El
denominado "Plan Norte"se propone un amplio proceso de explotación
minera y energética de la provincia de Quebec situado al norte del 49º
paralelo, que representa alrededor de 1,1 millones de km2 de bosque
boreal, un ecosistema frágil constantemente vulnerado por una
explotación forestal desmesurada, a la que se agrega ahora la amenaza
minera prevista en este plan. En la provincia de Quebec se está gestando
una amplia protesta social en torno a las preocupaciones
socioambientales que este proyecto suscita. De sur a norte, de norte a
sur, surge una diversidad de iniciativas ciudadanas en defensa de la
Tierra, cuyos ecos se escuchan de un lado a otro.
Por Isabel Orellana publicado por Dilemas
No cesa de aumentar la polémica frente al Plan Norte del
gobierno del Quebec, lanzado con gran pompa en 2011, el cual propone un
desarrollo económico para los próximos 25 años apoyándose en la
industria minera y energética. Este plan, calificado oficialmente de
"desarrollo sostenible", representa, según Jean Charest, primer ministro
de esta provincia, "el catalizador del deseo de cambio de los
quebequenses". En éste se propone un amplio proceso de explotación
minera y energética del territorio situado al norte del 49o paralelo,
que representa el 72% del Quebec, es decir, correspondiente a alrededor
de 1,1 millones de km2, esencialmente de bosque boreal, un ecosistema
frágil, conservado en parte aun intacto, pero cuyo equilibrio es
constantemente vulnerado por una explotación forestal desmesurada, a la
que se agrega ahora la amenaza minera, prevista en este plan. Alrededor
de 130 mil habitantes, mayoritariamente indígenas. Inuits, Cris,
Naskapis e Innus, viven en esa región y serán afectados. No se aplicó
ninguna consulta previa.
La gran promesa del gobierno es proteger 20 % del territorio con
reservas fáunicas y proyectos de ecoturismo, pero ¿qué sucederá con el
80% restante en manos de las empresas mineras? El plan tiene previsto 11
mega proyectos mineros y según la legislación vigente, ninguna zona con
potencial minero puede transformarse en área protegida. En coherencia
con el free mining imperante, se considera la actividad minera como la
forma más adecuada de utilización de los territorios y como aquella que
se debe privilegiar en términos de desarrollo. La propuesta del Plan
Norte, en este contexto, se sostiene difícilmente. Por otra parte, la
situación frágil de zonas protegidas ya existentes, en cuya periferia o
proximidades se desarrollan actividades mineras, ilustra los riesgos de
impactos ecológicos significativos que esta situación engendra. No es
posible además ignorar otros aspectos esenciales, a menudo poco
considerados. Hasta ahora se ha visto claramente que las municipalidades
de las regiones mineras han sido incapaces de responder con una
infraestructura y servicios apropiados para una población que se
multiplica aceleradamente por causa de los nuevos desarrollos
industriales extractivos. La precariedad de las condiciones de vida se
ha visto acompañada de un aumento crítico de problemas psicosociales;
criminalidad, toxicomanía, violencia, prostitución y otros problemas de
esta índole, que golpean duramente a la población. Los costos sociales
de estos desarrollos industriales han sido enormes.
Cabe además considerar que la contribución de las mineras a las
finanzas públicas sigue siendo baja. Pero además, pocas son las empresas
que en realidad aportan al fisco. Según informes oficiales emitidos por
el Verificador general del Quebec, entre 2002 y 2008, por citar ese
ejemplo, se establece que solamente 40% de las empresas mineras pagaron
impuestos en ese período (1). Y por cierto, no debe ignorarse que el
monto del impuesto sigue siendo determinado en función de las ganancias
establecidas por cada empressa, según sus propios cálculos de
rentabilidad (2). Situaciones similares se viven en los países mineros
en toda América.
En la provincia de Quebec, revolucionada actualmente por un
movimiento estudiantil universitario determinado a poner fin a la
escalada de privatización de la educación a través de una huelga
indefinida que se prolonga desde hace cinco semanas(3) , se está
gestando una amplia protesta social en torno a las preocupaciones
socioambientales que este proyecto suscita. Poco a poco, se articula una
reflexión que atraviesa esas movilizaciones sociales y que vincula el
actual boom minero quebequense con la realidad de otras regiones. De sur
a norte, de norte a sur, surge una diversidad de iniciativas ciudadanas
en defensa de la Tierra, cuyos ecos se escuchan de un lado a otro.
Altermundistas, indignados, pacifistas, ciudadanos de la tierra
reivindican sus derechos. Es el apogeo de la protesta social, de lo
político, que se forja en la emergencia de nuevas formas de compromiso
social, desde la resistencia hacia la búsqueda de nuevos escenarios.
Hombres y mujeres se suman a la movilización social
En Quebec, 15 mujeres indígenas Innu emprendieron el domingo 1o de
abril una marcha de 763 km., desde la reserva indígena de Mani-Utenam
hasta la ciudad de Montreal, llevando la voz de las Primeras Naciones en
la defensa de sus derechos y en la denuncia del Plan Norte, sin que el
cruento frío las haya hecho desistir. Otras mujeres se han ido sumado en
el camino. Se proponen llegar a Montreal el 22 de abril próximo, día de
la Tierra, para sumarse a la amplia convocatoria lanzada para ese día
por numerosos miembros del mundo del arte, de la cultura y de la
ciencia, por personalidades públicas, sindicatos, asambleas de
ciudadanos, organismos comunitarios, coaliciones y redes que se
movilizan en torno a la defensa de los bienes comunes
(http://22avril.org/). La marcha de estas corajudas mujeres pone una vez
más en evidencia las enormes dificultades encontradas para hacer
realidad el ejercicio de los derechos indígenas en contextos de
implantación de la industria extractiva en sus territorios, como lo
afirmaba recientemente Anaya(4) .
Pero la explotación exacerbada de las riquezas naturales en el
continente y los efectos que ésta produce de degradación y destrucción
de los ecosistemas y de las culturas y de desvastación de las economías
de subsistencia locales, levantan un fuerte viento de rebelión y de
resistencia. Las promesas de progreso y de contribución al desarrollo de
las empresas mineras y gobiernos que las apoyan, se revelan un
espejismo que genera una desconfianza creciente y ganan cada vez menos
voluntades. La resistencia se amplía. "Hay que continuar soplando hasta
que el viento se transforme en tempestad". Entre lo local y lo global,
surge el despertar de las conciencias y emerge una nueva cultura
política, esperanzadora.
Abril de 2012
*Isabel Orellana, Profesora-Investigadora,
Grupo de investigación en educación y formación ambiental
Facultad de Ciencias de la Educación
Université du Québec à Montréal
Notas
1.- (http://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_index.aspx).
2.- Cabe notar, sin embargo que en 2009, alarmado ante la situación,
el gobierno del Quebec decidió un alza gradual del impuesto minero de
12% a 16%
3.- El alza de 75% de los aranceles universitarios en cinco años, que
se suma a la de 30 % aplicada en los tres años pasados, ha suscitado
una oleada de indignación en los más diversos sectores sociales. Los
estudiantes universitarios viven en una situación de asfixia financiera
crítica; los niveles de endeudamiento están en constante alza. Entre
2008 y 2010, el aumento de los estudiantes que no logran reembolsar los
préstamos gubernamentales fue de 72 %
4.- James Anaya es Relator Especial de la ONU sobre la situación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas,
autor del informe del 11 de julio de 2011, presentado a la asamblea
general de la ONU, sobre sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas en contextos en los cuales
industrias extractivas realizan operaciones dentro de sus territorios o
en proximidad de ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario