Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)
¿Qué es mayor delito: Asaltar un Banco o fundar un Banco?
(Bertold Brecht, La ópera de dos centavos)
I. « Mientras que al delincuente contra la propiedad suele
considerárselo un marginado y como un problema individual frente al
orden social, el delincuente económico, por el contrario, ni es
marginado ni se enfrenta individualmente con el sistema, al que, por
otra parte, pertenece, pues en efecto, los delincuentes pertenecientes a
grupos socioeconómicos superiores no son ni mucho menos marginados sino
aceptados o tolerados » (López- Rey y Arrojo, Criminalidad y abuso de
poder, Edit. Tecnos, Madrid. Sin fecha).
"Como se ha visto, esto no quiere de ninguna manera decir que las
conductas transgresoras se concentran efectivamente en la clase
proletaria y en los delitos contra la propiedad. Incluso la criminología
liberal demuestra, por el contrario, con las investigaciones acerca de
la cifra negra sobre la criminalidad de cuello blanco y sobre la
criminalidad política, que el comportamiento "criminal" existe en todas
las clases sociales, que la nocividad social de las formas de
criminalidad propias de la clase dominante y ampliamente inmune, es
mucho más grave que la de toda la criminalidad efectivamente perseguida.
Por otra parte, el sistema de inmunidades y de criminalización
selectiva corresponde al estado de las relaciones de poder entre las
clases, de manera de ofrecer por un lado un salvoconducto más o menos
amplio a las prácticas ilegales de los grupos dominantes cuando atacan
los intereses y los derechos de las clases subalternas o de las naciones
más débiles y, por el otro...con un estrechamiento más o menos riguroso
de la esfera de acción política de los movimientos de emancipación
social" (Alessandro Baratta, Criminología crítica y crítica del derecho
penal, Edit. Siglo XXI, México, 1986).
Hay que comenzar, entonces, por despertar la «alarma social » frente a
la criminalidad consistente en la violación de los derechos económicos,
sociales y culturales, dado que buena parte de la opinión pública está
condicionada de manera tal que reacciona contra el que roba, comete una
agresión o un homicidio, pero considera que está en el «orden normal de
las cosas » o que «corresponde a las leyes del mercado», actividades
delictuosas que condenan a millones de seres humanos al hambre, a la
enfermedad y a la muerte.
Entre esas actividades delictuosas, además de las que son formalmente
legales o están en el límite entre la legalidad y el delito, se pueden
mencionar los delitos económicos que comportan, directa o
indirectamente, la violación de los derechos económicos, sociales y
culturales de la población, como son: la malversación de caudales
públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de los funcionarios,
las infracciones al régimen cambiario, etc.
Además, hay actividades que realizan grandes sociedades transnacionales
en el dominio privado que son formalmente legales, pero que se pueden
desarrollar en una zona gris donde es difícil distinguir si se trata de
la utilización legítima de una estrategia en el mercado o del abuso del
poder económico para controlar los precios, monopolizar el acceso a las
materias primas, establecer precios abusivos de monopolio u oligopolio
de ciertos productos, como hacen las transnacionales farmacéuticas con
los medicamentos, etc..
Por otra parte, las que aparecen como opciones de política económica
adoptadas libremente por ciertos gobiernos, además de corresponder al
interés exclusivo de las élites económicas, son el fruto de la presión y
de la corrupción utilizadas por entidades económicas y financieras
internacionales.
En efecto, se podrían dar múltiples ejemplos de casos en que las
políticas económicas ultraliberales, no son otra cosa que el medio de
obtener enormes ganancias de manera ilícita, recibiendo sobornos y/o
participaciones en negocios, y de hacer beneficiar de dichas políticas a
los grupos económicos que rodean al poder político, todo ello en
perjuicio del país y contra los derechos fundamentales de la población.
Las privatizaciones y «desregulaciones », muchas veces se llevan a cabo
en tales condiciones.
Lo mismo ocurre con las operaciones que dieron origen a la actual
desmesurada deuda externa de los países del Sur. Muchas de dichas
operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento,
intereses usurarios, comisiones y otros costos desproporcionados.
