Realizaron una denuncia por “defraudación pública” contra la Presidenta y otros funcionarios por el acuerdo con Repsol. Además pidieron un embargo por 10 mil millones de pesos por la venta ilegal de acciones
La millonaria indemnización que el gobierno nacional pretende pagarle a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF pareciera encontrar un primer obstáculo en el mismo pasado de la empresa argentina. La resistencia que supieron dar los trabajadores petroleros contra la privatización llevada a cabo en los primeros años de la década del noventa vuelve a emerger con fuerza ante la posibilidad de que se consume una nueva entrega de los recursos nacionales.
En momentos en que el kirchnerismo intenta refrendar el millonario pagó a la multinacional española en el Congreso Nacional, los extrabajadores de la petrolera estatal salieron al cruce de la iniciativa oficial denunciando penalmente a la Presidenta Cristina Fernández y a los principales funcionarios implicados en la polémica transacción.
“Cuando el gobierno decidió pagarle a Repsol los 5 mil millones de dólares nosotros decidimos hacerle una denuncia por defraudación pública a la Presidenta Cristina Fernández, al vicepresidente, Amado Boudou, al ministro de Economía, Axel Kiciloff, al Jefe de Gabinete Jorge Capitanich, al ministro de Planificación Julio De Vido y al Secretario de Energía, Daniel Cameron”, indicó a Hoy Carlos Guanciarrosa, máximo referente de la Mesa Coordinadora de extrabajadores de YPF y Petroquímica General Moscóni. En ese marco, sostuvo que el acuerdo promocionado por el gobierno nacional se hizo sin “cuantificarse el daño económico realizado por Repsol que terminó sacándonos todo el petróleo”.
Asimismo, los exypf vienen exigiendo el resarcimiento correspondientes al 10% de las acciones de YPF que le correspondían a los trabajadores de la compañía y que de manera ilegal fueron vendidos por el gobierno de Carlos Menem. El reclamo posee plena vigencia y fue denegado en varias oportunidades tanto por el entonces Presidente Néstor Kirchner como por la actual mandataria nacional. En ese marco, Guanciarrosa adelantó que además de la denuncia por “defraudación pública” presentaron ante el fiscal Carlos Stornelli “una medida cautelar el 27 de febrero para evitar que se consume este ilícito (pago de la expropiación), y en su defecto presentamos un embargo de 10 mil millones de pesos que representa el resarcimiento para los trabajadores que estamos en el juicio por la venta fraudulenta de las acciones de YPF”.
De esta manera, la presentación judicial se volvió una paradoja del sistema en el mismo momento en que los trabajadores que fueron despedidos en los noventa como consecuencia de la privatización impulsada (entre otros) por la familia Kirchner, reaparecen en la actualidad intentando evitar una nueva entrega de los recursos nacionales.
“Kiciloff dijo que Repsol debía pagarnos a nosotros”
En diálogo con Hoy, el senador nacional Fernando “pino” Solanas cuestionó el acuerdo con Repsol por haberse llevado a cabo de manera irregular y por no tener en cuenta los daños ambientales que la multinacional ocasionó en el país.
“El propio dictamen del tribunal de Tasación se hizo después de que se conociera lo que se le iba a pagar a Repsol. En abril del 2012, Kiciloff dijo que Repsol dejaba una deuda de 9 mil millones de dólares, además se había llevado 22 mil millones de dólares. El ministro de Economía dijo que Repsol debía pagarnos a nosotros. De ahí saltamos a que lo que vamos a pagar los argentinos son 13.700 millones de dólares, son los 6000 millones en bonos, más los intereses que son muy altos”, sostuvo el fundador de Proyecto Sur.
Por último sostuvo que antes de fijar un monto de pago se tendría que haber hecho “una seria tasación del estrago ambiental que había hecho Repsol”, ya que era “tan grande era esta contaminación que la Confederación Mapuche le ganó un juicio a esta empresa por la contaminación de las napas de agua aledañas a los yacimientos”.
FUENTE: http://diariohoy.net
No hay comentarios:
Publicar un comentario