Fopea alerta por graves hechos que deterioran la libertad de expresión en Catamarca

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclama que en medio de la conflictiva situación que se vive en las localidades de Andalgalá, Belén y Tinogasta (Provincia de Catamarca) por las protestas sociales contra los emprendimientos de megaminería, no se atente desde el Estado contra la libertad de expresión y se permita el trabajo profesional con total libertad de aquellos manifestantes ambientalistas que cumplen funciones informativas y colaboran en la difusión de los hechos a través de los medios comunitarios.

Los habitantes de las localidades catamarqueñas involucradas en el conflicto, así como el resto de los habitantes de la provincia y de todo el país, tienen el derecho a recibir información plural y veraz en relación al tema de la megaminería y los planteos de las organizaciones ambientalistas. Son varios los indicios recibidos por FOPEA en relación a que los medios provinciales en Catamarca y otras provincias donde se están desarrollando emprendimientos mineros y donde se dan conflictos con sectores ambientalistas, no están respetando los estándares profesionales de pluralismo, y es por eso que se hace necesaria la tarea de los circuitos informativos asociados a las asambleas y grupos ambientalistas.
Como ya señaló FOPEA hace dos años, en ocasión de un conflicto similar en Andalgalá, los fuertes intereses económicos y sociales relacionados con el tema de la minería en varias provincias argentinas están funcionando, a veces, como una mordaza para varios periodistas que intentan ofrecer una visión que refleje las diferentes posiciones del conflicto.
Tanto empresas del sector y funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, como algunos directivos de medios y la reacción de algunos grupos de manifestantes, han coartado en muchos casos la labor profesional del periodismo.
En los recientes episodios de Catamarca, varios manifestantes ambientalistas que cumplen tareas informativas y de comunicación social fueron detenidos en varias ocasiones por la Policía provincial en procedimientos sumamente agresivos y con un inusual despliegue de la fuerza represiva. Además, los integrantes de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunciaron que la emisora La Voz del Algarrobo, que se transmite por FM 105.3, fue interferida por más de 10 horas desde la noche del jueves 9 de febrero y que recibieron una gran cantidad de amenazas a través de mensajes de texto y llamados telefónicos.
Los cortes en la transmisión provocaron que la emisora no pudiera ser escuchada en varias de las zonas aledañas a Andalgalá, lo cual implica un grave atentado a la libertad de expresión, especialmente en momentos en que habían sido detenido decenas de manifestantes en las adyacencias de Belén. Los integrantes de la Asamblea continuaron su transmisión por Internet, gracias a la colaboración de otras organizaciones integrantes de la Red de Medios Alternativos que redistribuyeron la señal.
FOPEA solicita a las autoridades de Catamarca y del Gobierno nacional que, al mismo tiempo que aseguren la paz social en la provincia y la libertad de manifestación, garanticen las condiciones para que no se continúe deteriorando la libertad de expresión, derecho básico fundamental para el sistema democrático.
Por otra parte, FOPEA señala la peligrosidad para la vigencia de los derechos humanos de los ciudadanos la presunta aplicación por parte de la justicia local de la “Ley Antiterrorista”, sancionada en diciembre pasado por el Congreso de la Nación. FOPEA en su momento cuestionó dicha medida y vuelve a reiterar su preocupación ante la aplicación de esta legislación represiva por parte del Estado ante la protesta social.

Fopea alerta por intimidaciones a periodistas en Andalgalá

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) reclama que en medio de la conflictiva situación que se vive en la localidad de Andalgalá (Catamarca) entre pobladores que protestan contra el emprendimiento minero de Agua Rica y las fuerzas de seguridad que días atrás reprimieron a los manifestantes, se permita a los profesionales de prensa realizar su trabajo informativo sin agresiones, presiones ni amenazas.
A los periodistas les asiste el derecho de trabajar con libertad y sin temores, así como la sociedad -principal destinataria del producto de la labor periodística- merece que la información que recibe sea confiable y no un producto de presiones de cualquier índole.
Los fuertes intereses económicos y sociales relacionados con el tema de la minería en varias provincias argentinas están funcionando, a veces, como una mordaza para varios periodistas que intentan ofrecer una visión que refleje las diferentes posiciones del conflicto. Tanto empresas del sector y funcionarios de los gobiernos provinciales y municipales, como algunos directivos de medios y la reacción de algunos grupos de manifestantes, han coartado en muchos casos la labor profesional del periodismo.
Solicitamos a las autoridades de Catamarca y del Gobierno nacional que, al mismo tiempo que aseguren la paz social en Andalgalá y la libertad de manifestación, garanticen las condiciones para que los periodistas puedan desarrollar su tarea.
Fopea fue informado de dos casos ocurridos el pasado lunes 15, que motivaron su preocupación: el primero fueron los empujones, patadas, insultos y robo de equipo que sufrió un equipo de periodistas del canal 10 de Cable (el cronista Nicolás Ziggiotto y el camarógrafo Lucas Oláz); el otro, las amenazas de muerte anónimas que recibió al aire la locutora de FM La Perla, María Márquez.
En este contexto, Fopea llama la atención de aquellos actores privados, en particular las empresas mineras y a los propios medios que reciben pauta publicitaria de este sector o del gobierno local que apoya estos emprendimientos, ya que se han conocido testimonios de varios colegas que denunciaron, en forma confidencial, las presiones que recibieron desde ellos.
Ante este complejo panorama, Fopea recuerda a todos los sectores que el trabajo profesional del periodista debe estar basado en poder contar lo que ocurre, no sólo porque eso hace a una necesidad inclaudicable de nuestra profesión sino porque la sociedad en su conjunto tiene el derecho al acceso a la información veraz, sin que medien intereses particulares que puedan condicionarla.