Algunas operaciones fueron simplemente simuladas. En ellas aparecían
como deudores empresas privadas o individuos de ciertos países
periféricos y como acreedores grandes Bancos de los países
desarrollados, es decir que se asociaron para delinquir personas
privadas de los países periféricos y grandes Bancos transnacionales. Más
tarde esas deudas fueron «estatizadas » (en los países periféricos se
privatizan las empresas y recursos nacionales y se «estatizan » las
deudas de los particulares). Y ahora los pueblos están pagando deudas
contraídas por particulares incluso, entre ellas, deudas simuladas.
II. LOS PARAÍSOS FINANCIEROS. Uno de los delitos económicos de más
envergadura por su monto es la utilización de los paraísos financieros
por las grandes empresas y los multimillonarios.
Este tema retomó ahora actualidad a raíz de la revelación de que Jerôme
Cahuzac, ministro delegado de presupuesto del presidente francés
Hollande, tiene depósitos de un monto por ahora indeterminado, en
paraísos fiscales.
Hollande, que sostiene, lo mismo que sus ministros, que ignoraba todo al
respecto hasta la reciente confesión del mismo Cahuzac, anunció medidas
para moralizar la vida política, medidas que Eva Joly calificó de “pis
de gato”. Mientras se hace un gran show mediático con la declaración
patrimonial de ministros y parlamentarios, se mantiene la incertidumbre
sobre una cuestión clave: un control realmente independiente sobre los
conflictos de intereses entre la función pública y los negocios
privados.
Eva Joly, que fue hasta 2002 jueza de instrucción en Francia a cargo de
la investigación de grandes “affaires” y renunció a causa de las
presiones políticas que recibió destinadas a trabar su acción, escribió:
“...yo pensaba que estábamos ante una criminalidad superficial,
marginal, accidental, una especie de falta de moral individual. Hoy
tengo la certidumbre de que la criminalidad financiera está incrustada
en la economía y que ensombrece nuestro porvenir”. Esta constatación de
Eva Joly es valedera para todos los países del mundo.
El control de los paraísos financieros, la famosa “lista negra“(ahora de
diferentes tonalidades) de paraísos fiscales fue elaborada por la OCDE
hace más de diez años y no sirvió para nada. La razón es muy simple:
buena parte de los paraísos fiscales (que no figuran en las listas)
están en territorio de las grandes potencias o controlados por éstas: la
City de Londres, la isla de Jersey, la isla de Man, el Estado de
Delaware en Estados Unidos, Mónaco, Macao, Hong Kong, las islas Caimán,
etc.etc. Y quienes se sirven de los paraísos fiscales son las grandes
empresas transnacionales, los grandes bancos y sus clientes y los grupos
financieros, que son intocados e intocables. Además, la “lista negra” o
“gris” es como una puerta giratoria. Así como se entra se sale. Según
un autor, el profesor Michael Krätke, se estima que los más ricos tienen
alrededor de un 30% de su patrimonio colocado en plazas financieras
offshore. Más de un quinto (23%) de todos los depósitos bancarios del
mundo se halla en los paraísos fiscales, al menos 3 billones de dólares
según cálculos conservadores. Casi el 50% de las transacciones
financieras transfronterizas mundiales pasan por ellos. Dice Krätke que
de acuerdo con los cautelosos análisis del Tax Justice Network, los
capitales disimulados en los paraísos fiscales evaden impuestos por un
monto de entre 250 y 300 mil millones de dólares cada año.
Es una buena parte del dinero que falta para reactivar la economía,
aumentar el poder de compra de los más pobres y en general para mejorar
la situación de las 3000 millones de personas que viven en el mundo con
menos de 2,5 dólares por día.
Como señaló Eva Joly, más que controlar a los paraísos fiscales habría
que controlar directamente las finanzas de las grandes empresas, los
grupos financieros y los bancos que los utilizan.
