Martín Schorr aborda las diferencias entre
los discursos y los hechos en materia de extranjerización económica.
Martín Schorr (ACTA)
La
apertura que sufrió la economía argentina durante el decenio de 1990 (con sus
antecedentes desde 1976) supuso transformaciones decisivas en la estructura
económica y en la dinámica social. Si durante el modelo de sustitución de
importaciones el eje del proceso económico pasaba por la defensa del mercado
interno a través de una alianza entre el capital nacional y la clase obrera,
bajo el predominio del neoliberalismo se potenció una inserción en el mercado
mundial a partir de rubros altamente concentrados y asociados a la explotación
de recursos naturales. Sectores en los que, en su mayoría, los salarios
significan mucho más un costo de producción que un factor dinamizador del
consumo. Más recientemente, el abandono del régimen convertible implicó cambios
a nivel macroeconómico que tuvieron un impacto positivo en el desempeño de los
sectores ligados al mercado interno, pero durante la pos convertibilidad
también se profundizaron las modalidades de inserción del país en una economía
mundial crecientemente internacionalizada.
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| la corrupción y la nueva entrega |
Entre
las principales apuestas del gobierno de Néstor Kirchner figuró la recreación
de una “burguesía nacional” que pudiese constituirse en el sujeto impulsor de
un proceso de desarrollo económico con inclusión social. Para lograrlo se apeló
al recuerdo del empresariado mercado-internista que durante la etapa de la
industrialización sustitutiva conformó, junto con la clase trabajadora, la
alianza social sobre la cual se erigió el peronismo clásico.
El
proyecto parece haber quedado trunco, como se desprende de algunas acciones del
gobierno de Cristina Fernández que involucraron la intervención directa del
Estado en empresas de sectores estratégicos (como YPF y Aerolíneas Argentinas).
No obstante, la esperanza en una clase empresaria vernácula no ha desaparecido
totalmente; así lo demuestran las diversas regulaciones que, sobre todo a
partir de 2008, se han adoptado en materia comercial con la supuesta intención
de favorecer la actividad de los capitalistas nativos.
La continuidad del proceso de
extranjerización
En
la primera mitad de la década de 1990 el grueso de la inversión extranjera
directa se dirigió al sector no transable, especialmente hacia los servicios
públicos privatizados. Mientras que en el segundo lustro la extranjerización
alcanzó también al sector productivo, en particular a aquellas actividades que
contaban con ventajas absolutas como la producción agroindustrial, minera,
petrolera y de otros commodities. Así las cosas, en el año 2001 del panel de
las 200 corporaciones más grandes de nuestro país un total de 92 empresas eran
extranjeras y, en conjunto, daban cuenta del 55% de las ventas globales de
dicha cúpula (en 1990 eran 56 firmas que explicaban “apenas” el 23% de la
facturación total).
Ahora
bien, ni el resurgimiento en los elencos gubernamentales de discursos
favorables a un “capitalismo nacional”, ni el renovado protagonismo de firmas
de capital local supuestamente interesadas en desarrollar el mercado interno,
han logrado revertir durante la pos convertibilidad el proceso de
extranjerización. Muy por el contrario, este último se afianzó: en 2010 las
compañías de origen foráneo dentro de la elite empresaria eran 115 y su
ponderación en las ventas totales orillaba ya el 60%. Semejante nivel de
extranjerización se dio, además, en un cuadro de creciente concentración a
favor de estos segmentos del poder económico, pues a fines de la década pasada
las 200 empresas más grandes del medio doméstico explicaron cerca del 30% de
toda la producción generada en el país, porcentual holgadamente superior a los
registros de la convertibilidad.
Una
aproximación alternativa permite corroborar que en la actualidad el peso
relativo del stock de inversión extranjera directa en el PBI (algo más del 20%)
se encuentra en valores similares a los existentes al final de la
convertibilidad, pero con un nivel de actividad que es el 75% más elevado.
