Después de analizar por separado la letra chica y los alcances prácticos
del Decreto 1277, publicado el viernes en el Boletín Oficial, que
otorgó amplias facultades a la Nación para intervenir en el negocio
petrolero, los asesores legales de cada uno de los 10 estados
productores de hidrocarburos -nucleados en la Ofephi- se reunirán la
semana que viene para poner en común las posiciones y buscar
alternativas jurídicas en conjunto frente a la norma, que amenaza con
reducir significativamente el rol de las provincias petroleras en tanto
autoridades de aplicación y órganos controlantes del sector.
La reunión ejecutiva de la Ofephi -el organismo que preside Martín
Buzzi, gobernador de Chubut- quedará recién para la semana del 15 de
agosto. Mientras tanto, el contacto entre los mandatarios petroleros se
realizó por teléfono. Acordaron mantener un perfil bajo hasta tanto no
saber a ciencia cierta cómo se implementará la medida y cuál será el
poder real de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, que será presidida
por Axel Kicillof, viceministro de Economía y nuevo hombre fuerte de la
industria de petróleo y gas.
“Por ahora, no habrá, en el ámbito público, ninguna muestra o señal
de disconformidad por parte de la Ofephi o de algún gobernador. Vamos a
esperar a conocer cuáles son los próximos movimientos de Nación”,
aclaró un colaborador directo de un mandatario patagónico. Es que, desde
su óptica, el Gobierno nacional está poniendo a prueba la lealtad de
cada gobernador. “Un comentario desafortunado antes de tiempo puede ser
muy perjudicial. Y más en un escenario en el que las provincias
atraviesan serios inconvenientes financieros para solventar los gastos
corrientes”
Martín Buzzi preside la Ofephi
El decreto 1277, que reglamentó la Ley de Soberanía
Hidrocarburífera, otorgó a una comisión tripartita liderada por el
viceministro de Economía, Axel Kicillof, e integrada también por los
secretarios de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de Energía, Daniel
Cameron, una cartera de potestades para intervenir y marcar el pulso
del negocio petrolero. Habilitó a los funcionarios de la Nación a fijar
precios de los hidrocarburos, y los autorizó -en el caso de constatar
incumplimientos de inversión- a aplicar sanciones a las compañías
productoras y hasta revertir concesiones petroleras.
A su vez, termina con la libre disponibilidad de hidrocarburos, una
decisión fuertemente criticada por la empresas privadas. “En la
práctica, sin avanzar sobre la propiedad de las petroleras, lo que se
hizo fue estatizar el comercio de petróleo y gas”, cuestionó un
encumbrado petrolero.
En la misma dirección, un importante funcionario de una provincia
productora de gas advirtió que la norma violenta los principios básicos
establecidos por la Ley Corta de Hidrocarburos sancionada en 2006, que
transfirió a los estados productores la titularidad de los yacimientos,
la autoridad de aplicación y el poder de policía para controlar a las
petroleras.
“Habrá que ver si la Justicia avala que un decreto rija por encima
de una Ley. A priori, no parece constitucional que la Nación pueda
revertir concesiones petroleras cuando ese potestad está por Ley en
manos de las provincias”, agregó, dejando entrever cuáles podrían ser
los pasos a seguir por los mandatarios petroleros en caso de que las
negociaciones con Nación no lleguen a buen puerto.
Desde la óptica de otro funcionario patagónico, la medida publicada
el viernes – es “todavía más drástica” que el proyecto de expropiación
de YPF que circuló unos días antes de la estatización y después fue
descartado. “Esa versión no incluía la derogación de la libre
disponibilidad del crudo extraído por las petroleras, uno de los puntos
más sensibles del negocio petrolero”, concluyó.
El inversor
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