III. SIMBIOSIS ENTRE EL PODER POLITICO Y EL PODER ECONÓMICO. La derecha
francesa, ante el “affaire” Cahuzac (la oposición en todas partes es
“moralizadora”…hasta que llega al gobierno) propone como modelo a
Estados Unidos, donde, de conformidad con la Constitución, los
candidatos a ministros del Presidente pasan por un examen de
antecedentes en el Senado antes de ser nombrados.
Pero olvidan que tal examen no obsta a que exista una verdadera
simbiosis entre el poder político y el poder económico, púdicamente
llamada “conflicto de intereses”.
En efecto, si bien en todos los países existen estrechas relaciones
entre el poder político y el poder económico, el caso paradigmático de
esta relación es el de los Estados Unidos, donde más que de relación
puede hablarse, sobre todo durante la gestión de Bush, de fusión o
confusión entre el poder político y el poder económico.
Para verificar esto basta analizar los curricula del ex Presidente Bush,
del ex Vicepresidente Cheney y de los ministros, secretarios o
consejeros y podrá comprobarse la confluencia entre los intereses
privados que éstos representan y la política, tanto interior como
exterior, del Gobierno. El "Center for Responsive Politics" tiene en su
sitio web un documento (The Bush Administration. Corporate Connections,
www.opensecrets.org/bush/cabinet.asp) en el que proporciona el detalle
de los vínculos de Bush, de Cheney y de los miembros del gabinete del ex
Presidente con grandes corporaciones transnacionales y llega a la
conclusión de que los funcionarios que no tenían una estrecha relación
con sociedades transnacionales constituían una excepción. Cheney, siendo
Vicepresidente, ganó fortunas durante la guerra de Irak a través de la
empresa Halliburton que obtuvo –sin licitación- contratos del Gobierno
por miles de millones de dólares. Hasta proveía las raciones para los
soldados que “combatían por la democracia y la libertad”. Según un
informe de la comisión política demócrata del Senado estadounidense,
Kellog Brown & Root (KBR), subsidiaria de Halliburton, facturaba
20.000 comidas por día y servía 10.000, incluyendo alimentos congelados
vencidos después de un año.
El Gobierno de Obama, si bien no tiene en ese sentido las
características grotescas de la administración Bush, no escapa a la
regla general: su equipo económico viene del riñón de Wall Street. Y no
parece decidido a disminuir los ingentes beneficios de la industria de
armamentos recortando el presupuesto militar. Lo que es coherente con el
hecho de que “heredó” de Bush al Ministro de Defensa Robert Gates,
patrón del Pentágono, la cara gubernamental del complejo militar
industrial. Jeff Connaughton, un ex colaborador del vicepresidente Joe
Biden, que trabajó durante muchos años en las “entrañas del monstruo”,
publicó un libro en setiembre de 2012: “The Payoff: Why Wall Street
Always Wins (La recompensa: por qué Wall Street siempre gana) que puede
resumirse en una frase del mismo autor: “Obama fingió reformar Wall
Street”.
En realidad los dirigentes políticos y los dirigentes económicos son
intercambiables y a veces son los mismos: pasan del directorio de las
grandes corporaciones a funciones de gobierno y viceversa. Es lo que se
ha dado en llamar “la puerta giratoria”.
Esta “rotación” de los mismos personajes entre las altas finanzas y las
funciones políticas dirigentes exhibe ahora en Europa numerosos
ejemplos: Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo, fue
vicepresidente para Europa de Goldman Sachs Internacional y como tal
trabajó para disimular una parte de la deuda soberana de Grecia; Lucas
Papademos, primer ministro de Grecia hasta mayo de 2012, como presidente
del Banco Central Helénico participó en la disimulación de la deuda
griega con el asesoramiento de Mario Draghi; Mario Monti, hasta hace
poco Primer Ministro de Italia fue consejero internacional de Goldman
Sachs y Luis de Guindos, Ministro de Economía de España, es un ex de
Lehman Brothers.
