La liquidación de las regalías hidrocarburíferas siempre ha sido una de
las causas más comunes de los conflictos administrativos y legales entre
la Nación y las provincias productoras de petróleo y gas.
Los
problemas esenciales están relacionados con la forma o metodología
aplicada para determinar el valor de los hidrocarburos sujetos al pago
de las regalías fijadas en la Ley N° 17.319 y normas complementarias.
Las formas o metodologías utilizadas en nuestro país han sido:
a) adoptar precios internos o,
b) aplicar precios de referencia internacionales.
A
mediados de la década de 1970 las provincias productoras comenzaron a
cuestionar la forma de liquidación que efectuaba el gobierno de la
dictadura militar; la misma se basaba en precios boca de pozo del
mercado local regulados que no guardaban ninguna relación con los
precios internacionales. En 1980 el Estado nacional intentó corregir los
defectos del sistema criticado por las provincias productoras,
abandonando los precios locales regulados y adoptando un “precio de
referencia” relacionado con el precio internacional del petróleo; sin
embargo esta intención no tuvo verdadera aplicación porque fue afectada
por restricciones fiscales y/o por el fenómeno inflacionario.
Estas erráticas políticas de liquidación generaron significativos perjuicios a los intereses de las provincias productoras que,
en la década del ’80, dieron lugar a la iniciación de acciones
judiciales por parte de las provincias contra el ESTADO NACIONAL.
Las
desinteligencias mencionadas parecieron disiparse el 1° de setiembre de
1989 cuando el Congreso Nacional dispuso, por Ley N° 23.697, que las
regalías de petróleo tendrían que abonarse a las provincias, de acuerdo
a una canasta de precios internacionales mientras que, para el gas
natural, el precio de referencia sería el 70% del valor que resultase de
equiparar a equivalencia calórica, el determinado para el petróleo.
En la década de 1990, el Poder Ejecutivo Nacional durante el
gobierno de Carlos Saúl Menem, avanzó con el proyecto privatizador de
la economía (que impulso EEUU) y que produjo un masivo traspaso de
activos de entidades del Estado Argentino (Y.P.F. S.E., FERROCARRILES,
ENTEL, GAS DEL ESTADO entre otras tantas) a las empresas privadas o
corporaciones internacionales, con el consabido perjuicio que esto
ocasionó al patrimonio nacional.
Consecuente a ello, el
5 de julio de 1990 el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades
legislativas (que están condenadas en nuestra Constitución Nacional en
el art.99 inc 3°) sanciona el Decreto N° 1757, comenzando así con el
proceso desregulador de la industria del petróleo (así se privatizaron desde áreas / yacimientos, instalaciones, ductos, refinerías) y se estableció que las provincias productoras de petróleo y gas percibirían sus Regalías a valores de mercado interno
en clara flagrancia de la Ley 23697 que establecía que dichas regalías
se pagarían a precios internacionales; perjudicando notablemente los
erarios provinciales y por efecto cascada, también a los municipios productores.
Es importante destacar
que en el momento de realizar la PRIVATIZACIÓN DE Y.P.F., entre 1991 y
1992, las provincias productoras transaron la finalización del primer
juicio de regalías en el marco de lo dispuesto por los Artículos 19, 20 y
21 de la Ley N° 24.145, generando importantes recursos a las provincias
reclamantes.
En esa carrera, se generaron una serie de errores que hasta hoy no llegaron a ser saneados y es muy significativo destacar que dicha política fue continuada por los sucesivos gobiernos hasta el presente.
Salvo
excepciones, las provincias productoras en lugar de luchar por sus
recursos naturales no renovables y defender las rentas provenientes del
petróleo y del gas (en el contexto de precios internacionales del
petróleo en alza), han aumentado los impuestos y tasas (provinciales y
municipales) elevando la presión impositiva global a límites
insoportables para los contribuyentes; adicionando a esto una inflación
del 25% anual (o más) que erosiona aún más el ingreso real per cápita.
De
lo expuesto se puede aseverar que, los sucesivos gobiernos nacionales
no han respetado el cuerpo legal argentino, tratando de capturar parte
de esa renta petrolera, favoreciendo a las empresas privadas en
detrimento de las provincias, de sus municipios productores y de todos
los habitantes.
Es dable destacar que en el año 1997 el entonces gobernador de Neuquén, Sr.
