El reclamo de organizaciones internacionales de derechos humanos por la situación de los Qom en Argentina puso de relieve el saqueo de las tierras para beneficiar a empresas multinacionales mineras, sojeras y petroleras
El Gobierno no da puntada sin hilo. La decisión por parte de la Casa Rosada de no recibir a los representantes de pueblos originarios, que el jueves pasado se movilizaron para pedir otra vez que la presidenta los escuche, está íntimamente relacionada con los intereses de los proyectos de las multinacionales agropecuarias y de las industrias extractivas, tanto petroleras como mineras (ver aparte).
Negocios millonarios que el kirchnerismo busca garantizar a cualquier costo.
Desde mediados del año pasado, Amnistía Internacional comenzó a realizar enérgicos reclamos ante la situación de la comunidad Qom en Argentina, que viene siendo duramente reprimida por el gobierno formoseño que conduce el kirchnerista Gildo Insfrán, quien, en alianza con terratenientes sojeros, se niega a reconocerle la propiedad de sus tierras.
Desde mediados del año pasado, Amnistía Internacional comenzó a realizar enérgicos reclamos ante la situación de la comunidad Qom en Argentina, que viene siendo duramente reprimida por el gobierno formoseño que conduce el kirchnerista Gildo Insfrán, quien, en alianza con terratenientes sojeros, se niega a reconocerle la propiedad de sus tierras.
En diálogo con Hoy, Félix Díaz, máximo referente de los Qom, sostuvo que los intereses económicos detrás de la problemática por las tierras “es similar en las demás provincias”. “El conflicto que venimos enfrentando se agravó por la falta de respuestas del gobierno nacional y de los gobierno provinciales. Estamos reunidos a través del consejo Plurinacional indígena para poder ir buscando alternativas de cómo seguir esta lucha y buscando diálogo con el gobierno nacional con el fin de ir resolviendo los conflictos territoriales de los pueblos originarios”, sostuvo Díaz.
En ese mismo sentido, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, señaló que “los intereses económicos estatales, los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas en todo el territorio nacional, así como la cesión de tierras indígenas a particulares o instituciones, la ocupación por familias criollas y la creación intempestiva de parques nacionales conforman una política de expulsión”.
Según un informe de este organismo los pueblos indígenas en Argentina sufren bajos niveles de desarrollo económico y social y advirtió que las provincias con los mayores niveles de necesidades básicas insatisfechas en los hogares indígenas son Formosa (74,9%), Chaco (66,5%) y Salta (57,4%), todas bajo la el mando de Gobernadores que responden directamente a la Casa Rosada.
El caso Qom
Respecto al caso formoseño, Félix Díaz sostuvo que “la universidad Nacional de Formosa, el Parque nacional y algunos particulares” son quienes pugnan por desalojar a las comunidades originarias de sus tierras ancestrales. Asimismo, señaló que la Casa de Altos estudios “está ocupando 600 hectáreas pertenecientes a las comunidades”.
“Los particulares que se apropian de nuestras tierras están vinculados a la ganadería, y a la agricultura. Por lo general están muy ligados con el gobierno provincial”, agregó Díaz.
La indiferencia del gobierno
Los intereses económicos que intentan apropiarse de las tierras ancestrales encontraron en el ejecutivo nacional un aliado incondicional, que viene siendo el garante de los negociados privados. En ese marco, el oficialismo se viene negando, sin justificación alguna, a atender a los pueblos originarios.
“Hasta ahora no tenemos ningún llamado ni acercamiento de ningún funcionario del gobierno nacional. El único que habló con la prensa fue el Presidente del Inai (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), que salió a defenderse y a intentar justificar el avasallamiento de los pueblos indígenas”, sostuvo Díaz
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