21 de septiembre de 2012 - 11:00
Restitución de fondos ilícitos a Latinoamérica
Vladimiro Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante el gobierno de Alberto Fujimori. (Keystone)
Por Andrea Ornelas, swissinfo.ch
México y Perú han sido beneficiarios de la restitución de fondos de políticos ‘intocables’ que se resguardaban en el país alpino. Argentina y Haití podrían ser los siguientes en la lista.
La
antigua imagen de la plaza financiera helvética, protegida por la
invencible coraza de su secreto bancario, operó durante décadas como
poderoso imán de fondos criminales de potentados de todo el mundo.
Patrimonios que más de un banco consintió en recibir y contra los que Suiza sostiene una lucha que le ha permitido devolver 1.700 millones de dólares a una decena de gobiernos durante los últimos 15 años, según datos a julio de 2012 del Ministerio de Asuntos Extranjeros.
América Latina y el Caribe protagonizan varios casos de envergadura en la saga de los fondos congelados e investigados por las autoridades suizas. Perú y México han recibido restituciones de fondos. Y gobiernos como los de Argentina o Haití aguardan noticias.
Patrimonios que más de un banco consintió en recibir y contra los que Suiza sostiene una lucha que le ha permitido devolver 1.700 millones de dólares a una decena de gobiernos durante los últimos 15 años, según datos a julio de 2012 del Ministerio de Asuntos Extranjeros.
América Latina y el Caribe protagonizan varios casos de envergadura en la saga de los fondos congelados e investigados por las autoridades suizas. Perú y México han recibido restituciones de fondos. Y gobiernos como los de Argentina o Haití aguardan noticias.
El caso Montesinos
Perú
se puso de cabeza el 14 de septiembre de 2000, cuando un video
presentado durante una rueda de prensa en Lima exhibía a Vladimiro Lenin
Montesinos Torres, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional durante
el gobierno de Alberto Fujimori, entregando 15.000 dólares al político
Alberto Kuori para que abandonara la oposición -‘Perú posible’- en favor
del fujimorismo.
La noticia generó un incendio político y terminó por derribar el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en nuevas elecciones ante la atónita mirada de una opinión pública que se enteraba de que Montesinos había logrado fugarse sin contratiempo alguno.
Fue solo nueve meses después cuando la materia gris del gobierno de Fujimori, como se le conocía a Montesinos, fue capturado en Venezuela y deportado a su patria para ser juzgado por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, asesinatos y lavado de dinero.
Parte de los fondos blanqueados por el político peruano se hallaban resguardados en Suiza en cuentas administrada por los bancos UBS, Leu –fusionado en 2009 con Credit Suisse- Leumi, Fibi y Credit Agricole Indosuez.
Se bloquearon activos por valor de 115 millones de dólares, y para iniciar un proceso de restitución se requirió una estrecha colaboración entre la justicia helvética y la peruana.
En Suiza, los trabajos de investigación estuvieron a cargo de la jueza de Instrucción de Zúrich, Cornelia Cova, y permitieron devolver en agosto de 2002 77,5 millones de dólares al Banco de la Nación de Perú; el monto cuyo origen ilícito pudo probarse. Actualmente, Vladimiro Montesinos purga una condena de 25 años en su país.
La noticia generó un incendio político y terminó por derribar el gobierno de Alberto Fujimori, lo que derivó en nuevas elecciones ante la atónita mirada de una opinión pública que se enteraba de que Montesinos había logrado fugarse sin contratiempo alguno.
Fue solo nueve meses después cuando la materia gris del gobierno de Fujimori, como se le conocía a Montesinos, fue capturado en Venezuela y deportado a su patria para ser juzgado por enriquecimiento ilícito, narcotráfico, asesinatos y lavado de dinero.
Parte de los fondos blanqueados por el político peruano se hallaban resguardados en Suiza en cuentas administrada por los bancos UBS, Leu –fusionado en 2009 con Credit Suisse- Leumi, Fibi y Credit Agricole Indosuez.
