La norma implica un severo desmedro a la iniciativa privada y la libertad económica, constituyendo un serio condicionante para las tan necesaria inversiones y, por ende, un desincentivo para la generación de empleo.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

@AldoBonaveri

@PregonAgro

En un paso más al intervencionismo a ultranza y de la chavización de la economía, el Gobierno nacional obtuvo del Congreso la sanción de la polémica modificación de la ley de abastecimiento; la mayoría circunstancial del Frente para la Victoria logró imponer el número, ante el generalizado rechazo de la oposición y, férrea resistencia de los sectores productivos. 

La norma implica un severo desmedro a la iniciativa privada y la libertad económica, constituyendo un serio condicionante para las tan necesaria inversiones y, por ende, un desincentivo para la generación de empleo, problema que se está agudizando desde los últimos meses del año pasado.

Como es de práctica, el kirchnerismo para justificar sus avances emplea leitmotiv demagógicos, en este caso el pretexto es defender los intereses de los consumidores, soslayando que precisamente esos derechos están preservados expresamente en la reforma constitucional de 1994, de la quela propia actual presidente era convencional constituyente. En consecuencia el argumento esgrimido es tan sólo una mera falacia. 

La denominada Ley de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, además de acentuar la interposición sobre los diferentes procesos productivos nacionales y, su posterior comercialización, no hace otra cosa que generar más incertidumbres sobre una economía plagada de perplejidades; lo que en consecuencia traerá aparejado reducción en la oferta de bienes y servicios, con el consabido impacto nocivo que recaerá en los consumidores. Cada vez que en el país se aplicaron políticas de precios máximos la derivación fue la escasez, la caída de la producción y el posterior aumento de los precios relativos. 

El dictado de la nueva Ley de Abastecimiento, además de ser contraindicado para resolver los problemas que socavan la economía argentina, conculcar legítimos derechos y, desatar una ola de pedidos de inconstitucionalidad, constituye un salvoconducto para que un funcionario de segunda línea (Secretario de Comercio Interior) ostente prerrogativas para cometer abusos y arbitrariedades inadmisibles. También la norma prevé que los gobernadores puedan aplicar precios máximos.

El empresariado en general y el ruralismo en particular, ven seriamente amenazado el desarrollo de sus actividades. Las facultades concedidas por el reciente instrumento posibilitan a entrometerse en los asuntos internos de las empresas, obligar a vender mercaderías a valores despóticos o, fijar precios antojadizos.

Con presunción justificada, la dirigencia agropecuaria ve en la reforma de marras que el campo es el principal destinatario de conjeturales atropellos. Frescas están las presiones en estos últimos años al sector para que vendan sus granos, en el momento que el Gobierno lo requiera. En el mismo sentido convergen los condicionantes en los mercados ganaderos o las intromisiones en lechería. La dilapidación de recursos y la creciente persistencia por acrecentar el insostenible gasto público, pretenden encubrir transitoriamente con presurosas liquidación de divisas por parte de productores y exportadores. 

Las evidencias de inquina oficialista hacia el sector más dinámico de la economía nacional, hace maliciar que mediando una norma que ahora faculta al Poder Ejecutivo, la intromisión en el mercado concentrador de Liniers, en las Bolsas de Cereales o en los mismísimos establecimientos agropecuarios, tienen alta probabilidad. 

La letra de la legislación recientemente votada, estipula que “Frente a la situación de desabastecimiento o escasez de bienes que satisfagan necesidades básicas, la autoridad de aplicación puede disponer la venta, distribución o realizar prestación”. No es necesario ser muy perspicaz para automáticamente pensar cuales pueden ser los productos más tentadores de incautar: Pan, carne y leche. Ineptitud, obstinación y ceguera, hacen que no hayan aprendido de las consecuencias de errores cometidos: La menor siembra de trigo en 100 años, 10 millones menos de cabezas de ganado, igual producción de leche que hace más de una década atrás.

Más que una ley de abastecimiento, es un salto al vacío

 

FUENTE: www.pregonagropecuario.com