El oficialismo no da señales de avance en materia de transparencia y la Argentina se perfila como uno de los pocos países de la región que aún no promulgó la ley. En nueve años de gestión sólo sancionó un decreto [el 1172], y pese a que desde 2003 hasta hoy se presentaron más de 60 proyectos en el Congreso, todos quedaron anclados en el tintero parlamentario, sin margen de alcanzar jerarquía constitucional para su posterior sanción.
En la última década, sólo dos de todos los proyectos que arribaron al Congreso estuvieron al borde de traspasar el filtro de ambas cámaras y convertirse en ley. El primero lo elaboró la Oficina de Anticorrupción (OA) en 2001. Logró la sanción en Diputados en 2003 y fue alterado luego en el Senado por la jefa de Estado, que en aquel momento era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tres años más tarde –ante el rechazo de las modificaciones incorporadas– el proyecto perdió estado parlamentario.
“El Gobierno demostró su vocación muy temprano, porque cuando en 2003 en el Senado la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley, ese proyecto fue totalmente limitado en la Cámara de Senadores, ahí ya se empezó a mostrar que había una intención de un acceso a la información restrictivo”, subrayó la diputada Patricia Bullrich, de Unión por Todos.
Pasaron siete años y en 2010 el debate se reabrió en la cámara Alta, en donde se comenzó a tratar la propuesta del senador Samuel Cabanchik (ProBAfe). Después de recibir algunas modificaciones consiguió la sanción del Senado y al pasar a Diputados el proyecto fue aprobado por todas las comisiones [Asuntos Constitucionales y Justicia], a excepción de Presupuesto, liderada por un integrante del oficialismo, que no se sumó al plenario, razón que hizo que el proyecto quedara trunco.
“Las trabas estaban en la comisión de Presupuesto, pero sobre el texto no se ponían de acuerdo en cosas que no eran cruciales. La ley era tan ambiciosa que quedó en la nada”, expresó Dolores Lavalle Cobo, abogada y especialista en acceso a la información. “Si ese proyecto no salió, que ya tenía la sanción del Senado y un consenso bastante importante de Diputados, algo pasó para que no haya prosperado”, opinó.
Por su parte, el senador Samuel Cabanchik, autor del proyecto, aseguró que antes del 2011, con vigencia parlamentaria y media sanción en el Senado “fue la oposición la que dejó caer el proyecto”. Y en ese sentido dijo: “Verdaderamente los bloques de lo que se llamó ´Grupo A´, sumaban todos ellos la suficiente cantidad de voluntades para haber sancionado la ley, tuvieron muchos meses para hacerlo y dejaron que pierda estado parlamentario”.
En la actualidad la única herramienta normativa que resguarda el derecho de acceso a la información es el decreto 1172/03, promulgado en los primeros meses de la gestión de Néstor Kirchner, que rige en torno a la Jefatura de Gabinete de Ministros y cuya autoridad de aplicación es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, liderada por un integrante de La Cámpora: Franco Vitali.
Ante este escenario la pregunta que surge es: ¿por qué si el kirchnerismo promulgó el decreto aún no impulsó con fuerza la sanción de la ley? Según la diputada del Pro y ex titular de Poder Ciudadano, Laura Alonso, “nunca hubo en los Kirchner voluntad de promover políticas de transparencia y acceso a la información”. “Fueron todas decisiones de maquillaje”, sentenció y advirtió: “El proyecto de ley de acceso a la información está condenado a muerte mientras Cristina Kirchner sea Presidenta”.
Para Álvaro Herrero, director de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), hay una lectura sesgada del tema. “El acceso a la información pública es un punto clave para el ejercicio de todos nuestros derechos”, aseguró y añadió: “Permitir que esto pase al olvido o se desarticulen todos los avances es una picardía. Fue el kirchnerismo el que puso este tema en la política”.
En América latina sólo Argentina, Venezuela y Paraguay aún no han sancionado la ley, razón suficiente para quedar a la retaguardia del resto del mundo y fuera también de la Alianza de Gobierno Abierto; una política que incluye 55 países y que pone a disposición gratuita y online datos públicos para interpretar información por medio del cruce de datos, con la idea de mejorar las políticas públicas del Estado.
El DECRETO 1172 Y LA SUBSECRETARÍA
“El decreto fue el principio de la gestión y después empezaron a mostrar su verdadera cara: ningún principio de publicidad, ningún principio de transparencia, ni ningún principio de información”, afirmó Patricia Bullrich. La diputada de Unión por todos estacó el consenso que hubo en la cámara de Diputados a la hora de trabajar sobre el proyecto de acceso a la información. “En Diputados se trabajó todo en común, se logró juntar a todos los bloques opositores sin distinción de ningún tipo”, señaló.
Bullrich, al igual que Alonso (Pro), presentó varias propuestas, pero ninguna de ellas llegó a concretarse. La última concierne a la creación de una oficina de acceso a la información. “Acá hubieran podido discutir proyectos y buscar un acuerdo, sin embargo no nunca quisieron sacar nada. El acceso a la información es imposible, cada vez que uno pide información es terrible el tiempo que demora”, y más tarde añadió: “Los temas que ellos [el oficialismo] no quieren tratar: boleta única, publicidad oficial, acceso a la información, ni se hablan”.
Acceder a datos de carácter público muchas veces puede resultar una odisea que deriva en una misma constante: la ausencia de información. “La ejecución presupuestaria fue volada de la Web, hay menos información disponible, los pedidos de informe por las cámaras no se aprueban porque el oficialismo no los pone en tratamiento de las comisiones”, denunció Alonso y espetó: “Hay un sistema de promoción del no acceso a la información”.
Varios de los pedidos que realizó la ex titular de Poder Ciudadano llevan el sello de una misma respuesta: los datos solicitados se encuentran amparados por la Ley°25.326, de Protección de Datos Personales. “Pedí hace un tiempo la lista de las productoras que habían sido contratadas por Canal 7 y el monto de los contratos. Me contestaron que eran datos personales. Un contrato con una persona jurídica es un dato público”, enfatizó Alonso.
A saber, al menos este año Argentina seguirá huérfana de una ley de acceso a la información. En este sentido el director de ADC aseguró: “Todo el esfuerzo de articulación de generar una política pública e información sobre la labor de la Secretaría, hoy no está”, y completó: “Hay muchos proyectos e iniciativas pero al menos este año no va a estar en la agenda legislativa y eso es un problema”.
Publicado por Florencia Gagliardi
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