La oposición no acuerda

La oposición no acuerda un juicio político a Boudou y el tema podría llegar al recinto

El peronismo disidente, el Pro y Patricia Bullrich insisten en enjuiciar al vicepresidente. La mayoría de la Ucr se viene oponiendo pero ahora volverá a debatirlo. El Fap se opone y lo cree innecesario. El miércoles le pedirán al FpV que conforme la Comisión de Juicio Político.

Las novedades en la causa de la ex Ciccone reeditarán los pedidos de juicio político contra Amado Boudou en Diputados, pero las opiniones están divididas: mientras el Pro, el Frente Peronista y Patricia Bullrich insisten en llevar al vicepresidente al banquillo, en la UCR hay posiciones divididas y el Fap prefiere no ir por esa vía. 

El Frente para la Victoria, ahora, no podrá soslayar el asunto: el miércoles la diputada del Pro Laura Alonso solicitará en la sesión conformar la Comisión de Juicio Político, demorada por el kirchnerismo sin otro motivo a la vista que frenar expedientes sobre Boudou. 

De todos modos una mayoría oficialista detendría cualquier iniciativa, lo que para algunos opositores no es motivo de quedarse con los brazos cruzados. “Quienes presentamos el pedido de juicio político tendremos que reunirnos y agilizar para que este juicio arranque”, requirió Bullrich, promotora del proyecto presentado hace 15 días. 

En ese momento aún no había llegado el allanamiento a la propiedad de Puerto Madero de Amado Boudou, ni la declaración del directivo de Boldt involucrando a Núñez Carmona en una gestión para la venta de Ciccone. 

Ni la conferencia del vicepresidente, acusando al juez Daniel Rafecas de imparcialidad, además de indicar que el titular de la Bolsa de Comercio quiso coimearlo y el estudio del procurador Esteban Righi le propuso un vínculo con los tribunales federales. 

“Antes creíamos que no había elementos necesarios. Pero mañana lo volveremos a discutir”, anticipó ante LPO Ricardo Gil Lavedra, jefe del bloque radical. 

La anterior presentación tuvo la firma de algunos diputados radicales, como Juan Casañas, Oscar Aguad y Jorge Chemes. Pero no contó con el apoyo de la bancada. Se sumaron Federico Pinedo y Paula Bertolt (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Ramona Puchetta, del Movimiento Independiente de Jubilados de Raúl Castells. 

Para convencer a Gil Lavedra no bastaron las gestiones de Bullrich, principal promotora del juicio político. Al avance de la causa que instruye Rafecas, por estos días el mayor argumento de la ex ministra de Trabajo para atacar a Boudou es forzar al Frente para la Victoria a una defensa que no le viene siendo fácil. 

En su análisis, esa pretensión política se impone a los elementos que involucran al vicepresidente en la causa, donde ni siquiera es imputado. 
No lo creen así en el Frente Amplio Progresista, para quienes una victoria en el Congreso podría legitimarlo. Además, dudan de la validez administrativa del trámite. 

El artículo 53 de la Constitución faculta a la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado “al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.

Pero como los fueros del vicepresidente son reducidos, en el Fap creen que no tiene sentido llevarlo al juicio porque no tiene la inmunidad de la que gozan los legisladores. 

“El juez puede hasta indagarlo y un juicio político sólo sería necesario para un arresto. Así que hasta administrativamente no sé si conviene”, sostuvo Gerardo Milman, del Gen.





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