LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA ANALIZARÍA EL PATRIMONIO DE LOS IMPUTADOS
Las circunstancias sobre la operación de venta de la empresa Poseidón, están bajo la lupa de la Justicia, dado que ésta podría ser escrutada por la Unidad de Investigación Financiera, como parte de la información patrimonial de Omar “Cura” Segundo al momento en que se hallaron los más de 110 kilos de cocaína en la planta de la empresa.
Las sospechas en torno a presuntas maniobras irregulares detrás de la venta de la empresa, crecen conforme pasan los meses desde que se dictó el procesamiento de cuatro personas por comerciar cocaína en una carga de langostinos. Lo concreto es que Omar “Cura” Segundo, parece haberse desprendido de bienes casi en forma sistemática en los últimos meses, lo que lo coloca en una situación al menos sospechosa.
Las sospechas en torno a presuntas maniobras irregulares detrás de la venta de la empresa, crecen conforme pasan los meses desde que se dictó el procesamiento de cuatro personas por comerciar cocaína en una carga de langostinos. Lo concreto es que Omar “Cura” Segundo, parece haberse desprendido de bienes casi en forma sistemática en los últimos meses, lo que lo coloca en una situación al menos sospechosa.
La operación de venta de la empresa Poseidón, donde se hallaron más de 110 kilos de droga, está bajo la lupa de la Justicia, y no se descarta una investigación de la UIF
El hecho de que el juez Hugo Sastre rechazara oportunamente el pedido del fiscal Fernando Gelvez de intimar a los cuatro procesados por el comercio de estupefacientes en el marco de la causa Poseidón, ha permitido en cierto modo a Segundo que siga operando sobre sus bienes y se desprenda de ellos; incluso una de esas maniobras son parte de una investigación que se lleva adelante en la Justicia provincial, tal el caso de la presunta estafa en la venta de la empresa Alpesca.
Si bien no se pone en duda que el Juez Federal se ha ajustado a derecho, su valoración sobre la concreción del embargo, no se condice con los principios que se exhiben en torno a las causas de narcotráfico.
El punto es que ante un escenario intrincado como el que se presenta en torno al presunto delito; que Omar “Cura” Segundo, y los otros tres procesados estén en libertad, no tengan impedimento judicial para disponer de sus bienes, y que se desprenda de acciones de empresas arraigadas en el lugar donde fija domicilio actualmente, hacen suponer que es una posición un tanto cómoda para abandonar su lugar de residencia, aún cuando otros organismos del Estado le embarguen cuentas por falta de pago de impuestos, o la autoridad laboral lo convoque por descuidar el bienestar de sus trabajadores.
Sin desmerecer los esfuerzos que pueda invertir el juez Sastre a la hora de resolver los pedidos del Fiscal, ciertamente que si se toma en consideración que, al menos Omar “Cura” Segundo, enfrenta otra causa penal, en otra jurisdicción, la medida es como mínimo difícil de comprender para quienes desconocen los criterios que jurídicamente pueden aplicarse en uno u otro sentido, según el cristal con que se mire. El punto es que diametralmente opuesta es la posición del fiscal Gelvez, que advierte los riesgos de no proceder con los embargos a los imputados, y también argumenta su postura con rigor jurídico.
Así las cosas, mientras la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se toma su tiempo para resolver la revisión del procesamiento de los cuatro imputados en la causa, los meses transcurren y los hechos no se develan. Ahora también deberá revisar la decisión judicial que no hizo lugar al pedido que habían formulado Gelvez y el titular de la Procunar, Félix Crous. La medida había sido dispuesta por el mismo Sastre en el auto de procesamiento, pero el propio juez la dejó en suspenso por la apelación de los acusados.
Si bien no se pone en duda que el Juez Federal se ha ajustado a derecho, su valoración sobre la concreción del embargo, no se condice con los principios que se exhiben en torno a las causas de narcotráfico.
El punto es que ante un escenario intrincado como el que se presenta en torno al presunto delito; que Omar “Cura” Segundo, y los otros tres procesados estén en libertad, no tengan impedimento judicial para disponer de sus bienes, y que se desprenda de acciones de empresas arraigadas en el lugar donde fija domicilio actualmente, hacen suponer que es una posición un tanto cómoda para abandonar su lugar de residencia, aún cuando otros organismos del Estado le embarguen cuentas por falta de pago de impuestos, o la autoridad laboral lo convoque por descuidar el bienestar de sus trabajadores.
