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Repsol y la expropiación de YPF en Argentina I Por Jordi Borja

Es el clamor patrio que ha emergido de las mismas entrañas de la caverna y sus portavoces, instalados en el buque insignia del gobierno español. Amenazan con invadir Argentina por el expolio al que han sometido a la España de sus amores, como dice la copla. ¿Los españoles expoliados? ¿Son los españoles los propietarios legítimos del petróleo argentino? ¿Repsol no es acaso una multinacional que poco tiene que ver con la vida de los ciudadanos de acá? ¿Los más de 13.000 millones de dólares que la empresa “pseudo-española” ha repartido entre sus accionistas en la última década han beneficiado a nuestros ciudadanos? ¿Los objetivos empresariales y los  ingresos multimillonarios de sus directivos han sido fijados por el gobierno español, en tanto que representante de la España que ahora reacciona como propietaria de Repsol, a pesar de que se trata de una empresa privada controlada por el capital financiero internacional y que solo persigue beneficios máximos en tiempos mínimos? La reacción trágico-cómica de las autoridades y de numerosos medios de comunicación no solo ha sido injustificada y errónea, ha sido peor: soberanamente ridícula. Esta soberanía sí que se la han ganado. Ridícula por pretender que los españoles son tan cretinos que se van a creer este cuento del expolio, por mucho que lo proclamen ministros incompetentes y cínicos directivos de la empresa. Ridículas las amenazas abstractas que no tienen capacidad ni ánimo de concretar ni aplicar. Cuando se ladra, y a destiempo, no se muerde. Ridículas las declaraciones afirmando que el mundo y en especial la Unión Europea están a su lado, cuando deberían saber que ésta no está dispuesta a aprobar sanciones. Ridículos estos ladridos de caniche cuando se enfrentaban a una muy previsible mayoría de gobiernos y ciudadanos latinoamericanos que se pondrían al lado de Argentina, mientras que el gobierno de Estados Unidos en el “mejor” de los casos no se ocuparía de lo que para ellos es una tempestad en un vaso de agua. En fin, una vergüenza. Este país no se merece unos gobiernos perritos falderos de las finanzas especuladoras globalizadas.    Discutamos en serio. ¿Estaba justificada la intervención del gobierno argentino? Y los recursos básicos de un país, ¿a quién pertenecen?  Los argumentos de Argentina son muy sólidos. Con independencia de que haya razones de oportunidad implícitas, que son especulativas, hay datos objetivos. Uno: Argentina es además de productor de petróleo el tercer país del mundo en reservas de gas natural, solo superadas por China y Estados Unidos. Sin embargo este año, por primera vez, ha debido importar gas y petróleo. En vez de revertir las utilidades en el país han debido adquirir combustible en el exterior. Segundo: se acusa a Repsol de practicar una política de “vaciamiento” de los yacimientos en explotación y de reducir la producción, a pesar de lo cual obtuvo en los últimos años 16.450 millones de beneficios. Parece lógica la queja desde hace tiempo de los gobernantes argentinos, que exigían aumentar la producción y abrir nuevas explotaciones. Tercero: el combustible es indispensable para toda la economía argentina, la producción agrícola-ganadera y la industrial, además de los transportes y el consumo doméstico. Es decir se trata de una cuestión vital, lo que se denomina “derecho soberano”, que es deber del Estado garantizarlo. Se trata pues de una “recuperación de soberanía” conculcada por Repsol. La crisis actual ha generado una reacción, tanto por parte de la sociedad como de numerosos responsables políticos y expertos, sobre la necesidad de que los Estados regulen la acción de los agentes económicos, es especial las entidades financieras que controlan gran parte de los sectores básicos, como la energía y el agua. Estos bienes son por naturaleza “comunes”, es decir indispensables a todos los ciudadanos  y ciudadanas, como se reconoce desde la antigüedad. Los pensadores liberales como Adam Smith, no los neoliberales actuales, consideraban que estos bienes debían estar intervenidos por el Estado. El gobierno argentino ha hecho lo que debía. No es el caso del gobierno español. JB  El autor es geógrafo y urbanista. Actualmente dirige el Master en Gestión de la Ciudad en la UOC. Entre 1983 y 1995 formó parte del Gobierno de la ciudad de Barcelona como Teniente de Alcalde, responsable de descentralización y participación, director ejecutivo del área metropolitana, delegado de Relaciones Internacionales y presidente de la ponencia redactora del proyecto de ley especial para la ciudad. Es autor, además de los libros Espacio público, ciudad y ciudadanía, La ciudad conquistada y Luces y sombras del urbanismo de Barcelona, editada en Argentina por café de las ciudades.