".... Sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar”

Increíble explicación del gobierno provincial por la utilización de una camioneta de Lázaro Baéz por parte del gobernador

30/04 – 10:45 – Inmediatamente a nuestra nota de ayer, sobre la utilización de una camioneta Nissan Murano de la empresa Epsur, por parte del gobernador de Santa Cruz, Prensa emitió un comunicado que pasa a ser una pieza de colección. A menos que su redactor haya querido embarrarle más la cancha al Ejecutivo y poner más dudas que certezas, no se aprecia en su texto la intención de aclarar nada y trastabilla con el razonable criterio político que debe preceder a réplicas de este tipo.

Ayer publicamos nuestra nota titulada “El Gobernador Peralta utiliza una camioneta Murano de Epsur, la empresa de Lázaro Báez”, donde contamos que la provincia recibió camionetas de Epsur y Misahar, empresas petroleras de Lázaro Baéz, en el marco de un Decreto del PE que obliga a las petroleras a ceder logística con fines de control, algo realmente controvertido y rayano en los ridículo, pero que de todos modos puede ser discutida la conveniencia o no, desde el punto de vista ético y práctico, de aceptar u obligar a las operadoras a realizar este tipo de “donaciones” para que el Estado ejerza el control de las mismas.

Lo cierto es que un par de horas después de nuestra publicación, Prensa de gobierno emitió un comunicado oficial del Instituto de Energía de la provincia, cuyo texto queremos analizar con detenimiento porque la pieza en sí misma constituye una falacia pero, además, peca de “ocultadora” de hechos que suponíamos podrían existir y que a partir de su lectura, quedan absolutamente confirmados: el Estado se hace ceder bienes por parte de las empresas con el falso objeto de afectarlos a “control”, para darles un uso absolutamente arbitrario y distinto al establecido.

Como primera medida vamos a transcribir en forma textual y sin ningún tipo de modificación, el texto enviado por gobierno, luego haremos el correspondiente análisis.

“A raíz de versiones periodísticas que afirman que el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, el Sr. Daniel Peralta, utiliza para su uso personal vehículos de empresas pertenecientes al empresario Lázaro Báez, el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz aclara:

Que la utilización de esos vehículos de manera oficial, está prevista y acordada por contrato con las empresas en las licitaciones realizadas con las mismas. Las empresas tienen la obligación de ceder vehículos al Gobierno Provincial para ser utilizados en actividades de control de diversas áreas de la Provincia. Para esta gestión es importante que las empresas cumplan los contratos firmados por la provincia.

Estas empresas han sido notificadas oportunamente del uso que se le iba a suministrar a cada uno de los vehículos y brindaron su conformidad.
El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en el desarrollo de sus tareas, recorre la provincia permanentemente y para ello utiliza uno de estos vehículos que fueron afectados al parque automotor del Gobierno Provincial.
Conocidos son las características de los caminos de la provincia y para eso es necesario que el vehículo utilizado por el jefe del Ejecutivo brinde las condiciones óptimas de seguridad para trasladarse por los diferentes puntos de la Provincia y que su investidura requiere. El vehículo Murano JZL-884 es el único de las características necesarias para el despliegue de la logística del Gobernador del que dispone el parque automotor del Estado provincial. Por estas características se dispuso utilizar las herramientas que se tienen a disposición, y evitar perjuicio y gasto alguno a las finanzas públicas.
El Gobernador no tiene conocimiento sobre quién es el dueño del vehículo, ni está cometiendo irregularidad alguna al utilizarlo para cumplimentar su trabajo de funcionario público.
Es este Instituto quien pone el vehículo a disposición de la Gobernación. Esta modalidad no es exclusiva de esta gestión. El Ministerio de Planificación de la Nación, gobiernos provinciales o incluso Presidencia de la Nación utilizan logística aportada por empresas, conformes a la ley y reglamentos.
Cualquier conjetura que se quiera realizar por el uso de este vehículo corre por cuenta de quién la afirma y nada más.
La realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas. No hay nada que ocultar.