IV. LA CORRUPCIÓN es un fenómeno mundial, en el que las grandes
sociedades transnacionales ocupan un lugar importante como corruptores
activos. La corrupción es un delito que requiere dos autores: el que
corrompe (corrupción activa) y el que se deja corromper (corrupción
pasiva).Tiene graves consecuencias económicas y sociales y es un justo
motivo de preocupación para quienes se interesan por una gestión honesta
de la administración de los Estados y por que haya un control
democrático de dicha gestión.
Hace unos años, cuando se debatió en la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas el tema de la corrupción, los representantes de los
países ricos intentaron atribuir el fenómeno exclusivamente a los países
del Sur, pero éstos se opusieron a tal enfoque y la Comisión adoptó
finalmente una resolución indicando que la corrupción constituía un
fenómeno mundial.
Hay formas de corrupción que no se contemplan en las definiciones
habituales ni se tratan en las conferencias internacionales, que también
distorsionan gravemente el funcionamiento de las instituciones
democráticas en la adopción de decisiones de política económica y
social, como son (tanto en los países pobres como en los países ricos)
el financiamiento abierto o encubierto de los partidos políticos, de
ONGs, de medios de comunicación de masas, etc.
La promoción de la lucha contra la corrupción no es siempre inocente y a
veces obedece también a intereses particulares bien definidos.
En la lucha sin cuartel por los mercados nacionales e internacionales
(de servicios, de armamentos, de bienes de consumo industrial y civil,
etc.) hay empresas que están en posición ventajosa (por su poderío
económico, porque su oferta es mejor en precio y/o calidad, porque el
espionaje industrial y comercial les permite tener mejor información
para negociar los contratos [la red anglosajona de espionaje Echelon] o
porque simplemente cuentan con el respaldo [económico, político y
militar] de algunas grandes potencias).
Las empresas que no cuentan con estas ventajas, para poder competir con
ciertas posibilidades de éxito, tienen que recurrir con más frecuencia a
la corrupción de los funcionarios públicos y de los dirigentes de
empresas privadas que representan a la contraparte en sus negociaciones
comerciales.
La corrupción puede neutralizar así esas ventajas comparativas que hemos
mencionado, de que gozan grandes empresas transnacionales.
De ahí que sobre todo las grandes empresas transnacionales de origen
estadounidense, con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, estén
interesadas en imponer internacionalmente medidas anticorrupción (aunque
no es para nada seguro que se propongan respetarlas ellas mismas) para
seguir beneficiándose de las aludidas ventajas comparativas (véase
Bernard Cassen, Arrière-pensées dans la lutte anticorruption, en Le
Monde Diplomatique, mayo 2001, pág. 8).
Es sintomático que se interesen particularmente en la lucha contra la
corrupción el Banco Mundial y una ONG dedicada específicamente al tema:
Transparency International.
El papel del Banco Mundial en la economía planetaria y qué intereses
sirve son temas suficientemente conocidos y no vale la pena extenderse.
En cuanto a Transparency International, citamos a continuación
fragmentos de una nota aparecida en la página 23 de Le Monde
Diplomatique de noviembre del 2000 (nuestra la traducción):
"Transparency International fue fundada en 1993 por el Sr. Peter Eigen,
un ex funcionario del Banco Mundial…Clasifica a los países en función de
la corrupción existente en las administraciones y en los hombres
políticos. La organización se ha fijado como regla no denunciar por su
nombre a las empresas corruptoras. Sus ataques se dirigen exclusivamente
contra los Estados. Es la principal debilidad de su acción porque
ciertas sociedades transnacionales no tienen raíces nacionales y T.I.
las elimina de entrada de sus estudios.
…El presupuesto de la organización en 1999 fue de 2 millones y medio de
dólares. Un tercio proviene de donaciones de grandes fundaciones
internacionales, otro tercio proviene de organismos para el desarrollo y
de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el último
tercio es cubierto por grandes empresas… (como IBM y General Electric)…
".
General Electric, uno de los "sponsors" de T.I., fue condenada en 1997 a
una multa de 25 millones de dólares por actos de corrupción en Egipto
(de la misma fuente).