El
predominio extranjero se manifiesta en casi todos los sectores, siendo
particularmente intenso en aquellas actividades que han tenido un rol
protagónico en el crecimiento económico en la pos convertibilidad:
agroindustrias, armaduría automotriz, industrias químicas y de refinación,
minería y petróleo, comercio minorista y de productos agropecuarios. Además,
los capitales transnacionales tienen una presencia destacada en diversos
servicios, como la telefonía celular y el sector financiero a comienzos de la
década en curso los bancos extranjeros controlaban aproximadamente la mitad de
los depósitos y los préstamos concedidos por la banca privada con operatoria en
el medio local).
El
peso estructural de los oligopolios foráneos se vuelve aún más gravitante
cuando se evalúa su importancia sobre el comercio exterior: la participación de
este tipo de firmas sobre el total de las exportaciones argentinas pasó de
alrededor del 40% a fines de la convertibilidad a casi el 50% en la actualidad.
Este hecho es sumamente significativo ya que se trata de un número acotado de
corporaciones extranjeras que detenta el control sobre una parte de las divisas
generadas en el país, lo cual les confiere objetivamente un importante poder de
veto sobre la orientación del funcionamiento estatal en distintos aspectos.
Otra
cuestión a mencionar son los “cambios de mano” a favor del capital
transnacional (con una participación activa de inversores brasileros) que
involucraron a varias compañías en cuya propiedad participaban accionistas
locales y que, por su generalizada condición de oligopolios en un mercado
interno reactivado y/o por contar con bajos costos absolutos en dólares (lo
cual favorece su inserción exportadora en un contexto de creciente demanda
mundial de commodities), operaron con amplios márgenes de rentabilidad. Entre
otras empresas líderes que pasaron a manos de capitales extranjeros en estos
años se destacan: la bodega Peñaflor, Trigaglia (molino harinero), Molfino
Hermanos (industria láctea), Pecom Energía (holding petro-energético y
petroquímico del grupo Pérez Companc), Cervecería Quilmes, Acindar (siderurgia),
Loma Negra (cemento) y numerosos frigoríficos.
En
conclusión, bajo el esquema de acumulación que se ha venido configurando tras
la implosión de la convertibilidad, se han afianzado las tendencias hacia una
fuerte extranjerización del núcleo duro del poder económico local y, en
consecuencia, del conjunto de la economía argentina. Naturalmente, el correlato
de esta situación es una ostensible pérdida de “decisión nacional” en lo que
atañe a la definición de ciertas temáticas relevantes para el devenir
económico, político y social del país. Tal es el resultado de una economía
dependiente en tiempos de globalización, pero también del andamiaje
normativo-institucional vigente. Por ejemplo, en la actualidad sigue rigiendo
la Ley de Inversiones Extranjeras Nº 21.382 sancionada durante la última
dictadura militar y otras normas complementarias que habilitan múltiples
prebendas al capital extranjero. Además, vale apuntar que en la
posconvertibilidad fueron ratificados 55 de los 58 tratados bilaterales de inversión
que la Argentina suscribió en la década de 1990 en pleno auge del
neoliberalismo.
¿Menor o mayor dependencia?
La
extranjerización del gran capital en la economía argentina es un dato
estructural que no responde a factores meramente coyunturales del tipo “etapa
de crisis” o “etapa de crecimiento”. Si bien tras el default de la deuda, el
abandono de la paridad cambiaria fija y la cancelación de los pasivos con el
FMI el país logró mayor autonomía respecto del capital financiero
internacional, el rol central que juegan las grandes empresas extranjeras en
variables clave como el nivel de la inflación y el tipo de cambio, la
inversión, el mercado de trabajo, la distribución del ingreso y las cuentas
externas y fiscales, ha reforzado ciertos aspectos nodales de la dependencia
económica. La concentración de poder económico en una fracción del capital cuyo
centro de decisión escapa, en lo sustancial, a los límites territoriales de la
nación, impone condicionamientos importantes al Estado argentino en su intento
por definir los parámetros centrales del proceso de acumulación.