Se bloquearon activos por valor de 115 millones de dólares, y para iniciar un proceso de restitución se requirió una estrecha colaboración entre la justicia helvética y la peruana.
En Suiza, los trabajos de investigación estuvieron a cargo de la jueza de Instrucción de Zúrich, Cornelia Cova, y permitieron devolver en agosto de 2002 77,5 millones de dólares al Banco de la Nación de Perú; el monto cuyo origen ilícito pudo probarse. Actualmente, Vladimiro Montesinos purga una condena de 25 años en su país.
México: el 'hermano incómodo'
México
rozó el primer mundo en 1994: las exportaciones crecían, el peso era
sólido y el país había sido aceptado como miembro de la selecta
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Un cuento de hadas político-económico que resquebrajó abruptamente cuando el peso se devaluó el 19 de abril de ese año, a los pocos días de que Carlos Salinas de Gortari concluyera su cargo como presidente de este país.
En abril de 1995, su hermano mayor, Raúl Salinas de Gortari, era arrestado en México por enriquecimiento ilícito y por la presunta autoría intelectual de un asesinato político.
El hermano incómodo, como se le denominó en México, fue recluido en prisión. Y en noviembre de ese mismo 1995, Paulina Castañón, esposa del acusado, era detenida en Ginebra al intentar retirar fondos de las cuentas suizas de su cónyuge.
La investigación del caso era compleja y no fue hasta 1998 que la entonces fiscal federal suiza, Carla del Ponte, logró reunir las pruebas necesarias para ordenar la congelación de 114 millones de dólares depositados en cuentas de Raúl Salinas en Ginebra, tras probarse que había entregado coimas al narcotráfico mexicano.
Posteriormente, fue el juez de instrucción del cantón de Ginebra, Paul Perraudin, quien retomó el caso y condujo un accidentado proceso de investigación. En 2002, optó por delegar a las autoridades mexicanas la persecución de los delitos de Salinas, al considerar que era imposible fincar un proceso penal.
Desde prisión, el acusado calificó de “arbitraria” la decisión del magistrado ginebrino y exigió que se “liberaran de inmediato los fondos en Suiza secuestrados por el juez Perraudin”.
El caso fue trasladado a la Corte de lo Penal de París y concluyó en 2008, tras lo cual Suiza devolvió a México el capital más intereses: 74 millones de dólares para el gobierno azteca y otros 70 millones a empresas vinculadas a los negocios de Salinas, pero que probaron que sus haberes no eran ilegales.
Un cuento de hadas político-económico que resquebrajó abruptamente cuando el peso se devaluó el 19 de abril de ese año, a los pocos días de que Carlos Salinas de Gortari concluyera su cargo como presidente de este país.
En abril de 1995, su hermano mayor, Raúl Salinas de Gortari, era arrestado en México por enriquecimiento ilícito y por la presunta autoría intelectual de un asesinato político.
El hermano incómodo, como se le denominó en México, fue recluido en prisión. Y en noviembre de ese mismo 1995, Paulina Castañón, esposa del acusado, era detenida en Ginebra al intentar retirar fondos de las cuentas suizas de su cónyuge.
La investigación del caso era compleja y no fue hasta 1998 que la entonces fiscal federal suiza, Carla del Ponte, logró reunir las pruebas necesarias para ordenar la congelación de 114 millones de dólares depositados en cuentas de Raúl Salinas en Ginebra, tras probarse que había entregado coimas al narcotráfico mexicano.
Posteriormente, fue el juez de instrucción del cantón de Ginebra, Paul Perraudin, quien retomó el caso y condujo un accidentado proceso de investigación. En 2002, optó por delegar a las autoridades mexicanas la persecución de los delitos de Salinas, al considerar que era imposible fincar un proceso penal.
Desde prisión, el acusado calificó de “arbitraria” la decisión del magistrado ginebrino y exigió que se “liberaran de inmediato los fondos en Suiza secuestrados por el juez Perraudin”.