En un cable de Interpress Service del 18 de octubre de 2005 se decía :
“El Índice de Percepción de la Corrupción de la organización
Transparencia Internacional vuelve a mostrar este año la comprometida
situación del Sur, que cuenta con una pequeña ayudita de los bancos del
Norte industrial.
"La fuga total de capitales anual de África es de unos 150.000 millones
de dólares, mientras que el total del flujo de asistencia que recibe el
continente asciende a 25.000 millones", dijo a IPS Chandrashekhar
Krishnan, director ejecutivo de la filial de Transparencia en Gran
Bretaña.
"Esa fuga de capitales representa, básicamente, la ruta de los bienes
estatales en manos de políticos corruptos", agregó Krishnan. "Ese dinero
es depositado en instituciones financieras de Londres, de Zurich, de
Nueva York."
"Sugiero que los gobiernos occidentales hagan mucho más para asegurarse
de que sus sistemas financieros no sean utilizados para lavar dinero",
recomendó.
Pero el hecho de que los bancos de Gran Bretaña, Suiza y Estados Unidos
reciban dinero sucio no queda marcado en el Índice de Percepción de la
Corrupción de Transparency International » (IPS, 18/10/2005).
Pero con independencia de las intenciones de algunos promotores de las
campañas contra la corrupción, ésta es una lacra real que es preciso
denunciar y combatir y cuyas causas profundas y mecanismos es necesario
desentrañar.
La corrupción de los funcionarios públicos es un delito en muchos países, por lo menos formalmente.
Pero en los países más ricos, aunque existe cierto rigor para sancionar a
los propios funcionarios públicos incursos en corrupción pasiva, no se
castiga a los propios nacionales que corrompen a funcionarios
extranjeros, es decir que incurren en corrupción activa.
Una excepción a esto último son los Estados Unidos, donde se sancionó en
1977 una ley sobre las prácticas de corrupción en el exterior, bajo el
impacto de los casos de sobornos pagados por las empresas Lockheed,
Northrop y Gulf Oil. Pero las legislaciones europeas son mucho más
"liberales" y no castigan el soborno a funcionarios extranjeros. Más
aún, en Alemania, en Suiza y en Bélgica, entre otros países europeos, el
fisco autoriza a deducir de los impuestos tal clase de gastos, es decir
que la corrupción de funcionarios extranjeros está de hecho legalizada.
En los últimos años se han aprobado convenios internacionales contra la corrupción:
La Convención Interamericana de 1996, la Convención de la OCDE de 1997,
vigente desde 1999, la Convención Penal Europea sobre la corrupción,
aprobada por el Consejo de Europa el 27 de enero de 1999, en vigor desde
el 1º de julio de 2002, que es la más completa y la Convención civil
europea contra la corrupción, en vigor desde el 1 de noviembre de 2003.
Pero a pesar de dichos convenios y aunque se advierten ligeros
progresos, la corrupción siguen gozando de buena salud. Por ejemplo la
Comisión Europea, especie de órgano ejecutivo de la Unión Europea,
trabaja en estrecha colaboración con las grandes sociedades
transnacionales europeas (la Mesa Redonda de los Industriales Europeos -
ERT).
La Convención de la OCDE no es directamente aplicable en los Estados
signatarios y requiere una legislación interna de aplicación. No incluye
a las filiales instaladas en países no miembros de la OCDE de empresas
que tienen su sede principal en los Estados miembros, es decir se acepta
la ficción jurídica de la autonomía de la filial, sin «levantar el velo
» de la realidad económica de que dichas filiales forman un todo con la
sociedad matriz. Eso permite continuar empleando prácticas de
corrupción a través de las filiales instaladas en países no miembros de
la OCDE. Este sistema lo usan habitualmente las sociedades
transnacionales estadounidenses para eludir la legislación de Estados
Unidos contra la corrupción y, por cierto, lo utilizan también las
sociedades transnacionales basadas en otros países.