A
este se le añade una serie de elementos críticos que no han tenido la debida
atención de los “hacedores de política” y de diversos ámbitos académicos e
incluso sindicales, al menos hasta que últimamente “reapareció” con crudeza la
problemática de la restricción externa y se empezaron a realizar esfuerzos
denodados, no siempre exitosos, priorizando el corto (y muy corto) plazo. Entre
otros nudos críticos cabe resaltar: las compañías transnacionales que se
desenvuelven en el nivel local son relativamente poco generadoras de empleo por
unidad producida y en su interior se manifiesta una distribución funcional del
ingreso sumamente regresiva, lo cual torna poco plausible que el poder
económico realmente existente pueda oficiar de vector conductor de un “modelo
de acumulación con inclusión social”; las presiones sobre las cuentas externas
generadas por los actores que controlan una proporción muy considerable y
creciente del ingreso, por el hecho de ser fuertes demandantes de divisas
(aunque sean importantes exportadores): altos coeficientes de importación (con
su correlato en el plano interno en débiles grados de articulación e
integración productiva y tecnológica, y el afianzamiento del carácter trunco de
la estructura manufacturera), remisión al extranjero de utilidades y
dividendos, pago de honorarios y de regalías por la compra y/o la utilización
de tecnologías y/o patentes, intereses devengados por el endeudamiento con el
exterior, etc. Por eso, difícilmente se pueda afirmar que la inversión
extranjera directa contribuya en el largo plazo a superar el problema del
estrangulamiento externo crónico de la Argentina; y la inversión insuficiente
por parte de las grandes empresas extranjeras y nacionales, así como la
persistencia de buena parte del excedente en estado “líquido”, en su mayor
parte bajo la forma de fuga de capitales al exterior.
¿“Burguesía nacional” versus capital
extranjero?
La
notable extranjerización de la economía argentina en las últimas décadas no
hace más que expresar la ostensible debilidad del capital nacional vis-à-vis el
capital extranjero. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, esta
fracción del empresariado local ha venido resignando porciones importantes de
la estructura económica y se ha replegado hacia el procesamiento de recursos
básicos relacionados con la “vieja” (pero sumamente actual) inserción del país
en la división internacional del trabajo, actividades que, vale recalcar,
tienen en los salarios bajos un dato estructural. Entre los “miembros ilustres”
de esta fracción del poder económico se destacan los grupos Arcor,
Grobocopatel, Ledesma, Madanes, Pérez Companc, Techint, Urquía y Vicentín,
quienes en la pos convertibilidad se vieron ampliamente beneficiados.
A
ellos debería agregarse un conjunto de actores que experimentaron un
crecimiento notable bajo los gobiernos kirchneristas y que antes ocupaban
lugares marginales (o inexistentes) en la dinámica de acumulación general y en
el interior de los sectores dominantes. Dicha expansión económica y patrimonial
fue posible merced a la muy activa participación de estos actores en muchas de
las “áreas de negocios” que se habilitaron desde el sector público en
diferentes frentes: obras de infraestructura, energía, medios de comunicación,
juegos de azar, etc. (Electroingeniería, Cristóbal López, Lázaro Báez, Grupo
Petersen y Pampa Holding).
La
notable expansión de estos “nuevos” grupos económicos fue posible por tratarse
en general de actividades no transables y reguladas por el Estado y, por lo
tanto, no sujetas directamente a la competencia capitalista. Lo más interesante
a destacar al respecto, más allá de posibles hechos de corrupción, es que no se
trata de un nuevo conjunto de “campeones nacionales” fomentados desde el
aparato estatal, a la manera de los chaebols coreanos, para disputar una
porción del mercado mundial en sectores dinámicos e intensivos en conocimiento,
sino que deriva del aprovechamiento de ciertos espacios de acumulación que
operan a resguardo de la competencia externa.
Es
por ello que, más allá de las diferencias que puedan establecerse entre estos
capitales vernáculos y los anteriores (historia empresaria, procedencia social
de los propietarios, inserción sectorial de las firmas, grados de articulación
con el capital extranjero, etc.), es claro que ninguno de ellos está interesado
en encarar un proyecto susceptible de impulsar la reindustrialización del país
sobre la base del desarrollo y el control de nuevas capacidades productivas que
puedan recrear y/o potenciar las ventajas dinámicas de la economía, como
mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y reducir
el nivel de dependencia. De allí que se encuentren en las antípodas de lo que
constituiría una genuina burguesía nacional.