Felipe Sapag advirtiendo que las regalías petrolíferas y gasíferas se
estaban liquidando incorrectamente, inició formal reclamo administrativo
ante el Ministerio de Economía de la Nación y en virtud al silencio de
este organismo, presentó el reclamo judicial de estas acreencias
adeudadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de
agosto de 1999, el cual se encontraba en proceso judicial muy avanzado y
que fuera desistido por el actual gobernador Jorge Sapag, con el objeto
de refinanciar (no condonar) deudas de la provincia sustancialmente
menores a los montos a percibir por esos juicios.
Esto fue convalidado por la Legislatura Provincial mediante la Ley N° 2752 sancionada el 14 de diciembre de 2010, en el marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” (Dec. 660 del año 2010) renunciando así a juicios millonarios que hubieran permitido sanear las alicaídas finanzas provinciales. Cabría señalar que la provincia tendría que hacerse cargo de los honorarios profesionales de los abogados que representaban a la misma y que asumirían valores muy importantes (recuérdese el caso del Dr. Punte abogado que litigaba por la provincia del Neuquén en el anterior juicio de regalías).
Esto fue convalidado por la Legislatura Provincial mediante la Ley N° 2752 sancionada el 14 de diciembre de 2010, en el marco del “Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas” (Dec. 660 del año 2010) renunciando así a juicios millonarios que hubieran permitido sanear las alicaídas finanzas provinciales. Cabría señalar que la provincia tendría que hacerse cargo de los honorarios profesionales de los abogados que representaban a la misma y que asumirían valores muy importantes (recuérdese el caso del Dr. Punte abogado que litigaba por la provincia del Neuquén en el anterior juicio de regalías).
Similar
circunstancia ocurre en Chubut, donde el actual gobernador Sr. Buzzi ha
desistido de importantes juicios contra la Nación por cobro de regalías
hidrocarburíferas, iniciados por su predecesor Sr. Mario Das Neves,
para renegociar (no condonar) deudas de la provincia del Chubut con el
Estado Nacional, sustancialmente menores a los montos a percibir por
esos juicios; generando esto una situación de incertidumbre respecto de
los honorarios de los profesionales participantes, de los cuales
tendría que hacerse cargo la provincia.
La firmante es
consultor técnico de otras provincias petroleras y puede afirmar que
algunos estados provinciales no han desistido de juicios similares
porque tienen saneadas sus economías y continúan con ese reclamo, ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A modo de ejemplo, se presenta un
esquema de elaboración propia (basándose en datos de la Secretaría de
Energía de la Nación), que muestra los montos que en concepto de
regalías, tendrían que haber recibido las provincias petroleras en el
decenio 2000/2009:
Fuente: Secretaría de Energía de la Nación
U$S Petroleo
|
U$S Gas
|
TOTAL en U$S
|
|
Formosa
|
23.193.470
|
-
|
23.193.470
|
Chubut
|
648.922.264
|
285.026.454
|
933.948.718
|
Jujuy
|
4.107.637
|
553.065
|
4.660.702
|
La Pampa
|
122.260.047
|
13.463.276
|
135.723.323
|
Mendoza
|
881.368.031
|
133.085.131
|
1.014.453.162
|
Neuquén
|
1.361.122.422
|
3.347.188.370
|
4.708.310.792
|
Rio Negro
|
360.183.682
|
81.448.824
|
441.632.506
|
Salta
|
70.772.168
|
946.119.319
|
1.016.891.487
|
Santa Cruz
|
1.286.707.266
|
510.207.679
|
1.796.914.945
|
Tierra del fuego
|
124.631.044
|
632.181.430
|
756.812.474
|
TOTALES
|
4.883.268.031
|
5.949.273.548
|
10.832.541.579
|
Como última reflexión cabe señalar que,
es muy importante defender nuestros recursos no renovables (como el
petróleo y el gas) y sus regalías; para
desarrollar con los mismos otras actividades que le den sustento a la
provincia a largo plazo, p.e. ampliar la matriz productiva, invertir en
el desarrollo de recursos renovables y energías limpias para dejar de
ser un gobierno cortoplacista. Además los estados provinciales
necesitan de esos recursos para solucionar carencias en salud,
educación, viviendas, caminos, vías férreas, etc.; y evitar que esos
multimillonarios ingresos tengan un destino desconocido por la
sociedad.
Elsa Frattari
Contadora Pública
No hay comentarios:
Publicar un comentario