A su vez, el Presidente del Instituto de Energía de la Provincia informa que ya se iniciaron procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos”.

Analicemos

El sofisma en un argumento aparente con el que se quiere defender o persuadir a otro de algo que es falso.

Dicho esto, la pieza que acabamos de transcribir de Prensa de Gobierno, es un verdadero sofisma con un agregado más grave aún: la falacia. Es, definitivamente lo que podríamos llamar, creando un neologismo: una sofilacia. Veamos:

1º - “A raíz de versiones periodísticas que afirman que el Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, el Sr. Daniel Peralta, utiliza para su uso personal vehículos de empresas pertenecientes al empresario Lázaro Báez, el Instituto de Energía de la Provincia de Santa Cruz aclara:

Desde el encabezamiento empezamos mal. Las “versiones” no son tales, es una investigación periodística con documentación y comprobación empírica de lo que se muestra allí donde, claro está, se afirma que el gobernador utiliza para su uso personal un vehículo de la operadora Epsur, que además, se refrenda de manera inobjetable con la fotografía de tapa.

2º - Que la utilización de esos vehículos de manera oficial, está prevista y acordada por contrato con las empresas en las licitaciones realizadas con las mismas. Las empresas tienen la obligación de ceder vehículos al Gobierno Provincial para ser utilizados en actividades de control de diversas áreas de la Provincia. Para esta gestión es importante que las empresas cumplan los contratos firmados por la provincia.

El escriba en este párrafo, rellena de nada una explicación que parece arrancar pero se queda en la línea de largada. Nosotros en nuestra nota nunca dijimos que la utilización de vehículos de las empresas fuera algo que no está “acordado” en la legislación. De hecho mencionamos que existe un Decreto del PE que así lo exige, ahora, que eso sea “legal” no significa que sea ético ni compatible con la función que debe tener el Estado.

Sigue la frase de relleno cuando aclara que las empresas están obligadas a ceder los vehículos, obvio si la ley así lo determina la deben cumplir, pero hace hincapié en algo en lo que luego se contradice: “para ser utilizados en tareas de control” y aquí está el quid de la cuestión, como lo vamos a ver más adelante.

3º - El Gobernador de la Provincia de Santa Cruz, en el desarrollo de sus tareas, recorre la provincia permanentemente y para ello utiliza uno de estos vehículos que fueron afectados al parque automotor del Gobierno Provincial.

He aquí la primera objeción: si los vehículos, como dice Energía, “están afectados a actividades de control” ¿Es Peralta el hombre que el Instituto de Energía tiene para ir a relevar en las distintas áreas petroleras de Epsur-Misahar, si se extrae el petróleo y el gas tal cual lo acordado, si se cumplen las normas de seguridad etc? Sabemos que el Instituto no tiene nada más que un solo controlador, pero eso no significa que el Gobernador tenga que cumplir estas tareas técnicas; por lo tanto, si Peralta utiliza ese vehículo es por fuera de las tareas asignadas a los vehículos que les exigen entregar a las operadoras.

4º - Conocidos son las características de los caminos de la provincia y para eso es necesario que el vehículo utilizado por el jefe del Ejecutivo brinde las condiciones óptimas de seguridad para trasladarse por los diferentes puntos de la Provincia y que su investidura requiere. El vehículo Murano JZL-884 es el único de las características necesarias para el despliegue de la logística del Gobernador del que dispone el parque automotor del Estado provincial. Por estas características se dispuso utilizar las herramientas que se tienen a disposición, y evitar perjuicio y gasto alguno a las finanzas públicas.

Un párrafo sin desperdicio. Todos estamos de acuerdo en que el jefe del Ejecutivo debe viajar seguro, en el traslado por la provincia y conocemos el estado de los caminos (aunque esa frase es desafortunada de parte del redactor, porque son los caminos que históricamente arregla, desarregla, remienda y descose Austral Construcciones, empresa propiedad del quien le cede la camioneta al gobernador, ergo: Lázaro Báez).