De
modo que en la actualidad, pese a ciertas construcciones discursivas, hay
confluencia de intereses en el proyecto de país del capital extranjero y de los
diferentes segmentos del gran capital nacional. En un caso, el de los “miembros
ilustres”, por su inserción en el mercado mundial a partir del aprovechamiento
de las ventajas comparativas domésticas. En el otro, el de los “nuevos
burgueses”, porque allí no se busca modificar las modalidades de inserción de
la Argentina en la economía global, en la medida en que el objetivo casi
excluyente pasa por garantizarse ciertos “nichos de privilegio” al amparo de
múltiples acciones y omisiones estatales. El problema es que, en ambos casos,
el resultado es el mismo: la profundización de un perfil de especialización
sumamente regresivo y una inserción pasiva y subordinada en el mercado mundial.
Esto
marca una diferencia sustancial entre el papel de la burguesía argentina y
otras periféricas como las del sudeste asiático, cuyas empresas nacieron
mayormente como proveedoras o clientes de compañías foráneas pero luego se
desarrollaron hasta terminar compitiendo con ellas. Países como Corea del Sur,
Taiwán o China también procuraron insertarse en la economía globalizada a
través de sus exportaciones, pero a diferencia del grueso de América Latina,
estos países carecen de ventajas comparativas naturales y sus respectivos
Estados buscaron crear o fortalecer burguesías nacionales asentadas sobre la
producción industrial (con una creciente densidad tecnológica). Ello, a partir
de burocracias estatales con grados más o menos relevantes de autonomía
relativa respecto de la sociedad civil.
| Martínez de Hoz, Videla junto a Rockefeller |
En
cambio, en América Latina en general, y en la Argentina en particular, la mayor
parte de los sectores dominantes sigue asentándose en buena medida sobre la
explotación de las ventajas comparativas que ofrecen sus recursos naturales o
en “nichos” de negocios regulados por el sector público; consecuentemente, los
Estados nacionales no han llevado adelante una verdadera política industrial.
De allí que las distintas regiones de la periferia (Este de Asia y América
Latina) ocupen hoy en día lugares tan disímiles en la división internacional
del trabajo.
| Cristina Fernández y David Rockefeller |
En
ese marco, difícilmente se encuentre entre las prioridades de las empresas
trasnacionales el modificar sustancialmente el rol de la economía argentina en
el mercado mundial, mucho menos cuando la misma no ofrece ventajas comparativas
más allá de su abundante dotación de recursos naturales y ciertos ámbitos de
acumulación privilegiados por las políticas públicas. Pero tampoco parece
existir una burguesía nacional dispuesta a llevar adelante un proyecto de país
distinto al que surge “naturalmente” de la tradicional división del trabajo a
escala mundial. En definitiva, en este esquema no parece haber ninguna fracción
de la gran burguesía que tenga interés genuino en impulsar la reconstrucción de
un sistema industrial fuerte y moderno que le permita a la Argentina salir de
su situación de dependencia.
Se
trata de cuestiones de suma relevancia, máxime cuando en nuestro país existe un
discurso bastante difundido que plantea que a partir de la salida de la
convertibilidad, puntualmente desde 2003, se estaría atravesando una
reindustrialización pujante que tiene entre sus principales correlatos un
control nacional cada vez más acentuado. Sin embargo, ello entra en
contradicción con dos factores estructurales, estrechamente relacionados, que
se fueron configurando en los años de vigencia del neoliberalismo y que en la pos
convertibilidad se profundizaron en sus aspectos esenciales: un perfil de
especialización e inserción internacional que pivotea sobre producciones con un
bajo o nulo grado de industrialización y una creciente extranjerización de la
economía local. Todo esto invita a revisar críticamente el discurso legitimador
de los procesos socio-económicos en curso, los criterios que guían la
intervención estatal y el esquema real de ganadores y perdedores de la última
década en términos de clases y fracciones de clase.
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| las patas peronistas de la decadencia |
Martín Schorr es Licenciado en Sociología
(UBA), Magíster en Sociología Económica , Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO),
docente e investigador de CONICET y coordinador, entre otros, del libro
recientemente publicado “Argentina en la pos convertibilidad: ¿desarrollo o
crecimiento industrial? Estudios de economía política”.
FUENTE: http://www.argenpress.info
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