El caso fue trasladado a la Corte de lo Penal de París y concluyó en 2008, tras lo cual Suiza devolvió a México el capital más intereses: 74 millones de dólares para el gobierno azteca y otros 70 millones a empresas vinculadas a los negocios de Salinas, pero que probaron que sus haberes no eran ilegales.
La inmunidad de Menem
Carlos
Saúl Menem, el poderoso, carismático y controvertido presidente de
Argentina entre 1989 y 1999 -amado y criticado a partes iguales-, fue el
artífice de una oleada de privatizaciones y de la dolarización de la
economía del país.
En 1998, como parte de la obligación que tienen de comunicar a las autoridades toda operación sospechosa, los bancos suizos informaron sobre una cuenta abierta por el mandatario argentino a nombre de Zulema Yoma (su entonces esposa) y de su hija común, Zulemita, en el UBS de Ginebra, que ascendía a 600.000 dólares.
A partir de entonces inició un proceso de minuciosos seguimiento sobre los fondos de Menem en Suiza.
En 2001, el juez Bernard Bertossa confirmó la existencia de las dos cuentas y fue el también helvético juez Claude Wenger quien determinó que se congelaran los fondos.
Un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.
Los cargos que se le imputaban a Menem y objeto de la investigación estaban relacionados con la venta de armas de Argentina a Ecuador y Croacia.
En 2002 se probó también la existencia de una cuenta en el Banco del Gotardo en Zúrich por 6 millones de dólares, a nombre de Ramón Hernández, secretario particular de Menem durante sus años como presidente.
En temas de justicia, Suiza solo puede ofrecer asistencia a otro Estado si los delitos que se imputan a una persona son perseguidos en los dos países.
En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.
En 2007, el caso fue ascendido a calidad de juicio en Argentina, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien ha retomado las riendas para llevarlo a término.
Sin embargo, Argentina no ha suministrado a Suiza toda la información necesaria para seguir adelante en el proceso de investigación. Un hecho que en Argentina se atribuye a que Menem, en su calidad de senador por La Rioja, goza aún de inmunidad.
En 1998, como parte de la obligación que tienen de comunicar a las autoridades toda operación sospechosa, los bancos suizos informaron sobre una cuenta abierta por el mandatario argentino a nombre de Zulema Yoma (su entonces esposa) y de su hija común, Zulemita, en el UBS de Ginebra, que ascendía a 600.000 dólares.
A partir de entonces inició un proceso de minuciosos seguimiento sobre los fondos de Menem en Suiza.
En 2001, el juez Bernard Bertossa confirmó la existencia de las dos cuentas y fue el también helvético juez Claude Wenger quien determinó que se congelaran los fondos.
Un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.
Los cargos que se le imputaban a Menem y objeto de la investigación estaban relacionados con la venta de armas de Argentina a Ecuador y Croacia.
En 2002 se probó también la existencia de una cuenta en el Banco del Gotardo en Zúrich por 6 millones de dólares, a nombre de Ramón Hernández, secretario particular de Menem durante sus años como presidente.
En temas de justicia, Suiza solo puede ofrecer asistencia a otro Estado si los delitos que se imputan a una persona son perseguidos en los dos países.
En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.
En 2007, el caso fue ascendido a calidad de juicio en Argentina, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien ha retomado las riendas para llevarlo a término.
Sin embargo, Argentina no ha suministrado a Suiza toda la información necesaria para seguir adelante en el proceso de investigación. Un hecho que en Argentina se atribuye a que Menem, en su calidad de senador por La Rioja, goza aún de inmunidad.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
Argentina, otra vez tras las cuentas de Menem en Suiza
Carlos Menem, durante la campaña electoral de 2002. (Keystone)
Por Andrea Ornelas, swissinfo.ch
El ex presidente argentino sería beneficiario de dos cuentas bancarias, en sucursales del UBS y del Banco del Gotardo, que se abrieron a nombre de su familia y antiguos colaboradores.
Suiza
está dispuesta a colaborar, pero necesita que el expediente Menem, que
hoy conduce el fiscal Marcel Agüero, cumpla con todos los requisitos que
exige la legislación helvética en caso de asistencia mutua.
