En Antofagasta de la Sierra, ciudadanos de la Catamarca profunda se movilizan por defender sus derechos, por protegerse de un mal gobernante, elevan su voz y exigen transparencia, preguntan que se hacen con los recursos que les pertenecen, y la respuesta del gobierno es el menosprecio, la subestimación y la protección corporativa de quien es máximo responsable de la estafa moral a todo un pueblo.
Estos reclamos están relacionados a la malversación de los fondos públicos, al mal desempeño en el ejercicio de la función pública, al abuso de autoridad y a la persecución hacia empleados municipales y vecinos.
Reclamos que no surgen de la conspiración opositora, ni de la mala intención del Senador de dicho departamento. Estos son reclamos legítimos de los ciudadanos de Antofagasta de la Sierra, dados a conocer mediante escritos y petitorios a las propias autoridades del Gobierno Provincial.
El gobierno de la provincia, y diputados oficialistas no pueden desconocer este contexto opresivo sobre los ciudadanos antofagasteños. Son ciudadanos que merecen la protección y la atención pública que corresponde. La omisión, la negación y el menosprecio, sería considerarlos ciudadanos de segunda.
Pero lamentablemente, actúan y declaman desde la parcialidad partidista, y no encontraron mejor herramienta que el acusar libremente. Acusan de destituyentes a quienes se movilizan, ejercen el derecho a la protesta, cansados de tantas burlas.
Estas acusaciones son al único fin de criminalizar toda protesta. Existen pruebas más que contundentes de la inmoralidad reinante en el gobierno municipal. Existen procesos judiciales en las cuales está imputado el actual intendente. Nadie quiere desconocer el mandato popular, pero surgen vías legales y democráticas para imponer límites a la irregularidad, al desfalco administrativo, a la inmoralidad de un funcionario.
El gobierno ha elegido proteger a un Intendente que comete todo tipo de atropellos, institucionales, administrativos, financieros y comete actos de persecución contra empleados y vecinos. Ha elegido dar la espalda a todo un pueblo, que solo pretende a través de su derecho a la protesta, les devuelvan la dignidad como verdaderos y únicos soberanos. Al igual que funcionarios del gobierno de la provincia, los diputados oficialistas asumieron ese acto de menosprecio hacia el pueblo de Antofagasta de la Sierra, y prefieren denunciar a un Senador del Frente Cívico como Luis Rodriguez bajo el falaz argumento de ser un instigador, que desde las sombras conspira contra el actual intendente. Nada más alejado de la realidad. Solo cumple su misión de denunciar lo que por deber moral corresponde. Actúan como guardia pretoriana de un inmoral gobernante, es decir de modo cómplice. Pero lo más grave, es que le dan la espalda a legítimos reclamos de un pueblo que quiere hacer oír su voz en contra de quienes burlan sus derechos y demandas.
La represión contra la comunidad aborigen, es una muestra palpable del menosprecio que hacemos referencia. Expresamos nuestra solidaridad con nuestros hermanos, reprimidos de manera cruel por el solo hecho de ejercer un derecho. Si se tratase de un intendente de la oposición, seguramente dirían lo contrario. Ya lo demostraron atacando ferozmente a un ex intendente por orden de un fiscal que participó de un acto justicialista. Nada dicen tampoco, ni el gobierno ni sus legisladores sobre otro atropello. El no dejar que cumpla con su función un Concejal del Frente Cívico genuinamente elegido. Bajo argumentos irracionales, y actos de patoterismo institucional que impiden que ejerza su función. Terminan por salvaguardar los intereses de un intendente que solo es noticia cuando comete todo tipo de actos de felonía republicana. Ya es conocido por toda la opinión pública, de los actos y avasallamientos que nos tiene acostumbrados el Intendente Elpidio Guaráz como autor intelectual de los atropellos y de la autora material de los mismo, su hermana la concejal Esther Guaráz. Nos solidarizamos con el Concejal Guillermo Leguizamón, hombre proveniente de nuestro radicalismo, comprometido con su pueblo. Exigimos que cumplan con lo expedido por la Corte de Justicia al ordenar se le restituya el cargo por la cual fuere legítimamente elegido.
El inicio de este gobierno fue con despidos, con represión en los primeros meses en departamentos del interior de nuestra Provincia, increparon a los fiscales tras los sucesos en Parque América, detuvieron a un militante a partir de falsas acusaciones, continúan los ataques sistemáticos a la Corte de Justicia, dejan sin funcionamiento de modo arbitrario al Consejo de la Magistratura, designan al Fiscal de Estado mediante decreto y de modo inconstitucional, y protegen a intendentes que actúan por fuera de la ley y de la moral pública.
Las instituciones constituyen la piedra angular de su sociedad. Las instituciones tienen que ser inclusivas y los ciudadanos deben confiar y creer en ellas. El favoritismo, el partidismo y elementos de control y poder tienen que estar marginados de estas instituciones. Los ciudadanos deben creer en ellas, y saber que están protegidos contra cualquier tipo de oprobio. Por el contrario, las instituciones no protegen a quienes actúan contra el pueblo, por fuera de la ley y de la moralidad pública.
COMITE PROVINCIA DE LA UCR
CATAMARCA
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