JUSTICIA DEMOCRATICA

21 puntos por una JUSTICIA DEMOCRATICA

A toda la sociedad democráticos entre todas las personas que se desempeñan en el Poder Judicial, con pleno respeto de los derechos individuales, laborales y gremiales amparados por la Constitución y las demás normas. 9.- Debe establecer estrictas y claras incompatibilidades personales, profesionales, de intereses y de conducta, así como la dedicación exclusiva para todos los magistrados y altos funcionarios judiciales, para los procesos de selección y para el desempeño  del cargo de Consejero. 10.-  Debe impedir la monopolización de los cargos de consejeros por los abogados y abrir posibilidades a la integración con representantes de otras ramas de las ciencias, especialmente de las sociales y de la cultura, como representantes de los distintos grupos electores.    11.- Debe promover, desde el inicio de la formación profesional y con énfasis, la preparacion especial y la vocación para ocupar los cargos de magistr Desde un conjunto amplio de organizaciones sociales, judiciales, de derechos humanos y políticas que venimos trabajando en pos de una verdadera democratización de la justicia y disentimos respecto del modo que ha sido encarada por el gobierno nacional, hemos construido –basados en  las diversas luchas populares en este sentido- este manifiesto de 21 puntos para una Justicia Democrática. 1.- La reforma del Poder Judicial debe adecuarse a los mandatos constitucionales que rigen en la Nación Argentina. 2.- Debe ser objeto de los más amplios y participativos debates, que favorezcan consensos sólidos, por tratarse de la reforma institucional más importante en décadas. 3.- Debe ser elaborada y concretada a favor de los intereses y derechos del pueblo y no para proteger necesidades y objetivos políticos y económicos corporativos o sectoriales. 4.- Debe preservar el principio de separación de los poderes, la independencia y el ejercicio pleno de su facultad de control constitucional, legal y de razonabilidad sobre los actos de los otros poderes del Estado. En consecuencia, debe impedir que estos poderes políticos y partidarios controlados elijan a los jueces controlantes. 5.- Debe establecerse un organismo popular asesor del Consejo respetando el derecho humano a participar directamente en los asuntos públicos. 6.- Debe someter a los postulados a consejeros a un procedimiento previo de control público y participativo de idoneidad especial para el cargo de Consejero, más exigente que el establecido para los candidatos a magistraturas judiciales.  7.- Debe garantizar la distribución de los cargos de consejeros respetando la igualdad de género. 8.- Debe promover enfáticamente la vigencia plena de los mecanismos administrativos y de trabajo ados.  12.- Debe evitar que la designación, la remoción y el disciplinamiento de los jueces quede a merced de intereses oficialistas u opositores. 13.-  Debe permitir la participación de la ciudadanía y de quienes alegan con verosimilitud ser víctimas de los delitos o faltas en los procesos disciplinarios o de remoción  de los jueces. 14. Debe establecer plazos estrictos para la ejecución de todos los pasos en la  selección, remoción o sanción, incluyendo el procedimiento ante el P.E. y el Senado ulterior a la elevación de la terna vinculante, bajo apercibimiento de publicación por el Consejo, obligatoria y periódica mientras no se corrija la omisión,  del vencimiento de dichos plazos. Además, debe impedir la manipulación acumulativa de las ternas, determinar que debe designarse a uno de los ternados para el cargo concursado. 15.- Debe respetar las facultades constitucionales del Consejo de la Magistratura para la administración del Poder Judicial, entre ellas, la de regular el ingreso de funcionarios y empleados, tal como se llevó a la práctica en el Ministerio de la Defensa Pública, en ejercicio de potestades propias. 16.- Debe tomar especialmente en cuenta las experiencias muy diferentes sobre Consejos de las Magistratura con participación popular y de los trabajadores judiciales en distintas provincias, a partir del fracaso de otros desarrollos provinciales en los que prevalecen el factor político partidario, la ingerencia de los otros poderes del Estado y la exclusión de otras formas legitimas de participación popular.  17.- Debe establecer similares regímenes a los destinados a los jueces, para la selección, remoción y  disciplinamiento del Ministerio Publico, dada su gravitación muy determinante en la administración no democrática de justicia, su estructura verticalista y cerrada a la participación popular. 18.- Debe devolver al Poder Judicial la facultad constitucional exclusiva de investigar imparcialmente la comisión de los delitos, por separado de su potestad de juzgarlos, y proveerlo de una Policía Judicial bajo su dirección, desplazando de los actos investigativos y periciales a todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo que ejercen indebidamente funciones judiciales. 19.- Debe garantizar no sólo el acceso del pueblo a los tribunales sino también a un proceso y un juicio justos.  20.- Debe abstenerse de incluir toda norma que recorte directa o indirectamente la garantía constitucional del amparo contra los múltiples y constantes actos del Estado que atentan contra los derechos humanos, o faculten al Estado a reclamar la interrupción, prohibición, represión o criminalización de huelgas y demás protestas sociales.  21.- Debe garantizar a todo el sistema judicial la cantidad suficiente de factores,  recursos económicos y edilicios, y los demás medios imprescindibles para el cumplimiento cabal de sus fines. Porque consideramos que tanto el Poder Judicial de la Nación, como los poderes judiciales del país, están muy lejos de merecer la calificación de democráticos por la notoria aberración de sus desempeños respecto de la legalidad democrática.  Porque entre las causas más importantes que explican esta lamentable característica del Poder Judicial a todos sus niveles, está la constante presión política mediatizadora, concretada en leyes de organización y procedimientos judiciales deficientes, recursos insuficientes e intromisión desmedida en su administración, plasmada en mecanismos de todo tipo para lograr jueces complacientes, ataques a jueces independientes y protección a los malos jueces, entre otras.  Porque consideramos que hay responsabilidad total o muy alta del poder politico partidario por la mala calidad de la selección de magistrados desde mismo origen del Poder Judicial, ya que todos los malos jueces han sido designados o ratificados bajo ese influjo.   Porque desde el propio Poder Judicial, existe un alto grado de verticalismo, generalización del comportamiento corporativo, mala formación jurídica y moral, insensibilidad social, elitismo y discriminación, abuso de privilegios, abulia, no compromiso con la legalidad y los derechos humanos, conducta paternalista y arbitraria, legalmente calificada de desleal, con el personal de empleados y funcionarios judiciales, condescendencia con los poderes económicos, políticos y confesionales, dictado de sentencias y omisiones que privilegian intereses contrarios a la Nación. Por todos estos aspectos, opinamos que las iniciativas para cambiar este Poder Judicial deben partir de la convicción de que el verdadero Poder Judicial que nos corresponde no puede surgir de medidas que acentúen las causas de su falta de independencia e inoperancia en favor del pueblo, o de reformas contraproducentes o intrascendentes, como las que, salvo excepciones, se propician desde el gobierno actual. Una vez mas, desde el poder político, al igual que en las sucesivas leyes orgánicas del Consejo de la Magistratura  se intenta una nueva alquimia para lograr una magistratura amigable cuando no sumisa, frustrando las expectativas que despertó la creación constitucional del instituto, a pesar de sus fallas de origen. Entendemos que todas las organizaciones estamos participando activamente ante esta embestida para frenar una reforma que perjudicará a la mayor parte de nuestra población y que lejos de significar un avance en nuestro sistema judicial implica un fuerte retroceso, queremos hacer un aporte a un conjunto de elementos que conduzcan a un Poder Judicial democrático, independiente de todos los poderes políticos, económicos y confesionales, y que sirva al pueblo, que se reflejan en estos 21 puntos por la JUSTICIA DEMOCRATICA.