Es una falacia total que el vehículo Nissan Murano JZL 884 sea “el único de características necesarias”, ya que la provincia posee poderosas Toyota SW4 y Hilux, todas 4×4, equipadas, mantenidas y de modelos recientes. Y yendo un poco más allá, hasta diría que las SW4 tienen mayor prestación y ductilidad para transitar en algunas zonas de la provincia, que la Nissan, concebida en otros estándares técnicos. La única explicación que encaja en el argumento esgrimido: “el único de características necesarias”, es que Peralta quiera viajar en una Murano y no en una Toyota; por lo demás es un argumento falso, tanto como cuando concluye el párrafo, al decir que de esta manera “se evita el perjuicio y gasto a las finanzas públicas”. De repente parece que se trata de un gobierno de indigentes que debe recurrir a las empresas amigas para que le salven el día ¿No será demasiado, tratar de tomarle el pelo a la gente, de esta poco sutil manera?.

Una pregunta casi retórica es ¿Desde cuándo el gobernador tiene que andar en vehículo prestado para “cuidar las finanzas públicas”?. Imposible que tal argumentación encaje en la realidad provincial, excepto, claro (como en este caso) que se trate de maquillar lo que es obvio, pero que – lógicamente – por obvio no se puede disimular.

5º – El Gobernador no tiene conocimiento sobre quién es el dueño del vehículo, ni está cometiendo irregularidad alguna al utilizarlo para cumplimentar su trabajo de funcionario público.

Si algo le faltaba a esta destartalada disculpa del gobierno, es esta sobredosis de inocencia que intentan asignarle a peralta, solo comparable con la de la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, quien hace dos años se transporta en los aviones de Top Air SA, pero aún sigue diciendo que no le consta que la empresa pertenezca a Lázaro Báez. El problema no es que lo siga diciendo, el problema (para ella), es que nadie le cree.

Si algo caracteriza al gobernador Peralta, es ser una persona intuitiva, conocedora de todo lo que pasa a su alrededor y rápido de reflejos, por lo cual es muy desafortunada la intentona del redactor por despegar a su jefe haciéndolo pasar por lo que no es. Queremos aclararle a los mentores de este “comunicado”, que existe un documento denominado “tarjeta verde” que es la identificación del vehículo donde figura el origen, el propietario y/o la empresa (persona física o jurídica) propietaria del rodado.

Teniendo en cuenta este dato tan elemental, hicimos lo más elemental que hay, que es buscar en el Registro Automotor y allí, la Nissan Murano JZL-884, figura a nombre de la empresa Epsur SA, Más claro, hay que ponerle agua (no de Río Gallegos, precisamente).

Si aplicamos la premisa que infiere el autor del comunicado, el gobernador podría estar en un problema grave, porque si no sabe de quien es el auto en que anda, mañana podría estar viajando en el auto de un narcotraficante o de un vendedor de armas, hecho probable, ya que “no sabe” en qué vehículo se mueve por los caminos de la provincia. Es un signo de grave descuido que Peralta debiera tomar en serio y comenzar a preocuparse por leer, al menos una vez, la tarjeta verde de los autos a los que sube.

La disculpa que ensaya al final del párrafo, está por verse. Porque si los vehículos son aportados por las empresas para “tareas de control”, como el mismo Presidente del Instituto de Energía lo reconoció, reiteramos lo que nos planteamos en párrafos anteriores: no creemos que Peralta ande por los yacimientos controlando locaciones petroleras ¿O sí?.

6º – Es este Instituto quien pone el vehículo a disposición de la Gobernación. Esta modalidad no es exclusiva de esta gestión. El Ministerio de Planificación de la Nación, gobiernos provinciales o incluso Presidencia de la Nación utilizan logística aportada por empresas, conformes a la ley y reglamentos.

