El derecho de propiedad se acercó un paso más hacia su desaparición en nuestro país.
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| AYER LA TRAICIÓN, REGALARON YPF |
En
el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las
cuestiones de fondo. Nuestros gobernantes, lamentablemente, no parecen
entenderlo. Se trata de una consideración absolutamente relevante frente
a cualquier discusión respecto de la anunciada expropiación del 51% de
las acciones de YPF, hoy en manos de Repsol. Una expropiación que, en
rigor, es lisa y llanamente una confiscación violatoria de la
Constitución.
La
expropiación está aceptada por el derecho público en todas las
democracias modernas. Se trata de un derecho que han ejercido incluso
gobiernos de países avanzados. Pero casi siempre lo han hecho en
situaciones extraordinarias y conforme a derecho, sin necesidad de
recurrir a declaraciones altisonantes y procediendo como lo indica la
ley.
Para
no ser una confiscación lisa y llana, algo más propio de un régimen
totalitario que de una democracia, quien es expropiado tiene derecho a
recibir una indemnización equivalente al valor económico del objeto
expropiado. La Constitución Nacional es muy clara al respecto, en su
artículo 17: "La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley.
La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por
ley y previamente indemnizada".
La
decisión anunciada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el
pasado lunes no sólo viola las formas, sino que es ilegal. Semejante
medida no debería ni siquiera ser defendida por aquellos que están a
favor de que YPF sea propiedad del Estado argentino.
La
primera mandataria declaró que no iba a contestar "ninguna amenaza" ni
"ningún exabrupto" porque ella representa "a todos los argentinos" y,
además, "porque no soy -dijo- ninguna patotera".
¿Pero
de qué otra manera que no sea de patoteril puede calificarse el hecho
de que, tras el anuncio presidencial del proyecto expropiador,
funcionarios de su gobierno se hicieran presentes en la sede de YPF y
obligaran a todos los ejecutivos españoles a retirarse del edificio, sin
orden judicial, exhibiendo un simple decreto de necesidad y urgencia?
¿Acaso no es el Congreso el que tiene que aprobar la ley de
expropiación? La intervención de la empresa, realizada con antelación al
tratamiento parlamentario, es un brutal atropello a los derechos de los
accionistas de YPF.
Sólo
en una sociedad muy primitiva se le puede ocurrir a alguien celebrar o
aplaudir esta manera de hacer las cosas. No es casual que en distintos
países de Europa y América la decisión adoptada por la presidenta
Cristina Kirchner haya sido calificada como un acto de "patoterismo" o
de "piratería".
Al
mismo tiempo, funcionarios del Gobierno han anunciado su pretensión de
dilatar el pago de la indemnización a la empresa española, a la vez que
hacen gala de que sería cercana a cero. Y lo hacen después de haber
hecho lo imposible por provocar, en las últimas semanas, el derrumbe del
valor bursátil de YPF.
Nadie
que sea dueño de un negocio, por más pequeño que sea, o de un activo en
la Argentina puede aplaudir lo que se está haciendo con Repsol. Hay
cuestiones de fondo que hacen que esta confiscación sea incompatible con
la seguridad jurídica y la supervivencia de un régimen republicano.
"No
actuamos contra Repsol ni contra los capitales españoles", declaró el
viceministro de Economía Axel Kicillof, supuesto cerebro detrás de la
decisión de confiscar. Kicillof parece un funcionario del Ministerio de
la Verdad que George Orwell describió tan bien en 1984 .
En esta brillante novela, cada vez más vigente, el régimen totalitario
buscaba controlar el pensamiento y subvertir el concepto de la verdad a
través del lenguaje. Para el Ministerio de la Verdad, la guerra es paz,
la esclavitud es libertad y la ignorancia es poder. ¿Pretenderá Kicillof
tomarnos a todos el pelo cuando dice que el Gobierno no está actuando
contra Repsol?
¿Por
qué se apropia el Estado de acciones de Repsol y no del grupo Petersen o
de los otros accionistas de YPF? ¿Bajo que principio jurídico se
asienta esta flagrante e inconstitucional discriminación? Hubiera
resultado lógico que, habiendo decidido obtener el 51%, el Estado
expropiara a todos los accionistas de manera proporcional. ¿Se habrá
pensado en el Poder Ejecutivo quizá que las consecuencias judiciales
serían menos serias?
¿Se
habrá buscado castigar a Repsol por su origen español? Habría que
recordar que la Argentina y España firmaron un acuerdo bilateral de
promoción y protección de inversiones que fue aprobado por ley del
Congreso. Y que discriminar a alguien por su condición de extranjero es
inconstitucional.
¿Se
querrá castigar a Repsol por una mala gestión? En este caso, el
Gobierno estaría usurpando un derecho que corresponde a los accionistas
de Repsol e YPF.
Uno
de los aspectos más criticados de la gestión de Repsol ha sido la falta
de inversiones y la masiva distribución de dividendos. La mayoría de
las empresas petroleras que operan en la Argentina han disminuido sus
inversiones y exhiben una caída en sus reservas. Y esto es consecuencia
directa de la política energética adoptada por el gobierno kirchnerista
desde 2003. En cuanto al pago de dividendos, desde 2007 es también
consecuencia directa de la "nacionalización" de un 25% de las acciones
de YPF promovida por el propio Néstor Kirchner. Como la familia Eskenazi
no tenía 3500 millones de dólares para comprar dichas acciones, un
grupo de bancos internacionales estructuró, con la anuencia y bendición
del ex presidente Kirchner, una financiación basada en el pago de
acciones mediante dividendos futuros.
