Subsidios a la energía: las dos empresas que se llevan el 70 por ciento
El Estado destina en dos compañías el mayor esfuerzo, con tal de asegurar el abastecimiento energético.
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El atraso cambiario de las tarifas de luz –que se originó
con la devaluación de 2002– tiene algunas particularidades. El valor de la
energía varía de manera significativa por provincia. Como la potestad de fijar
el importe de las tarifas está en manos de las gobernaciones, a nivel nacional,
se registran divergencias muy evidentes.
En Córdoba, por ejemplo, un usuario que demanda 600 kilowatts de energía por
mes recibe una factura de $ 372. En Santa Fe, la EPE (Empresa Provincial de
Energía) le cobra $ 356. En Capital, en cambio, la tarifa no supera los $ 72.
La problemática se repite: lo que se recauda no alcanza. El costo de
generación creció en 2013, hasta los $ 390 por megawatt/hora (MWh). Las
distribuidoras recibieron $ 97.
En caso de retirar totalmente los subsidios –no está en los planes del
Gobierno, que empezaría por recortar beneficios a los sectores de más altos
ingresos a partir de septiembre–, las tarifas domiciliarias de luz se incrementarían entre un 100 y un 400 por ciento, según las
zonas de concesión. Las mayores alzas se registrarían en el área de Edenor, que
debería quintuplicar el valor medio de sus facturas. La seguiría Edesur, que
cuadruplicaría. Las distribuidoras de Córdoba y Santa Fe, donde ya es más caro
el servicio, sufrirían menos cambios en sus esquemas tarifarios.
Ordenar esos defasajes no será sencillo. Y, si se quiere evitar impactos
severos sobre los hogares medios y bajos, tampoco será viable eliminarlos a
corto plazo. “El atraso tarifario es tal que lo más probable es que, al próximo
gobierno, le lleve todo su mandato alinear las facturas de luz y gas con los
costos reales del sistema”, pronostica Fausto Spotorno, director de la
consultora OJF.
En caso de retirar totalmente los subsidios, las tarifas domiciliarias
de luz se incrementarían entre un 100 y un 400 por ciento
El gran interrogante es qué actitud tomará la próxima administración frente
a ese escenario. ¿Apuntará a superar la crisis del sector energético, para
convertirlo en un motorizador de inversiones en infraestructura, aunque
eso implique pagar un alto costo político inicial? ¿O se conformará con administrar
la crisis, retocando sólo algunas variables? La respuesta a ese dilema acepta
fundamentos técnicos y económicos. Pero, fundamentalmente, depende de una
decisión política que sólo el tiempo permitirá despejar.
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