Buenos Aires vuelve a pedir ayuda a Berna para ajustar cuentas con Carlos Saúl Menem.
Fuentes judiciales revelaron que el Tribunal Federal Oral número 1 volvió a solicitar la colaboración a Suiza para cerrar un expediente que acusa al ex presidente de Argentina (1989-1999) de “omisión maliciosa de bienes, falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes como funcionario público”.
La petición se emitió a través de un exhorto extendido por el fiscal federal Marcelo Agüero Vera, con objeto de sumar pruebas que permitan otorgar mayor sustento al juicio oral que deberá enfrentar el mandatario próximamente.
Un par de cuentas bancarias, por un monto estimado en 10 millones de dólares, se encontrarían congeladas en el UBS y Banco del Gotardo, fondos que requerirían definición y una eventual repatriación.
Una posibilidad que se fortalece de cara a la nueva Ley Duvalier que desde febrero de 2011 busca agilizar la devolución de fondos ilegítimos de personajes públicos.
Fuentes judiciales revelaron que el Tribunal Federal Oral número 1 volvió a solicitar la colaboración a Suiza para cerrar un expediente que acusa al ex presidente de Argentina (1989-1999) de “omisión maliciosa de bienes, falsedad ideológica e incumplimiento de sus deberes como funcionario público”.
La petición se emitió a través de un exhorto extendido por el fiscal federal Marcelo Agüero Vera, con objeto de sumar pruebas que permitan otorgar mayor sustento al juicio oral que deberá enfrentar el mandatario próximamente.
Un par de cuentas bancarias, por un monto estimado en 10 millones de dólares, se encontrarían congeladas en el UBS y Banco del Gotardo, fondos que requerirían definición y una eventual repatriación.
Una posibilidad que se fortalece de cara a la nueva Ley Duvalier que desde febrero de 2011 busca agilizar la devolución de fondos ilegítimos de personajes públicos.
Suiza, aguarda
Consultado
sobre la petición argentina, el Ministerio Público de la Confederación,
expresó en voz de Walburga Bur, jefa del Departamento de Comunicación,
que este caso se inscribe dentro de las solicitudes de asistencia mutua
entre Suiza y otros estados, por lo que es responsabilidad directa de la
Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza.
Contactada en su turno, la OFJ confirmó a swissinfo.ch que “no ha recibido nada en el transcurso de 2011 por parte del Gobierno argentino”, pero no descartó recibir el exhorto en los días por venir.
Éstos, dijeron fuentes de la OFJ, suelen ser procedimientos que se abordan a través de vías diplomáticas que suelen tomar tiempo.
Contactada en su turno, la OFJ confirmó a swissinfo.ch que “no ha recibido nada en el transcurso de 2011 por parte del Gobierno argentino”, pero no descartó recibir el exhorto en los días por venir.
Éstos, dijeron fuentes de la OFJ, suelen ser procedimientos que se abordan a través de vías diplomáticas que suelen tomar tiempo.
UBS, nuevamente en la mira
Dos bancos suizos serían depositarios de fondos opacos de Menem.
En 1998, y como parte del compromiso legal que tienen las instituciones de crédito de comunicar a las autoridades financieras suizas las operaciones sospechosas que registran, se identificó una cuenta abierta por Menem a nombre de Zulema Yoma (su entonces esposa) y de su hija común, Zulemita, en una sucursal del UBS en Ginebra. El monto de los activos sumaba 600.000 dólares.
El propio político argentino aceptó en 2003, frente a CNN, la existencia de esa cuenta, a pesar de que Yoma y Zulemita Menem negaron siempre el registro de esos fondos.
Cabe recordar que una investigación realizada por el semanario suizo L´Hebdo (2002) trazó la ruta de los fondos y reveló también la existencia de una cuenta más, en la sucursal de Zúrich del Banco del Gotardo, a nombre de Ramón Hernández, secretario privado de Menem durante la década de los 90. Y esta cuenta sumaba un saldo de 6 millones de dólares.
