar que ellos sabían lo que transportaban y guardaban
en sus depósitos", dijo el ex fiscal de Polar Cap, Wilmer Parker, hoy
dedicado a la práctica privada en Atlanta. Sin embargo, de los cables de
la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella había sido investigado
por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI
de Houston a raíz de Polar Cap.
En las transcripciones del caso “La Mina”, archivadas en el edificio de
la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de que
Prosegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsables, cumplió una
multiplicidad de servicios en favor de los narcos de “La Mina”, que
lavaba millones de dólares por día.
LA DEA pudo determinar que ese dinero se triangulaba en Panamá. Parte
volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la
infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra
parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones,
laboratorios y traslados de cocaína. El dinero de las ganancias se
guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay.
Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar
inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la
Plata.
Tal vez por todo esto fue que la "protección" para la familia Escobar
en la Argentina duró hasta el final del mandato de Carlos Menem.
Fuente:
mdz
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