23/jun/2013
Es
realmente preocupante que quien tiene la responsabilidad de dirigir los
destinos del país piense que puede atentar contra la división de
poderes, más aún lo es enfadarse con quien con todo derecho imposibilita
el avasallamiento.
|
Por: Aldo Norberto Bonaveri
@AldoBonaveri
@PregonAgro
Argentina está atravesando un tiempo institucional muy delicado, en sus
apariciones públicas de la semana finalizada la presidenta mostró un
descontrol verborrágico muy preocupante. La inconstitucionalidad
determinada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo
referente a la integración y forma de designación de los miembros del
Consejo de la Magistratura por la ley Nº 26855, fue el detonante que
provocó la ira de la primera mandataria.
Con
un tono belicoso, Cristina Fernández se ensañó con los jueces en
general y con los magistrados de la Corte en particular, en ataque tan
virulento que no registra antecedentes en la historia del país; ni aún
las dictaduras osaron descalificar de esa manera al máximo Tribunal de
la Nación, organismo que en otros tiempos mereció cuestionamientos por
subordinación al Poder Ejecutivo o, por la escasa solvencia jurídica de
sus miembros. En cambio, la actual composición es prestigiosa tanto por
la sapiencia como por la independencia de quienes la integran. La gran
paradoja, es que justamente la designación de varios de ellos constituye
el mayor mérito de la gestión de Néstor Kirchner.
En
su arremetida verbal, la presidenta incriminó a la Corte de conspirar
contra la democracia por impedir que la voluntad popular pueda elegir a
los consejeros de la Magistratura. Con tal aseveración, no hace otra
cosa que fortalecer el fundamento medular de la sentencia, habida cuenta
que esa metodología de selección transformaría a jueces, abogados y
académicos en representantes del pueblo, a la inversa de lo que
determina la Constitución Nacional, la que reza que representan a sus
pares.
La reacción es tan
incomprensible como desconcertante; cuando se presentaron los proyectos
de la Reforma Judicial los principales constitucionalistas del país
anticiparon cual sería el epilogo; en el mismo sentido se pronunciaron
los colegios de abogados del país y, lo advirtieron los legisladores de
la oposición en los debates de comisión y en el recinto.
Impulsar
la reforma judicial tal como se presentó tenía serios riesgos de correr
la suerte que tuvo, especialmente la ley de marras, que propendía a
politizar la justicia; ignorarlo pone de manifiesto dos aspectos
inquietantes: la insuficiente idoneidad de los asesores en la materia y,
la omnipotencia que cree la presidenta le confiere haber ganado las
elecciones de 2011 por el 54%. Es realmente preocupante que quien tiene
la responsabilidad de dirigir los destinos del país piense que puede
atentar contra la división de poderes, más aún lo es enfadarse con quien
con todo derecho imposibilita el avasallamiento.
Lo
ocurrido está muy relacionado con el verticalismo a ultranza, varios
son los legisladores oficialistas que votaron con dudas o contra sus
convicciones, haciéndolo por la tan remanida disciplina partidaria, con
el agravante de lo poco proclive que es la presidenta en aceptar
objeciones. También es preocupante que la mandataria esté tan aislada,
como el temor de sus acólitos en contradecirla.
Preocupante
es también no saber o no poder medir las palabras; es inconcebible que
quien tiene semejante investidura incurra en incontinencia verbal; un
fallo adverso por más contrariedad que le genere, no le concede motivos
como para señalar en encendida soflama que la Justicia (léase la Corte
Suprema) “podía firmar una acordada impidiendo que los argentinos voten a su presidente y a sus legisladores”. Ello es una irresponsabilidad que no tiene asidero y, tiende a mal predisponer a sus adláteres más fanáticos.
Como
ya lo dejara entrever en otras oportunidades, Cristina Fernández se
expresa como que ninguna sentencia judicial puede ser ajena a la
voluntad popular. Este concepto es improcedente y colisiona nítidamente
con lo que estatuye la Carta Magna, y dicho sea de paso, no está
contemplada por ninguna democracia del mundo. Justamente para eso en el
Estado de derecho rige la coexistencia de los tres poderes y la división
de los mismos.
En el caso
de referencia la Corte Suprema de Justicia ha estado a la altura de las
circunstancias, por amplia mayoría y con el antecedente de varios
fallos de jueces en la misma dirección, procedió como correspondía,
haciendo uso de sus facultades indelegables, poniendo en funcionamiento
el mecanismo de frenos y contrapesos previstos por la Constitución
Nacional.
En su perorata
la presidenta advirtió que proseguirá con su intención de reforma
judicial; el fallo de la corte no admite apelación alguna, por
consiguiente hace presumir que intentará modificar la Constitución;
sabido es que ella no titubea un instante en redoblar la apuesta e ir
por más. Hoy no parece que logre el consenso para un cometido de esa
magnitud y, si hipotéticamente lo lograra en el Congreso, difícilmente
los números le sonreirían en una elección constituyente. Seguramente las
PASO de agosto y las generales de octubre podrán brindarnos una pauta
aproximada; pero mientras tanto, los argentinos estamos preocupados
señora presidenta, usted no puede ni debe descontrolarse.
FUENTE: www.pregonagropecuario.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario