La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública este miércoles para escuchar a las 33 comunidades que denuncian la vulneración de sus derechos de participación y consulta frente a la explotación minera que se realiza en las Salinas Grandes y afecta sus actividades económicas, sociales y culturales.
Son 33 las comunidades indígenas que habitan ancestralmente territorios que en la actualidad forman parte de las provincias de Salta y Jujuy, y llegarán a Buenos Aires este miércoles para reclamar el cumplimiento de sus derechos de participación y consulta, en el marco del amparo iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010. Denuncian que la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas, sociales y culturales, incumpliendo la legislación nacional e internacional. Ellas se presentarán este miércoles 28 de marzo a las 10.00 en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y luego, brindarán una conferencia de prensa a las 15.00 hs en el Hotel Bauen (Callao 360).
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), en las Salinas Grandes donde se realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
“Las comunidades se encuentran en una situación de extrema pobreza y aislamiento. Tienen muy poco acceso a medios de comunicación, y no cuentan con medios de transporte público. A pesar de las dificultades y la falta de recursos, decidieron realizar todas las acciones legítimas posibles para lograr el cumplimiento de sus derechos y hacer establecer la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, del Gobierno de la Provincia de Salta y del Estado Nacional”, explicó Chalabe.
“Otra de las amenazas es en contra de nuestra cultura. Muchas actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales. Nuestras familias tienen un lugar determinado para la Pachamama, para ofrendarla y challarla todos los años. Este lugar no cambia y siempre es el mismo por generaciones. Mudar este sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda que tenemos las comunidades y significa un daño profundo en nuestras creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Este lugar es donde se han asentado nuestros abuelos y padres, y no tiene un precio económico”, explicó Clemente Flores, representante de las 33 comunidades.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales al menos 4 buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años. Frente a esta situación, las comunidades reclaman hacer efectivos sus derechos reconocidos en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
6.500 personas afectadas
A comienzos del año 2010, ante el inicio de movimientos por parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33 comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de la Provincia de Salta y el resto a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500 personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
Acerca del litio
Este mineral tiene numerosos usos en la industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años será para la fabricación de baterías de teléfonos inteligentes, tablets y, principalmente, autos eléctricos. Argentina es el tercer productor mundial con 1 yacimiento en explotación en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.
En la causa de amparo iniciada por las comunidades se encuentran presentadas como amigos del tribunal las siguientes organizaciones: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Environmental Defender Law Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Son 33 las comunidades indígenas que habitan ancestralmente territorios que en la actualidad forman parte de las provincias de Salta y Jujuy, y llegarán a Buenos Aires este miércoles para reclamar el cumplimiento de sus derechos de participación y consulta, en el marco del amparo iniciado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2010. Denuncian que la exploración de litio está avanzando sobre sus actividades económicas, sociales y culturales, incumpliendo la legislación nacional e internacional. Ellas se presentarán este miércoles 28 de marzo a las 10.00 en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y luego, brindarán una conferencia de prensa a las 15.00 hs en el Hotel Bauen (Callao 360).
La mayoría de los miembros de las comunidades trabajan o han trabajado del pastoreo de animales y la extracción de sal, que les han proveído sustento por generaciones. “Las comunidades se han enterado a través de los medios de comunicación que las empresas se instalarán en sus territorios y nunca han sido informadas ni consultadas, sobre este tema que amenaza su forma de vida”, explicó Alicia Chalabe, abogada que representa a las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con inspecciones realizadas este año, las perforaciones están generando, de manera progresiva, la inundación del terreno en las inmediaciones, lo que impedirá la extracción de sales superficiales en los sectores afectados. Asimismo, existe el riesgo de que se esté favoreciendo la difusión de sales en la superficie hacia los acuíferos de agua dulce. Esta situación fue documentada por el Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), en las Salinas Grandes donde se realizaron actividades de prospección minera y hidrogeológica.
“Las comunidades se encuentran en una situación de extrema pobreza y aislamiento. Tienen muy poco acceso a medios de comunicación, y no cuentan con medios de transporte público. A pesar de las dificultades y la falta de recursos, decidieron realizar todas las acciones legítimas posibles para lograr el cumplimiento de sus derechos y hacer establecer la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Jujuy, del Gobierno de la Provincia de Salta y del Estado Nacional”, explicó Chalabe.
“Otra de las amenazas es en contra de nuestra cultura. Muchas actividades mineras obligan a la relocalización de casas y corrales. Nuestras familias tienen un lugar determinado para la Pachamama, para ofrendarla y challarla todos los años. Este lugar no cambia y siempre es el mismo por generaciones. Mudar este sitio sagrado es atentar contra la cosmovisión profunda que tenemos las comunidades y significa un daño profundo en nuestras creencias y vivencias, amparadas por toda la normativa vigente. Este lugar es donde se han asentado nuestros abuelos y padres, y no tiene un precio económico”, explicó Clemente Flores, representante de las 33 comunidades.
Actualmente al menos 12 empresas transnacionales mineras de litio exploran en la puna jujeña y salteña, con un total de 33 proyectos, de los cuales al menos 4 buscan comenzar su explotación en los próximos 2 a 6 años. Frente a esta situación, las comunidades reclaman hacer efectivos sus derechos reconocidos en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de OIT y la Declaración de los Derechos Indígenas de la ONU.
6.500 personas afectadas
A comienzos del año 2010, ante el inicio de movimientos por parte de las empresas mineras en el territorio, y enterándose a través de los medios de prensa provinciales y nacionales del pronto inicio de un proyecto de extracción de litio en la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, las 33 comunidades indígenas que allí habitan decidieron autoconvocarse para proteger su territorio. Ocho de ellas pertenecen a la jurisdicción de la Provincia de Salta y el resto a la de Jujuy. En ellas habitan aproximadamente 6.500 personas, donde se encuentra una gran reserva de litio y potasio.
Acerca del litio
Este mineral tiene numerosos usos en la industria y en la medicina. Sin embargo, la mayor demanda de este mineral en los próximos años será para la fabricación de baterías de teléfonos inteligentes, tablets y, principalmente, autos eléctricos. Argentina es el tercer productor mundial con 1 yacimiento en explotación en el Salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca.
En la causa de amparo iniciada por las comunidades se encuentran presentadas como amigos del tribunal las siguientes organizaciones: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Environmental Defender Law Center (EDLC), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
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