Sin desmerecer los esfuerzos que pueda invertir el juez Sastre a la hora de resolver los pedidos del Fiscal, ciertamente que si se toma en consideración que, al menos Omar “Cura” Segundo, enfrenta otra causa penal, en otra jurisdicción, la medida es como mínimo difícil de comprender para quienes desconocen los criterios que jurídicamente pueden aplicarse en uno u otro sentido, según el cristal con que se mire. El punto es que diametralmente opuesta es la posición del fiscal Gelvez, que advierte los riesgos de no proceder con los embargos a los imputados, y también argumenta su postura con rigor jurídico.
Así las cosas, mientras la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia se toma su tiempo para resolver la revisión del procesamiento de los cuatro imputados en la causa, los meses transcurren y los hechos no se develan. Ahora también deberá revisar la decisión judicial que no hizo lugar al pedido que habían formulado Gelvez y el titular de la Procunar, Félix Crous. La medida había sido dispuesta por el mismo Sastre en el auto de procesamiento, pero el propio juez la dejó en suspenso por la apelación de los acusados.
La apelación
El 25 de marzo de 2014, con la asistencia de la Procuraduría de Narcocriminalidad, el fiscal Federal de Rawson, Fernando Gelvez, apeló la resolución del juez Hugo Sastre de rechazar la intimación para que los cuatro procesados de comerciar cocaína a través de un cargamento de langostinos integren el dinero de los embargos por un total de 1,7 millones de pesos.
En el extenso documento presentado, argumentaron que el hecho de que el auto de procesamiento donde se dispuso el embargo estuviera sometido actualmente a revisión en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia no era impedimento para intimar a los procesados a integrar las sumas de los embargos o para decretar su inhibición de bienes.
En el extenso documento presentado, argumentaron que el hecho de que el auto de procesamiento donde se dispuso el embargo estuviera sometido actualmente a revisión en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia no era impedimento para intimar a los procesados a integrar las sumas de los embargos o para decretar su inhibición de bienes.
Con argumentos
Gelvez indicó en el recurso que el embargo no va de la mano con el dictado del procesamiento. “Si el juez está facultado para disponer medidas cautelares en cualquier momento del proceso, es ilógico pensar que el trámite de las medidas cautelares se encuentra indefectiblemente asociado a la resolución de mérito”, explicó el fiscal.
En ese sentido, el fiscal citó el artículo 521 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “las diligencias sobre embargos y fianzas tramitarán por cuerda separada”, y que la Sala I de la Cámara Federal de la Capital Federal falló en ese mismo sentido en el precedente “Dukarevich”, citado por la fiscalía y “sorpresivamente ignorado por la resolución”, señaló el fiscal.
“Debe quedar en claro que el juez no quiso hacer efectiva su propia medida”, dictada en el auto de procesamiento, aseveró Gelvez y reiteró que intimar a los imputados a integrar los montos de los embargos “sólo implica cumplir con una decisión que tomó el propio juez, no modificarla”.
Ante los hechos, queda esperar cuanto tiempo tomará a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, decidir, no sobre una, sino dos apelaciones vinculadas a la misma causa.
En ese sentido, el fiscal citó el artículo 521 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “las diligencias sobre embargos y fianzas tramitarán por cuerda separada”, y que la Sala I de la Cámara Federal de la Capital Federal falló en ese mismo sentido en el precedente “Dukarevich”, citado por la fiscalía y “sorpresivamente ignorado por la resolución”, señaló el fiscal.
“Debe quedar en claro que el juez no quiso hacer efectiva su propia medida”, dictada en el auto de procesamiento, aseveró Gelvez y reiteró que intimar a los imputados a integrar los montos de los embargos “sólo implica cumplir con una decisión que tomó el propio juez, no modificarla”.
Ante los hechos, queda esperar cuanto tiempo tomará a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, decidir, no sobre una, sino dos apelaciones vinculadas a la misma causa.
FUENTE: http://eldiariodemadryn.com/
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