Los títulos cotizan en Wall Street. Eran de ex trabajadores, pero Repsol los vendió en 2011.
Las acciones son representativas del 11,50% del paquete accionario de YPF S.A. que los "ex ypefianos" le disputan desde hace tiempo a Repsol.
La medida judicial tomada en Río Grande, se mantendrá hasta tanto se resuelva la nulidad planteada por la Federación de Ex Agentes de YPF, respecto a las ventas accionarias que realizó Repsol en marzo de 2011.
Estos trabajadores, despedidos o con retiro voluntarios tras la privatización de YPF con actividad previa a 1993, accedieron como parte de su indemnización al Programa de Propiedad Paticipada (PPP). Así, se les otorgó entre 500 y 5.000 acciones de la compañía, hasta completar el 10% del total de las mismas.
Pero estos bonos nunca llegaron a las manos de los ex empleados. En 1997 esos papeles fueron vendidos en la Oferta Pública de Acciones (OPA) acordada entre el Gobierno de Carlos Menem y Repsol, lo que originó una serie de pleitos judiciales.
Verónica Muchnik, una de las abogadas que representa a los ex trabajadores de YPF, confirmó a la agencia de noticias DyN la resolución judicial, asegurando que los deja "más que conformes, porque salvaguarda el interés de los ex trabajadores de YPF".
La letrada explicó que se trata de "una medida cautelar, relacionada con la demanda judicial de nuestros representados" y recordó que "en marzo de 2011, Repsol violó una orden judicial emitida por el Juez Federal, Oscar Valentinuzzi, en la que se impedía a Repsol vender sus acciones en YPF, con motivo de un reclamo judicial realizado por la Federación de Ex Trabajadores de YPF en nombre de sus 25.000 representados, todos ellos ex trabajadores de la empresa que reclaman por sus derechos accionarios".
"Esta medida de la doctora Cristiano viene a evitar mayores perjuicios a terceros y sirve para preservar el patrimonio de YPF", destacó Muchnik.
El reclamo de los trabajadores se fundamenta en la decisión del gobierno de Carlos Menem, a través de Ley de Reforma del Estado, de poner en venta las empresas públicas de la Argentina contemplando que, en la venta de los paquetes accionarios, 10% del capital social pasaría a propiedad de los empleados a través del denominado "PPP" (Programa de Propiedad Participada).
De esta forma, los empleados de YPF pasaron a ser titulares de 35,3 millones de acciones de Clase C de la compañía, con derecho a participar y votar en las Asambleas de Accionistas, a designar un Director Titular y un Director Suplente en el Directorio, a percibir dividendos, aprobar o rechazar los balances anuales y las ventas del paquete accionario.
Sin embargo en 1997, el Estado nacional y el Directorio de YPF autorizaron y gestionaron la venta de las acciones Clase C sin contar con la aprobación de este grupo de titulares, decisión que se pretendió convalidar mediante el Decreto 628/97.
La decisión entró en vigencia 8 días después de la venta, por lo que el Decreto fue declarado inconstitucional e inválido por la Corte Suprema de la Nación en 2001 en la causa conocida como "Caso Antonucci".
En febrero de 2011, el Juzgado Federal de la ciudad de Bell Ville, Córdoba, a cargo de Oscar Valentinuzzi, ordenó a YPF, a su accionista mayoritario Repsol y al Estado nacional, que "suspendan la venta de las acciones de YPF hasta tanto se resuelva la demanda iniciada por la Federación de Ex Trabajadores de YPF", quienes reclamaban que se les reconozcan sus derechos como accionista".
Asimismo, el juez ordenó comunicar tal suspensión de venta a la SEC (Securities and Exchange Commission) con sede en New York y a la Comisión Nacional de Valores de Buenos Aires. Igualmente, en marzo de ese año, Repsol continuó comercializando acciones de YPF, a través de la venta de 3,83% a los fondos Lazard Asset Management y otros inversores, por US$639 millones y haciendo una oferta pública de venta (OPV) en Nueva York, de hasta 7,1%.
23 de abril de 2012 19:35
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