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sábado, 14 de julio de 2012

EL NEGOCIO NO LES CIERRA

Cerro Vanguardia, Santa Cruz.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, recibió el viernes 13/07, en la Casa de Chubut, en Ciudad de Buenos Aires, al secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral.
 
El tema fue casi obvio: el proyecto de marco regulatorio del subsuelo enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura, y -de acuerdo a la diplomática comunicación de Buzzi-, "las perspectivas de desarrollo de la actividad en Chubut en el contexto de los lineamientos nacionales."
 
Al término de la reunión --que aproximadamente demandó una hora--, el gobernador Martín Buzzi destacó el hecho de que “Jorge Mayoral se haya acercado a estas oficinas de la Casa del Chubut. (...) En este sentido, uno de los temas sobre los que más conversamos con el secretario de Minería fue el innovador marco regulatorio que estamos impulsando para Chubut. Este proyecto que enviamos a la Legislatura brinda garantías de sustentabilidad en el desarrollo; que haya una participación de las comunidades y que los recursos económicos vuelvan a la gente”.
 
Buzzi recordó que “lo que estamos proponiendo con el marco regulatorio, que es algo que por lo novedoso se está siguiendo muy atentamente desde la Nación y otras provincias. A través de él, pondremos al Estado como socio de todos los proyectos; podremos prever la cuestión ambiental desde el primer día; garantizar recursos a las comunidades involucradas; asegurar la transparencia ante la sociedad y constituir un fondo para cuestiones como el desarrollo forestal y de las energías alternativas, que además de dejar mejoras estructurales nos permitirá pagar dividendos a los habitantes de la provincia”. 
 
Pero, en verdad, el encuentro fue otra cara de la moneda de las crisis de las provincias, asfixiadas por la Nación, aunque Cristina Fernández de Kirchner insiste en que no hubo otra Administración más federalista.
 
En la Patagonia, los problemas financieros de Santa Cruz y Chubut son aún más graves que los de Buenos Aires, solamente que su impacto en la agenda nacional, es muy inferior. Así, Chubut y Santa Cruz decidieron intentar obtener ingresos adicionales de la industria minera. Entonces, han chocado con la Administración Cristina, que mantiene acuerdos políticos importantes con la industria minera.
 
La controversia entre la ambición de Chubut/Santa Cruz y la posición de la Nación ya había quedado en evidencia cuando los diputados provinciales por el Frente para la Victoria Santacruceña -Selsa Esther Hernández, Rubén Contreras, Roberto Ignacio Fernández, Héctor Pedro Vinett y Silvio Rubén Suárez-, presentaron un proyecto para “establecer un canon extraordinario único a todo productor minero metalífero que se encuentre en etapa de “explotación o producción” con registro en la provincia de Santa Cruz”. 
 
Angustiado por la falta de dinero, el gobernador Peralta autorizó la iniciativa de aplicar un canon extraordinario único de 10% sobre el monto que resulte a la transferencia de la propiedad minera de primera categoría, a todo Productor Minero Metalífero que adquiera dicha propiedad con los fines de explotación o producción con registro en la provincia de Santa Cruz.
 
Pero, con la iniciativa en debate parlamentario, el vicegobernador Fernando Cotillo y los legisladores que responden a La Cámpora, frenaron el proyecto.
 
El argumento para los de Peralta era: la minera GoldCorp compró a OroPlata, el yacimiento de oro y plata Cerro Negro, a 70 kms de Perito Moreno en la suma de US$ 3.400 millones. Y 1 mes antes, Yamana Gold compró el yacimiento Cerro Moro, próximo a Puerto Deseado, a Stelar Resource, en $ 400 millones. Ambos proyectos fueron adquiridos a compañías a las cuales Santa Cruz les otorgó el permiso exploratorio, realizaron la inversión en cateo pero no arriesgaron. Más tarde concretaron una ganancia extraordinaria y la provincia, en grave crisis financiera, no recibió nada en retribución.
 
En Chubut se debate una situación bastante similar: la aplicación de un canon minero diferenciado. 
 
Desde Río Gallegos, Daniel Lasagno, conocedor del gobernador santacruceño Daniel Peralta, y del debate minero, brindó una visión bien diferente de lo que Mayoral fue a conversar con Buzzi:
 
"(...) Los empresarios mineros pidieron una reunión urgente de la OFEMI -Organización Federal de Estados Mineros-, un invento organizativo que lidera Julio De Vido y conforman José Luís Gioja, Eduardo Fellner, Luis Beder Herrera, Lucía Corpacci, Martín Buzzi y Urtubey, Francisco Pérez; de San Juan,; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, el Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, de Chubut Martín Buzzi, el goberandor de Neuquén y el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, además de los representantes de las empresas del sector, para tratar un tema más que urgente: dos provincias que intentan “cortarse solas” y quedar por fuera del control de la OFEMI (ergo: de las mineras).
 
En la última sesión, las multinacionales reclamaron a voz en cuello por la decisión de Santa Cruz y Chubut, de establecer cánones e impuestos provinciales “por fuera de lo pactado”, ya que mientras Santa Cruz quiere fijar un 10% sobre la transferencia minera (es decir, la venta entre empresas de los yacimientos que no tributan ni un solo peso), en Chubut, se estudia aplicar una suba del 8% en las regalías
 
Escandalizadas y de manera “urgente”, las empresas llamaron a una reunión de la OFEMI que se concretó en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, donde se hizo presente la CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros y donde concurrieron los principales lobbystas argentinos de las operadoras, ellos son José Luis Gioja (San Juan), Eduardo Fellner (Jujuy), Lucía Corpacci (Catamarca),Juan Manuel Urtubey (Salta) y Luis Beder Herrera (La Rioja), gobernadores defensores a ultranza de la minería a cielo abierto, en sintonía con la política que persigue el gobierno nacional y en su mayoría, sospechados de enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con sus funciones y vinculaciones económicas con el sector; en síntesis: de corrupción. Por parte de la CAEM asistieron Martín Dedeu, su presidente Manuel Benítez y Julián Rooney, vices Ricardo Zarandon y el gerente Damián Altgelt.
 
El faltazo de Buzzi y Peralta, atizó aún más el fuego de la CAEM, quien buscó refugio en sus salvadores, los cuales opinaron que a este problema (de que haya provincias que intentan aplicar cánones mineros diferenciados) “había que resolverlo desde la política” (¿?).
 
Tal lo refleja Mining Press la preocupación empresaria, al decir de las operadoras, es porque observan “la variedad de proyectos provinciales que aumentan fuertemente la carga impositiva que enfrentan las empresas productoras en la actualidad, superior al 50%”, expresa.
 
Sostuvieron desde la CAEM que “los proyectos provinciales que elevan fuertemente la carga impositiva o establecen nuevos cánones, cambian las reglas e interfieren fuertemente con la actividad”, en obvia referencia a nuestras provincias patagónicas, las cuales no estuvieron representadas en esta oportunidad por sus gobernadores.
 
En cambio, los gobernadores presentes, dice Mining Press, dejaron sentado que “que las provincias mineras, mayoritariamente, y la Nación, están en armonía en el espíritu de fijar reglas claras y alentadoras para el despliegue de la actividad” (...)".

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