El gobierno nacional, luego de haber usado a las provincias, disparó un Decreto para quedarse con el petróleo de todas ellas
Como no podía ser de otra manera (y ya lo habíamos adelantado cuando vino la “ola nacionalizadora”) la nación, luego de utilizar a los gobernadores para hacer “el trabajo sucio”, ahora les arrebata los recursos. El Decreto 1277 firmado por CFK le da a la tríada Kicillof-Moreno-Cámeron “carta blanca” para intervenir en el control y negociación de los recursos petroleros de las provincias argentinas, contraviniendo la Constitución y la Ley Corta de Hidrocarburos aprobada en el 2006. Hay gobernadores que se oponen, otros callan. Otros como Buzzi, no saben dónde meterse.(Por: Rubén Lasagno)
Cuando el gobierno nacional arremetió contra YPF estaba claro que la
intención era hacerse del control total de la empresa, pero en esos días
fuimos un poco más allá y pronosticamos que el paso posterior sería “quedarse con el control petrolero de las provincias productoras”.
Por distintos medios (correos y posteos) hubo lectores que nos
hicieron presente sus dudas, respecto de esta posibilidad. Señalaron que
era “técnica y legalmente imposible” que tal cosa
pudiera suceder, porque, tanto la reforma constitucional de 1994 como
posteriormente la Ley Corta de Hidrocarburos, sancionada en el 2006 y de
la cual Néstor Krichner hiciera la principal bandera política para
batir los parches de la soberanía hidrocarburíferas de las provincias
argentinas, eran los principales impedimentos para elucubrar lo que en
aquel momento, nuestros críticos, consideraban “chicanas opositoras”, “críticas sin fundamentos” y hasta “operaciones opositoras contra el gobierno de Néstor Kirchner”,
de nuestra parte. Estos fueron algunos de los calificativos que
recibimos por distintos medios, solo por haber adelantado que el avance
sobre los activos de YPF no tenía un sentido “federalista” sino más bien de apropiación de una caja interesante para el gobierno nacional. Allí también dijimos que YPF,
tampoco era el fin, pues la empresa vale muy poco, sino el medio para
llegar al objetivo: quedarse con la producción nacional de petróleo en
todas las provincias. Bien; lamentamos decirles a nuestros críticos que no estábamos equivocados.
Por Decreto 1277, reglamentado bajo Ley 26741 de “Soberanía Energética” y publicado en el Boletín Oficial, la presidenta de la Nación puso
bajo la tutela de Axel Kicillof, Viceministro de Economía y Director de
YPF, Guillermo Moreno, Secretario de Comercio Interior y Daniel
Cameron, Secretario de Energía de la Nación a todos los recursos
hidrocarburíferos del país, dándoles capacidad y potestad para evaluar
los planes de inversiones de las petroleras, el cumplimiento de los
mismos y hasta les permite revertir las concesiones, en caso de observar
incumplimientos. Es decir, que más allá de los discursos de
gobernadores que seguirán sosteniendo el argumento inverso, la realidad
supera a la ficción: el gobierno nacional centraliza y controla el
petróleo de todo el país.
Gobernadores
Claramente los gobernadores han sido utilizados como arietes necesarios para conseguir que alguien se ocupe del “trabajo sucio”,
y una vez despejado el camino, cuando todo hacía suponer que las
provincias podrían disponer de sus recursos y manejarlos de acuerdo a
sus propios planes, a medida que vencieran las concesiones, esos
recursos pasaron indefectiblemente a manos del Estado nacional.
En estos momentos son muchos los gobernadores que están contra la
norma presidencial, la mayoría no habla y no pocos podrían recurrir a la
justicia, sin embargo, los compromisos y la dependencia política en
algunos casos, se contraponen con la voluntad de las provincias.
Quien más resiste la decisión de CFK es el gobernador de Neuquén
Jorge Sapag, pues los últimos descubrimientos de pozos, el próximo
vencimiento de la concesión a YPF y la existencia de una empresa
provincial de petróleo, que espera facturar millones de pesos en los
próximos años, le genera al gobernador neuquino una expectativa
cierta de poner a su provincia al tope de la producción petrolera, lo
cual incluye una autonomía económica fundamental para el estado
provincial, que jamás estuvo en los planes de la presidenta, concederle.
El gran problema lo tiene Martín Buzzi, gobernador de Chubut, titular
de la OFEPHI, organismo creado para ocuparse de esta “falsa
federalización” de los recursos que se impulsó desde la nación, pero que
en realidad termina siendo una operación para concentrar en manos del
estado nacional, todos los recursos petroleros del país. Buzzi,
avaló, impulsó y fue el principal difusor de las bondades del plan de
reversión de áreas, porque, de acuerdo al discurso establecido,
significaba la independencia económica de las provincias, la posibilidad
de decidir sobre su futuro y definir, finalmente, sobre sus propias
políticas petroleras, en base a las necesidades y características de
cada estado. (¿?)
Hoy el gobernador patagónico quedó apresado en su propio discurso,
está al frente de un organismo que supuestamente fue creado para
defender, organizar y consensuar políticas de todas las provincias
productoras y se encuentra con la realidad de que la nación, hoy, les
quita técnicamente los recursos y decide por sobre la voluntad de cada
gobernador, como más le plazca.
Como si esto fuera poco, Buzzi impulsó un nuevo “marco regulatorio”
elaborando un proyecto sobre la actividad minera y petrolera, conforme
al nuevo estatus que tenían los recursos para el estado provincial. Este
marco, cuyos borradores publicó OPI hace más de 2 meses, quedarán ahora sujetos a la aprobación de la tríada de observadores nacionales Kicillof-Moreno-Cámeron
y algunos ya piensan que Buzzi se apuró demasiado en proponerse como
dueño de los recursos y soñar con que sus cuentas públicas se verían
oxigenadas, por primera vez, con dinero que no estarían sometidos al
goteo antojadizo del kirchnerismo, que acostumbra a decidir a quién y
cuánto le envía para sostener sus déficit.
Santa Cruz
El Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, también afectado por sus
propios discursos, fue uno de los primeros en poner a disposición de la
Nación, las áreas revertidas y a raíz de ello y del último decreto
presidencial, dijo “yo creo que no se puede decir que hay regulación
sobre el mercado petrolero cuando hoy las petroleras hacen lo que
quieren con el crudo que sacan”. Y aclaró “no es que las provincias
pierdan soberanía, nosotros sostenemos soberanía en la medida que
formamos parte de un país y porque cada vez que sale petróleo o gas de
Santa Cruz, va para sostener las actividades económicas en el resto de
Argentina”.
Más adelante concluyó “tenemos que trabajar en forma conjunta con
el Gobierno nacional. Nosotros no tenemos la mirada puesta en que Santa
Cruz pierda prerrogativas, si lo hiciéramos así, no tendríamos en claro
el proyecto de saber hacia donde va el país, que es lo que tenemos que
tener en cuenta”. (Agencia OPI Santa Cruz)
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