V. LA IMPUNIDAD DE LOS GRANDES BENEFICIARIOS DE LOS DELITOS ECONOMICOS
ES UNA CONSTANTE A ESCALA MUNDIAL COMO CONSECUENCIA DE LA MANERA EN QUE
FUNCIONAN EN LA PRÁCTICA LOS PODERES POLITICOS Y LAS INSTITUCIONES
POLITICAS, JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.
Si bien la influencia del poder económico sobre el poder político es una
realidad desde que el poder económico existe, en los últimos decenios
se advierte un neto avance del poder económico a expensas del poder
político, que ya está cuestionando hasta los aspectos formales de la
llamada democracia representativa y el papel de las instituciones
políticas, tanto nacionales como internacionales, como mediadores -o
presuntos mediadores- entre intereses diferentes o contradictorios.
La democracia representativa tal como existe actualmente es una
democracia elitista porque en ella todos son formalmente iguales ante la
ley pero desiguales de hecho frente al derecho de propiedad de los
instrumentos y medios de producción. Una ínfima minoría es propietaria
de estos últimos, lo que genera las cada vez más profundas desigualdades
económicas, sociales, culturales e incluso políticas entre la minoría
propietaria y las mayorías explotadas.
Dicho de otra manera, la corrupción y otros delitos económicos son inherentes al sistema capitalista.
VI. EL CASO ARGENTINO. El Gobierno argentino ocupa un lugar destacado en
el ranking mundial en materia de comisión de delitos económicos
(malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el
ejercicio de funciones públicas, corrupción, enriquecimiento ilícito,
transferencias multimillonarias a paraísos fiscales, etc.) en su propio
beneficio y de los empresarios amigos o testaferros y en perjuicio del
patrimonio nacional y de la población laboriosa.
No obstante las garantías que le ofrece el sistema vigente de democracia
representativa (en los hechos representativa de las elites económicas y
no de la población en general), el actual Gobierno argentino quiere
reasegurar aún más su impunidad con su proyecto para « democratizar » la
justicia que consiste en convertir a ésta en un apéndice del actual
Poder Ejecutivo y de los sucesivos Gobiernos que surjan de futuras
elecciones: el mismo voto ciudadano mayoritario que consagre a un
Presidente decidirá la mayoría en el Consejo de la Magistratura
(artículo 3 bis del Proyecto de ley sobre el Consejo de la
Magistratura). No habrá ni siquiera la apariencia de un contrapeso del
Poder Judicial frente a los otros poderes.
Ya se ha dicho : el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Pero en Argentina el kichnerismo no inventó la corrupción, pues ésta
tiene una tradición bastante larga, como sostiene Carlos Gabetta en su
reciente libro « La encrucijada argentina. República o país mafioso ».
Escribe Gabetta : « La República Argentina no es tal. Vivimos en un
sistema tan degradado social e institucionalmente que corremos el riesgo
de instalarnos por largo tiempo en una vida de corrupción económica,
política, institucional y social sin límites, de violencia creciente e
impunidad total. Desde que se recuperó la democracia hemos atravesado
varias crisis económicas y sociales; la más grave, gravísima, en 2001.
De cada crisis el país ha salido, si así puede decirse, más deteriorado
política, institucional y socialmente, en una deriva imparable hacia la
aceptación y práctica general del comportamiento mafioso. ¿Hacia un
destino de Gran País Bananero ?».
«Desde que se recuperó la democracia », escribe Gabetta. Ahora Menem es,
para todos o casi todos, una mala palabra. Sin embargo fue elegido no
una, sino dos veces Presidente de la República: en 1989 con el 47,49% de
los votos y después de una gestión absolutamente contraria a los
intereses nacionales fue reelegido en 1995 con el 49,94% de los votos.
De modo que parece existir en Argentina una crisis social y política
profunda que blinda a los gobiernos corruptos, antinacionales y
antipopulares contra la sanción de un voto popular.
Crisis insuperable mientras subsista la hegemonía económica, política, ideológica y cultural de las clases dominantes.
FUENTE: http://www.argenpress.info/2013/04/la-impunidad-de-los-delincuentes.html
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