Un
Estado no puede comportarse como un adolescente que cambia de opinión
de un día o de un año para otro. Los Kirchner no sólo alentaron el
ingreso en YPF de un socio argentino sin mayor experiencia en el negocio
petrolero y sin dinero para pagar sus acciones, sino que años atrás
aplaudieron la privatización de la empresa.
En
un país con escasez crónica de capitales como es la Argentina, el
Gobierno no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones. El presidente
de Colombia no pudo haber sido más claro al respecto cuando, días
después del anuncio argentino, dirigiéndose a un grupo de inversores
extranjeros, dijo: "Queremos que ustedes sientan que tenemos reglas de
juego estables, que aquí no expropiamos". Juan Manuel Santos estaba
capitalizando los errores del gobierno argentino. Los resultados de una y
otra política de Estado están a la vista. En 2011, las inversiones
extranjeras en Colombia subieron el 92%. Gracias al anuncio de la
expropiación de Repsol, el riesgo país de la Argentina se disparó. Esto
quiere decir que nos va a costar mucho más conseguir capital para
financiar proyectos en nuestro país. Y, justamente, lo que el Gobierno
dice que falta en el sector energético son inversiones.
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| LA MESA DE LA ENTREGA |
Las
contradicciones del discurso oficial están a la vista. Declaró la
Presidenta que YPF tendrá "una conducción absolutamente
profesionalizada" y que se demostrará que "los recursos del Estado
pueden ser administrados correctamente también". Cuesta encontrar
ejemplos de su gobierno para sustentar tal afirmación. ¿Se referirá a
Enarsa? ¿O a Aerolíneas Argentinas, que pierde dos millones de pesos por
día? Resulta, a su vez, notable que la conducción transitoria de YPF
haya recaído en un ministro como Julio De Vido, que es responsable de la
crisis energética que tantas veces pretendió negar, y en quien condujo
las finanzas de la empresa aérea, que fue el propio Kicillof.
Otra
grave inconsistencia de la confiscación es su declarado objetivo. El
artículo primero del proyecto enviado al Congreso declara "de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina
el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". Nuevamente hay un
tinte orwelliano en esta afirmación. En 1984, el lema del Ministerio de
la Verdad era: "Quien controla el pasado, controla el presente y quien
controla el presente, controla el futuro". La Argentina sólo alcanzó el
autoabastecimiento de hidrocarburos con el plan Houston de Alfonsín,
cuando el mercado operó con incentivos y se permitió la inversión
extranjera.
La
desregulación del sector y la privatización de YPF, en 1990, que lideró
José Estensoro, fueron un éxito indiscutible. YPF pasó de ser una
empresa deficitaria e ineficiente a ser una empresa competitiva a nivel
internacional y la Argentina sobrepasó con creces el tan ansiado
objetivo del autoabastecimiento energético. Estensoro siempre entendió
que, aunque YPF había sido privatizada, era necesario "cuidar" a su
accionista más importante, que era el Estado. Roberto Monti, que lo
sucedió en el cargo luego de su trágica muerte, no entendió que YPF no
era como cualquier otra empresa que cotizaba en la bolsa de Nueva York.
Eso y la necesidad de caja fue lo que en 1999 provocó la venta de las
acciones remanentes del Estado a Repsol. Estensoro siempre se opuso a
una venta de acciones de YPF a Repsol. Tal vez si no hubiera muerto en
un accidente, esa operación nunca habría ocurrido, la situación actual
sería muy diferente y hasta incluso podría haberse dado que YPF comprara
Repsol. Más allá de esto, con esta confiscación y la continuación de la
política energética adoptada por el actual gobierno, el
autoabastecimiento de hidrocarburos parece una utopía.
La
mala imagen del país en el exterior ha crecido en los últimos días. A
los ojos del mundo, tenemos un gobierno tan arbitrario y autoritario
como el de Venezuela y somos aún menos confiables en materia de
seguridad jurídica.
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| SUS ALIADOS EXTRANJEROS SE RIEN DE NOSOTROS |
En
resumen, la forma en que la Presidenta decidió confiscar las acciones
de Repsol en YPF ha dañado seriamente la imagen del país, ha reforzado
la noción de que quienes nos gobiernan no respetan la ley, ha complicado
los esfuerzos diplomáticos para conseguir apoyo internacional a nuestro
legítimo reclamo por las Malvinas y ha aumentado significativamente el
costo de financiamiento para cualquier proyecto de inversión en la
Argentina. Nada hay para aplaudir.
La crisis que aqueja a los países desarrollados desde 2008 y la muy favorable situación en los mercados de commodities que
se extiende desde 2002 le presentaban a la Argentina una oportunidad
única para acortar la brecha que la separaba de aquellos países. En
lugar de aprovechar esta oportunidad histórica, el gobierno argentino
parece decidido a desperdiciarla con este nuevo dislate que se encuentra
en vías de consumar.
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