A este párrafo si tuviéramos que titularlo le pondríamos “Te despego Daniel, parte II – la saga”. El Sr Ferreiro intenta responsabilizarse de haber sido él, quien asignó el vehículo al gobernador e inmediatamente sacarse el lazo advirtiendo que los otros que le precedieron también lo hacían. Pero, lamentablemente, debemos decirle que no es así; la decisión salió de niveles superiores al IE. De la investigación que hicimos tenemos conocimiento que se iban a adjudicar dos Hilux y desde gobierno pidieron “por esas dos Toyota mandame una Murano”; y así fue.

El hecho que de esta actividad no sea “exclusiva” de esta gestión y que esté incorporada al quehacer del gobierno nacional y provincial, amparado bajo normas que así lo establecen, no hace legítimo el uso de bienes que aporta una empresa al Estado que debe controlar su producción. Claro que es legal, porque los mismos integrantes de los gobiernos que usufructuan esos beneficios, se encargaron de legislar en este sentido.

Aquí nadie dice que sea ilegal, es éticamente reprobable, nada más (y nada menos).

Precisamente, si algún gobernante interpreta que la corrupción hay que combatirla en todos los frentes, es imposible que pensemos en estos términos, porque claro está, que esta situación, por demás irregular (un Estado controlante, pidiéndole bienes al controlado) es caldo de cultivo para que la corrupción exista y se propague; de hecho hemos apuntado en nuestra nota que a estas camionetas aportadas por Epsur y Misahar, se las ve en posesión de personas que las usan para vacacionar, no están identificadas y usan combustible de las empresas que deben controlar. Invitamos a calificar esta acción, si no es a través del vocablo “corrupción”.

7º - Cualquier conjetura que se quiera realizar por el uso de este vehículo corre por cuenta de quién la afirma y nada más. La realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas. No hay nada que ocultar.

En realidad nosotros no conjeturamos. En nuestro informe apuntamos con datos precisos y documentación probatoria, todo lo que allí decimos. Por otra parte, arrogarse la potestad de decir que “la realidad simple e inobjetable es lo que se presenta en estas líneas” tiene ciertas remembranzas chavistas o bien kirchneristas en su más fiel escencia, como quien intenta levantar una muralla ante los ojos de la gente para expresarles: lo que les cuentan son todas mentiras, la única verdad es la nuestra ¿Será así?

8º - A su vez, el Presidente del Instituto de Energía de la Provincia informa que ya se iniciaron procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos.

El broche de oro de esta suerte de “sofilacia” de la contradicción, la suma el escriba al final de su prosa, cuando ya se despedía de tan magna tarea y termina metiendo la pata por última vez.

Luego de decir que “no hay nada que ocultar”, reafirma que si lo hubo, porque indica la pluma humeante del justificador a destajo, que se han iniciado los procesos administrativos para verificar y corroborar el correcto uso de los vehículos. Esto remarca, claramente que hubo y hay cuestiones ocultas, o sea, fuera del conocimiento público.

Vacuo, sin alma, suena esta última advertencia. Ya sabemos que el presidente Ferreiro no irá contra su hijo, que utiliza el vehículo particularmente, como él, o como su Secretario o como Heller, el Vicepresidente y tantos más que tenemos registrados.

Por más que nos tiren por la cabeza la excusa de que “es legal” nosotros vamos a seguir sosteniendo que nunca dijimos lo contrario, lo que no nos parece, es que sea “legítimo”.

Legal, es todo lo que se rige bajo los márgenes de la ley, las legislaciones vigentes y los marcos regulatorios, como en este caso, aunque pensemos que estas leyes fueron confeccionadas, precisamente para facilitar esto que hoy vemos. Lo legítimo es aquello que se apega a los márgenes y estatutos de la ética; y aquí está el punto de replantearse si lo que hacen las autoridades usufructuando personalmente bienes de una empresa que contrata con el Estado, no es éticamente reprobable.

Finalmente, al ideólogo de este “comunicado” le dejamos una reveladora frase del filósofo británico Ludwig Wittgenstein “Lo que se deja expresar, debe ser dicho de forma clara; sobre lo que no se puede hablar, es mejor callar”. (Agencia OPI Santa Cruz)