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El
Gobierno dio un giro en su estrategia internacional. Aparentemente, el
discurso aislacionista que se pregonaba no hace mucho tiempo atrás está
dejando su lugar a una posición más morigerada. La búsqueda de
financiamiento internacional
-para detener la sangría de reservas del Central- parece ser una de los principales motivos.
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Desde
este mismo lugar, le he hablado de la importancia de que Argentina
vuelva al mundo. El aislacionismo planteado -post Néstor Kirchner- vía
trabas a las importaciones, default encubierto de los bonos que ajustan por inflación y
enemistad con los organismos de crédito internacional no nos hacía el país más pícaro del barrio como algunos piensan.
No se trata de volver al mundo para endeudarse a niveles insostenibles, como hicimos en el pasado. Sin embargo, atravesamos un período de tasas internacionales bajas, donde países como Paraguay, Bolivia y Uruguay lograron colocar deuda a bajo interés.
Hoy, el Gobierno despertó de su larga siesta y decidió un giro hacia la ortodoxia. Se devaluó, se subieron las tasas, se recortó la expansión del gasto público y ahora vamos por la quita de subsidios, "tarifazo" incluido. Hablamos del típico ajuste, más allá de que lo haga una administración que juega al Nac & Pop.
Al abandonar el letargo y con la pérdida constante de reservas, el Ejecutivo se dio cuenta que para obtener financiamiento tenía que atacar otro de los frentes que durante años descuidó: las relaciones internacionales.
Ahí llegó el nuevo IPC (medición de inflación con asesoría del FMI), los pagos a algunas empresas que están en juicio con la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el acuerdo con Repsol y el inicio de las gestiones para pactar con el Club de París, al que también se le debe.
Le repito, todo esto no está en tela de juicio. Las deudas hay que pagarlas. Eso sí, veamos en qué forma decidió pagar el Gobierno.
Dolor de cabeza para el que sigue
A cinco empresas que estaban en juicio con el país por US$ 667 millones, el Gobierno les pagó con bonos Boden XV (para los intereses) y Bonar X (para el capital). Eso significa que de esa cuenta, esta administración sólo pagará los intereses y del monto principal se hará cargo el que viene.
El diario La Nación señalaba lo siguiente en aquellos días:
"Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular del reclamo de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija) y Azurix Corp (todas ellas recurrieron al Ciadi). También entró en el convenio NG-UN Holdings, tenedora del litigio de National Grid, que reclamó ante la Uncitral.
En casi todos los casos, el pago se realizará a empresas que funcionan de un modo similar al de los denominados 'fondos buitre', blanco habitual de críticas por parte de la presidenta Cristina Kirchner y de su Gabinete. Sucede que estos grupos compraron juicios ganados por las empresas que, debido a su dificultad de cobro, los vendieron a un valor menor. Por caso, Blue Ridge se quedó con la demanda de CMS, ex accionista de Transportadora Gas del Norte (TGN), mientras que NG-UN Holdings compró el reclamo de la eléctrica inglesa National Grid, ex dueña de Transener, la compañía de transporte eléctrico más grande de la Argentina".
Con Repsol la situación no es diferente. Si bien se acordó un pago por US$ 5 mil millones, los altos intereses hacen que la erogación total sea superior a los US$ 10 mil millones. No voy a entrar en el detalle de cada título que se utilizará para este pago, pero le puedo contar que este Gobierno sólo enfrentará el 10% del total. De acuerdo con algunos documentos que filtró la petrolera española, entre 2016 y 2019 se cancelará el 32%, entre 2020 y 2023 el 34%, y entre 2024 y 2033 el 24% restante, situación que se puede ver en el gráfico a continuación.
No se trata de volver al mundo para endeudarse a niveles insostenibles, como hicimos en el pasado. Sin embargo, atravesamos un período de tasas internacionales bajas, donde países como Paraguay, Bolivia y Uruguay lograron colocar deuda a bajo interés.
Hoy, el Gobierno despertó de su larga siesta y decidió un giro hacia la ortodoxia. Se devaluó, se subieron las tasas, se recortó la expansión del gasto público y ahora vamos por la quita de subsidios, "tarifazo" incluido. Hablamos del típico ajuste, más allá de que lo haga una administración que juega al Nac & Pop.
Al abandonar el letargo y con la pérdida constante de reservas, el Ejecutivo se dio cuenta que para obtener financiamiento tenía que atacar otro de los frentes que durante años descuidó: las relaciones internacionales.
Ahí llegó el nuevo IPC (medición de inflación con asesoría del FMI), los pagos a algunas empresas que están en juicio con la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el acuerdo con Repsol y el inicio de las gestiones para pactar con el Club de París, al que también se le debe.
Le repito, todo esto no está en tela de juicio. Las deudas hay que pagarlas. Eso sí, veamos en qué forma decidió pagar el Gobierno.
Dolor de cabeza para el que sigue
A cinco empresas que estaban en juicio con el país por US$ 667 millones, el Gobierno les pagó con bonos Boden XV (para los intereses) y Bonar X (para el capital). Eso significa que de esa cuenta, esta administración sólo pagará los intereses y del monto principal se hará cargo el que viene.
El diario La Nación señalaba lo siguiente en aquellos días:
"Las empresas favorecidas por el acuerdo son Blue Ridge (titular del reclamo de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co.), Vivendi (Aguas del Aconquija) y Azurix Corp (todas ellas recurrieron al Ciadi). También entró en el convenio NG-UN Holdings, tenedora del litigio de National Grid, que reclamó ante la Uncitral.
En casi todos los casos, el pago se realizará a empresas que funcionan de un modo similar al de los denominados 'fondos buitre', blanco habitual de críticas por parte de la presidenta Cristina Kirchner y de su Gabinete. Sucede que estos grupos compraron juicios ganados por las empresas que, debido a su dificultad de cobro, los vendieron a un valor menor. Por caso, Blue Ridge se quedó con la demanda de CMS, ex accionista de Transportadora Gas del Norte (TGN), mientras que NG-UN Holdings compró el reclamo de la eléctrica inglesa National Grid, ex dueña de Transener, la compañía de transporte eléctrico más grande de la Argentina".
Con Repsol la situación no es diferente. Si bien se acordó un pago por US$ 5 mil millones, los altos intereses hacen que la erogación total sea superior a los US$ 10 mil millones. No voy a entrar en el detalle de cada título que se utilizará para este pago, pero le puedo contar que este Gobierno sólo enfrentará el 10% del total. De acuerdo con algunos documentos que filtró la petrolera española, entre 2016 y 2019 se cancelará el 32%, entre 2020 y 2023 el 34%, y entre 2024 y 2033 el 24% restante, situación que se puede ver en el gráfico a continuación.
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La idea es brindarle herramientas a las administraciones venideras para que puedan enfrentar los pagos a Repsol sin comprometer la situación fiscal.
No obstante, como le comenté, la cuenta la paga el que viene...
Para conversar sobre éste y otros temas de la economía local, lo invito a seguirme en Twitter: @IgnacioRos.
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