La fiscalía pide que se procese a los directivos de la mina Cobre Las Cruces
El ministerio público cree que han cometido daños al medio ambiente con la construcción de balsas, detracción de agua y contaminación de acuíferos
La fiscalía ha pedido que se dicte auto de procedimiento abreviado contra tres altos directivos de la mina Cobre Las Cruces, de Gerena (Sevilla), por presuntos daños al medio ambiente con la construcción de balsas, detracción de agua y contaminación de acuíferos. Fuentes del caso informaron a Efe de que la fiscalía, en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 19, da por concluida la fase de instrucción y pide que se dicte auto de procedimiento contra Francois F., ex consejero delegado y máximo responsable de la empresa hasta 2010; contra William T. W., director de la mina; y contra Paz C. S., directora de medio ambiente de la instalación. La fiscalía deja fuera del procedimiento a Juan Carlos B. U., director del departamento de aguas desde agosto de 2008, de acuerdo con la decisión de la Audiencia de Sevilla de no acumular a este caso un posterior expediente sancionador por detracción ilegal de aguas.
La actividad en la mina ya estuvo paralizada varios meses tras detectarse que se habían perforado sin permisos varios pozos en el acuífero, que había sido también contaminado. Desde entonces, los ecologistas y la Consejería de Medio Ambiente ha estado siguiendo de cerca la gestión que realiza la empresa en la mina.
La fiscalía imputa a los directivos de la mina posibles daños a las aguas públicas por intoxicación por sustancias nocivas como arsénico, consecuencia de las extracciones e inyecciones de aguas. El Juzgado de Instrucción 19 les imputó presuntos delitos de daños y contra el medio ambiente por la construcción de balsas, la extracción e inyección de aguas alterando los volúmenes permitidos y la contaminación de aguas públicas con arsénico. La Consejería de Medio Ambiente tiene abiertos varios expedientes contra la compañía, alguno de ellos paralizado por la instrucción judicial del caso.
Los imputados declararon en septiembre de 2010 ante la juez y aseguraron que la actividad minera "en ningún momento afectó a las aguas subterráneas", que no hubo irregularidades y, según afirmaron entonces en un comunicado, habían rebatido cada una de las acusaciones sobre construcción ilegal de balsas y la afección del acuífero Niebla-Posadas.
La fiscalía, por contra, ha calificado de "insostenible" la teoría de que el acuífero Niebla-Posadas estuviese contaminado con arsénico antes de que empezase la explotación de la mina, pues en 2005 las concentraciones respetaban los límites legales y en 2008 se superaban. El fiscal, en informes aportados a la causa, ha afirmado estar convencido de que “parte del caudal de ese acuífero está siendo utilizado para regadío y en épocas de sequía incluso se destina a consumo humano”, según todos los documentos oficiales consultados, mientras que la única que niega ese uso es la propia Cobre Las Cruces.
En mayo de 2011, la juez acordó incorporar a estas diligencias dos nuevas denuncias: una de junio de 2010 por detracción no autorizada de agua del acuífero y otra de noviembre de 2010 por vertidos no autorizados al arroyo Garnacha, pero la Audiencia lo paralizó para no correr el riesgo de convertir las diligencias en “una causa general o cajón de sastre que englobe todo tipo de infracción administrativa”.
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