En 1998, y como parte del compromiso legal que tienen las instituciones de crédito de comunicar a las autoridades financieras suizas las operaciones sospechosas que registran, se identificó una cuenta abierta por Menem a nombre de Zulema Yoma (su entonces esposa) y de su hija común, Zulemita, en una sucursal del UBS en Ginebra. El monto de los activos sumaba 600.000 dólares.
El propio político argentino aceptó en 2003, frente a CNN, la existencia de esa cuenta, a pesar de que Yoma y Zulemita Menem negaron siempre el registro de esos fondos.
Cabe recordar que una investigación realizada por el semanario suizo L´Hebdo (2002) trazó la ruta de los fondos y reveló también la existencia de una cuenta más, en la sucursal de Zúrich del Banco del Gotardo, a nombre de Ramón Hernández, secretario privado de Menem durante la década de los 90. Y esta cuenta sumaba un saldo de 6 millones de dólares.
El compromiso de Ginebra
De
acuerdo con datos obtenidos por swissinfo.ch en la Fiscalía de Ginebra,
fue Bernard Bertossa -fiscal hoy jubilado-, quien en 2001 trabajó a
detalle en el expediente Menem y quien confirmó a la opinión pública la
existencia de las dos cuentas.
Por su parte, juez suizo Claude Wenger determinó el bloqueo de los fondos.
Tras la denuncia de dichos registros financieros, un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.
Menem enfrentaba múltiples cargos. Uno de ellos, lo ligaba a la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador.
Por su parte, juez suizo Claude Wenger determinó el bloqueo de los fondos.
Tras la denuncia de dichos registros financieros, un par de comisiones rogatorias de Argentina viajaron a Suiza para realizar diligencias y continuar sus investigaciones.
Menem enfrentaba múltiples cargos. Uno de ellos, lo ligaba a la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador.
Expedientes incompletos
El
camino para completar el juicio contra Menem ha experimentado un largo y
escarpado camino debido a las inconsistencias legales que ha sumado y
que han impedido que llegue a término.
En temas de justicia y para ofrecer asistencia a otro estado, Suiza exige que se trate de delitos que son penados en los dos países en cuestión.
En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.
Pero Suiza no ha podido entregar a Argentina toda la información que pide porque, en cada ocasión que lo ha intentado, las solicitudes han adolecido de alguno de los requisitos que Berna exige para entregar información.
Aunque con demora en su resolución, el caso sigue activo en Argentina. En 2007 fue ascendido a calidad de juicio, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien a retomado las riendas para llevarlo a término.
A Menem se le acusa también de pago de sueldos desorbitados a una parte de su gabinete mientras fungió como presidente de Argentina (1989-1999) y de declaración falsa de su patrimonio al dejar el cargo de jefe de Estado.
Un factor más que ha impedido que el caso Menem tenga un desenlace es la inmunidad de la que goza el ex mandatario en su calidad actual de senador por La Rioja.
En temas de justicia y para ofrecer asistencia a otro estado, Suiza exige que se trate de delitos que son penados en los dos países en cuestión.
En el caso Menem, concretamente, se trabaja sobre los delitos de fraude a la administración pública, falsificación de documentos y cohecho.
Pero Suiza no ha podido entregar a Argentina toda la información que pide porque, en cada ocasión que lo ha intentado, las solicitudes han adolecido de alguno de los requisitos que Berna exige para entregar información.
Aunque con demora en su resolución, el caso sigue activo en Argentina. En 2007 fue ascendido a calidad de juicio, producto de una decisión del juez federal Norberto Oyarbide. Y el fiscal argentino Marcelo Agüero Vera es quien a retomado las riendas para llevarlo a término.
A Menem se le acusa también de pago de sueldos desorbitados a una parte de su gabinete mientras fungió como presidente de Argentina (1989-1999) y de declaración falsa de su patrimonio al dejar el cargo de jefe de Estado.
Un factor más que ha impedido que el caso Menem tenga un desenlace es la inmunidad de la que goza el ex mandatario en su calidad actual de senador por La Rioja.
Andrea Ornelas, swissinfo.ch
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