En el marco de la discusión que están llevando adelante las provincias con el Gobierno Nacional sobre la nueva Ley de Hidrocarburos, el dirigente radical se manifestó a favor de los derechos que deben defender y sostener las provincias y municipios petroleros.
Yo entiendo –comenzó diciendo el ex concejal- que es una obligación ineludible defender la soberanía Provincial sobre los recursos naturales que prescribe el artículo 124 de la Constitución Nacional, hacer lo contrario sería renunciar a un derecho indiscutible de las Provincias y exponerlas a una mirada retrospectiva de la antigua concepción unitaria que tenía el País y no podemos permitirnos el perder l autonomía provincial.
El sistema federal de gobierno fue tenido especialmente en cuenta por los Convencionales Nacionales al reformar la constitución en el año 1.994, entre ellos, el ex Presidente Néstor Kirchner y la actual Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, respectivamente; por lo tanto nuestra Provincia, ahora, más que nunca, debe exigir la vigencia y el respeto irrestricto a dicho reconocimiento Constitucional.
Es por ello que adhiero a lo señalado por el Senador Nacional de la U.C R, Alfredo Martínez, quien mostró su preocupación por la reforma que busca introducir el oficialismo en la ley de Hidrocarburos, asegurando que con estos cambios nos estamos jugando el futuro las provincias petroleras, exigiendo un debate amplio al respecto y que se tengan en cuenta los tres proyectos de ley que presentó el bloque de la UCR para mejorar la normativa sobre la actividad petrolera y garantizar una política energética para el país.
Considero que la nueva ley a sancionarse debe regular la distribución de competencias del dominio originario de las provincias respecto de los hidrocarburos. También debe eliminarse el techo de las regalías fijado actualmente en el 12 por ciento de la producción de hidrocarburos, ampliándolo significativamente, teniendo especialmente en cuenta su carácter de recursos no renovables. Debemos recordar que en el país existen 5 cuencas petroleras y nosotros contamos con una de las productivas del país. Estamos aportando desde la provincia un gran porcentaje del crudo nacional y eso no lo vemos reflejado en las regalías que recibe la provincia ni en la coparticipación que le corresponde a Caleta Olivia.
No podemos permitir, bajo ningún concepto, que el volumen de producción para el cálculo de regalías sea controlado por una simple declaración jurada de los concesionarios, sino que debemos asegurar la instalación de sistemas electrónicos y/o informáticos que permitan un efectivo control de las salidas de los recursos y con ello el resguardo de las arcas fiscales Provinciales. Somos los principales responsables de velar por nuestros recursos y resulta sumamente importante el saber cuánto estamos produciendo para poder planificar el desarrollo de la provincia y las localidades. Nosotros sabiendo claramente cuanto se produce y discutiendo las regalías y coparticipación podemos generar recursos económicos permanentes para las localidades petroleras. Eso no significa que debamos restarle a las otras localidades sino exigirles más a las operadoras que se llevan el recurso no renovable de Santa Cruz y sabemos que el petróleo en algún momento no va a estar.
También debemos centrarnos en la discusión de esta nueva Ley donde debe incluirse un régimen ambiental para toda la actividad hidrocarburífera que exija una evaluación del impacto ambiental para la exploración y extracción de hidrocarburos de origen mineral, por ello la ley debe asegurar a las Provincias productoras de Petróleo y Gas, la reparación económica inmediata del daño ambiental provocado por la desaprensiva explotación sin inversión en la materia.
La nueva norma a sancionarse no puede avasallar las autonomías Municipales, impidiéndoles o restringiéndoles el legítimo derecho a la sanción de ordenanzas que exijan el pago de tasas o servicios a las concesionarias por razones inherentes a sus actividades exploratorias y/o extractivas dentro de sus respectivas jurisdicciones. El derecho de los Municipios a obtener una importante fuente genuina de recaudación, no puede verse menoscabado o desconocido por la sanción de una ley que sería, seguramente, tachada de flagrantemente inconstitucional. Recordemos que los municipios de zona norte, principalmente, tienen un alto porcentaje de mano de obra en la industria petrolera con servicios directos e indirectos. Asimismo al ser una localidad cabecera de la provincia somos el paso obligado de recursos humanos y equipamiento que se desempeña o emplea en los diferentes yacimientos de la provincia. Es por ello que esta Ley no debe quitarle a los municipios la herramienta brindada por la constitución nacional en el año 1994.
Finalmente sostengo la necesidad de la fijación de una política energética Nacional con la participación obligatoria de las Provincias, para la coordinación, planificación y ejecución de las tareas inherentes a la exploración y explotación de los Recursos energéticos renovables y no renovables, propendiendo a la divulgación y promoción de las energías alternativas (Eólica, Solar, Mareomotriz, Biomasa, Hidrógeno, etc.., como manera de interpretar acabadamente la necesidad imperiosa de buscar la aplicación de energías no contaminantes que pongan fin al calentamiento global y sus funestas derivaciones climatológicas.
Debemos ser claros al mostrar nuestra mirada sobre este tan importante tema para Santa Cruz, ya que así como debemos pelear por las regalías para las provincias, desde los municipios debemos garantizar la posibilidad del ingreso de recursos financieros que nos permitan el crecimiento en materia de infraestructura social y cultural para las localidades que se encuentran inmersas dentro de la industria petrolera del País.
No se debe sancionar ninguna nueva ley de hidrocarburo sin antes discutir las formas de asociación empresaria, los aportes de capital y de recursos, los plazos contractuales para explorar y explotar, las regalías para las provincias y el esquema fiscal a aplicar en la actividad, son temas en análisis.
Ya las provincias petroleras e YPF marcaron sus diferencias respecto de la forma de participación y asociación provinciales con compañías privadas nacionales e internacionales para desarrollar reservorios en Vaca Muerta y otros ya detectados en Santa Cruz, Chubut y Tierra de Fuego.
El proyecto en estudio debe respetar lo que marca la Ley Corta y la Constitución de 1994, donde reconoce a los estados provinciales sus derechos sobre los recursos hidrocarburíferos;concluyó el dirigente.-
FUENTE: http://www.vocesyapuntes.com
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