LOS MALDITOS LADRONES Y SUS ANDANZAS ROBANDO AL PUEBLO

Echegaray es ex abogado de Gotti Hnos y desde la AFIP le hizo un plan de pago “al grupo” por una deuda de 9 millones de pesos

 

La salida en público del titular de la AFIP, despegando a la presidenta Cristina Fernández, de cualquier vinculación comercial con Lázaro Báez, es un síntoma de la necesidad imperiosa que tiene el kirchnerismo de salvaguardar al matrimonio por cuya orden, se generaron los principales movimientos de dineros en las empresas del empresario K. Sin embargo, solo basta mirar a Santa Cruz para conocer aspectos llamativamente sospechosos que ayudan a interpretar la extraña aclaración que hizo este hombre de Punta Alta.

Ricardo Echegaray, en un rapto desesperado por separar al matrimonio presidencial de cualquier sospecha de corrupción en acciones de lavado de dinero y otras yerbas, que se vienen ventilando en la prensa nacional, impulsó la lacónica frase “Cristina no es socia de Lázaro Báez”, como si con esto bastara para que ya nadie dude que el dueño de la obra pública en Santa Cruz y otras partes del país, hizo su cuantiosa fortuna arriesgando solo su pellejo y sin otra intervención que la divina providencia.

OPI tuvo acceso a documentación interna-contable de la empresa Austral Construcciones SA, la ex Valle Mitre y Alucom, que en este momento está a cargo del contador Claudio Bustos, luego que Lázaro Báez echara a cuatro contadores que llevaban los papeles de varias empresas “del Grupo”, tal como lo reveló OPI, donde consta que la AFIP, le otorgó a las firmas de “el grupo” una financiación extraordinaria por deudas acumuladas por un monto de 9 millones de pesos. Alucom tiene bajo su órbita a Magna Consultora, la FM Magna y el diario Prensa Libre.

Según consta en el expediente aludido, el convenio se hizo hasta el año 2020 con un compromiso de pago mensual, un caso atípico en la provincia ante una deuda de tal magnitud con la AFIP; sin embargo, en este momento en que Lázaro Báez pretende desprenderse de Magna Consultora, la radio y el diario, se encuentra “ofreciendo” como parte del negocio, la toma de esa deuda en parte de pago (a descontar del precio final), dándole al futuro comprador, la oportunidad de que en el paquete que adquiere, se haga cargo de ese pago mensual más los 24 empleados que tiene ALUCOM.SA; claro está que hasta el momento nadie apareció como posible candidato, menos aún porque ningún empresario serio quiere quedar bajo el ámbito de sospechas que se ciernen sobre los negocios del socio de Néstor Kirchner.

Fuentes muy calificadas de Austral Construcciones SA le confiaron a OPI que esta financiación se acordó a través de la oficina local donde trabaja Virginia García como Jefa de la Delegación regional del Distrito Río Gallegos de la AFIP y fue acordada con la intervención directa de Echegaray. De la misma manera las fuentes hicieron hincapié en aclarar que la financiación no es nada ilegal, menos aún porque al momento de pactar este plan, la AFIP otorgaba este tipo de facilidades, operaciones que luego fueron reducidas notablemente, pero que les permitió a muchos empresarios consolidar deudas, a tasas caras, pero de alguna manera “limpiar” la empresa, especialmente si la intención es seguir obteniendo beneficios del estado.

Lo que remarcaron las fuentes es que Austral Construcciones SA ha tenido la posibilidad de tener plazos extraordinarios de cancelación (año 2020) y por otro lado la facilidad de que si se atrasa o no paga, no hagan efectiva las causales de caducidad, en otras palabras, nos explicaron, tiene los medios para que esas irregularidades puedan ser subsanadas por las relaciones políticas internas que existen con el órgano recaudador, es decir, “los bancan” desde adentro de la AFIP para que esos acuerdos no caigan.

La vinculación de Báez con la AFIP es tan fuerte, que aún se recuerda cuando en Chubut se desmanteló el organismo en el 2007, cuando sus técnicos descubrieron que las empresas de Lázaro habían facturado apócrifamente 500 millones de pesos. Luego de aquella embestida, el gobierno nacional creó la delegación de Río Gallegos de la AFIP y le quitó a Chubut la potestad de investigar los delitos fiscales generados en nuestra provincia. Ahora pasa algo similar en Bahía Blanca, donde Echegaray prácticamente disolvió la representación del organismo recaudador y le bajó el rango, sacando del medio a quienes intervinieron en las investigaciones de estos delitos de lavado.

Aquí en Santa Cruz, las fuentes nos confirmaon la urgencia que tiene Báez por deshacerse de los “negocios” que le causan pérdidas y lo más importante, no producen nada y le implican erogar cientos de miles de pesos mensualmente, lo que en palabras de quienes han estado en “los números de la empresa”, lo saca de quicio y enciende su mal humor.

Echegaray no es precisamente, un hombre que se pueda erigir como imparcial a la hora de emitir un discurso creíble, pretendiendo que este mensaje de que “Cristina no es socia de Lázaro Báez”, sea creído por quienes vivimos en Santa Cruz. Mucho menos conociendo de dónde proviene Ricardo Echegaray, quien fue abogado de la empresa Gotti Hnos y junto a Rudy Ullo Igor,por orden de NK, fueron los armadores de los negocios alrededor de la APAP, gremio de empleados públicos que Néstor Kirchner ordenó cooptar (y destruir) en los ´90 y dejó en manos de Echegaray y Rudy la creación de una Mutual que luego se asoció con la empresa Credisol SA de Lázaro Báez, otorgándole a esta financiera el código de descuento de los empleados públicos, haciendo rehenes a éstos, de créditos usurarios, que rigurosamente descontaban de sus sueldos mes a mes.

Toda esta información OPI la publicó cuando Echegaray aún no era conocido públicamente como funcionario K; sin embargo, reeditar aquellas memorias, ayuda a comprender el presente, las palabras dichas por Echegaray y básicamente, nos permite inferir que si el titular de la AFIP dice esto, es porque la realidad es inversamente proporcional a su discurso, más aún teniendo en cuenta que sale a aclarar, en medio de la oscuridad que aportan las nuevas publicaciones sobre las acciones de lavado de dinero de otras empresas vinculadas con el poder y más precisamente con Lázaro Báez, socio y amigo del extinto Néstor Kirchner cuyos negocios y vinculaciones, la presidente no desconoce, seguramente. (Agencia OPI Santa Cruz)