Tras la Masacre de Once, la corrupción, los negociados y la ausencia de un plan ferroviario sigue cobrándose vidas

 FRENTE DARÍO SANTILLÁN

A un año y tres meses de la Masacre de Once, una formación de la línea Sarmiento chocó contra otra entre las estaciones de Morón y Castelar, a la altura del cruce de Zapiola.

Hay al menos 3 muertos confirmados y más de 300 heridos, varios de ellos de gravedad.

#Década Ganad@

A pesar de las 52 víctimas que dejó la Masacre de Once, la infinidad de denuncias realizadas, y la enorme lucha de los familiares y amigos de los muertos de Once, la situación del transporte público no ha cambiado. Nuevamente nos encontramos con muertes evitables. Otra vez prima la irresponsabilidad y las lógicas rapaces de los poderes económicos y políticos que hacen que los “accidentes” sean cada vez más frecuentes, y que como variable constante, se jueguen las vidas de los trabajadores que todos los días usan el transporte público.

Como parte del pueblo trabajador sufrimos a diario el pésimo servicio, la humillación de viajar como ganado, y los accidentes -varios de ellos trágicos-, pero esto parece no ser suficiente. La infraestructura es deficitaria y obsoleta, la insuficiencia en la frecuencia provoca saturación por la falta de trenes, todo lo cual configura una situación de insalubridad y precarización laboral que promueven los errores humanos o los defectos técnicos. Estos hechos, que vienen siendo denunciados sistemáticamente por los trabajadores del Sarmiento y organizaciones políticas y sociales, han sido siempre desoídos. Se viaja en pésimas condiciones y con una amenaza permanente que hoy, trágicamente pero de manera anunciada, se ha concretado llevándose más vidas.

Acá no hay medias tintas: la responsabilidad es política. Las políticas ferroviarias del kirchnerismo son limitadas, parciales, y no se corren ni un centímetro de la lógica privatista que sólo garantiza enormes negociados para unos pocos, mientras se cobra la vida del pueblo trabajador. La Secretaría de Transporte siempre fue una caja oscura. Por allí pasaron Jaime y Schiavi, ambos funcionarios sospechados por el desvío de fondos y enriquecimiento. La Masacre de Once forzó al recambio del Secretario de Transporte de entonces y el pase de la competencia al Ministerio del Interior, con Florencio Randazzo a la cabeza. El nombramiento de Alejandro Ramos fue un cambio de figuritas para que nada cambie.

Rechazamos, en este sentido, el intento de hacer pasar sus responsabilidades políticas como culpas individuales de los trabajadores de la línea Sarmiento que, a diario, se enfrentan con el pésimo estado de las formaciones y la inseguridad de sus condiciones de trabajo y de vida. No nos encontramos ante errores humanos sino ante fallas estructurales que devienen de una política de abandono y entrega del sistema público de ferrocarril. Y mientras la justicia hace la vista gorda de esto, investiga a los trabajadores que conducían las formaciones, deteniéndolos y dejándolos incomunicados.

Este nuevo hecho, estas nuevas muertes, dejan en evidencia que un cambio estructural del sistema ferroviario, no va a llegar desde los discursos y promesas de los gobernantes ni de las empresas.

¿Cómo llegamos a esta situación?

La desastrosa situación en que se encuentra el sistema ferroviario es el resultado de décadas de vaciamiento y destrucción del transporte público, iniciado durante el gobierno de Frondizi, profundizado durante la última dictadura cívico-militar, y liquidado durante el menemismo, con el abandono de 30 mil kilómetros de vías y la consiguiente pérdida de 300 mil puestos de trabajo. En más de diez años de gobierno, el kirchnerismo nunca rompió con esta lógica que había transformado el derecho al transporte en un negocio para pocos. Por el contrario, la profundizó, maquillando los enormes negociados público-privados con una política de subsidios que, si bien en algún momento garantizó "planchar" las tarifas, también engordó los bolsillos de los grupos económicos beneficiados con las concesiones como Roggio y Cirigliano. Grandes empresas que, lejos de invertir en el mantenimiento de las formaciones y estructuras, usaron el dinero de la caja negra de los subsidios para ampliar sus negocios personales. Todo esto con la complicidad un gobierno que funciono más como "socio" que como "contralor" de los contratos, en connivencia con una burocracia sindical-empresaria, que al mismo tiempo que buscó acallar las voces de los laburantes que denunciaban la situación de quiebra de los ferrocarriles y la situación de precarización laboral de los trabajadores ferroviarios (muchos de los cuales se encuentran tercerizados en cooperativas que manejan los propios sindicatos), fue y es socio de los intereses políticos y empresarios que están detrás del negocio de los ferrocarriles. Negocios que, como dijimos, avala y cogestiona, situación que quedó en evidencia con el asesinato de Mariano Ferreyra y la sentencia a Pedraza y su séquito de burócratas entreguistas, traidores y asesinos.

Este lamentable estado de situación y las reiteradas “tragedias” ferroviarias reflejan un enorme desprecio hacia el pueblo trabajador, que es quien utiliza este medio de transporte estratégico y fundamental, viajando en pésimas condiciones de seguridad y comodidad. Situación que no se modifica con promesas y anuncios grandilocuentes -que ya nadie cree-, como el que realizara en enero de este año el Ministro del Interior y Transporte y ex funcionario duhaldista, Florencio Randazzo, cuando sostuvo que “en los próximos 60 días, con seguridad (…) se va a notar una verdadera revolución en los trenes”, armar operetas de prensa denunciando delirantes conspiraciones o delegando la responsabilidad en los trabajadores que sufren el estado calamitoso del sistema y la precarización laboral, pintar un par de vagones viejos y poner algunos plasmas, o la recisión de alguna concesión y el anuncio de falsas estatizaciones (con gerenciamiento y socios privados), como las realizadas en el Belgrano, o el mismo Sarmiento con el pase de TBA a la UGOMS (Unión de Gestión Operativa del Sarmiento y Mitre, sociedad formada por el Estado y los concesionarios del Belgrano Norte y Urquiza). El autismo y la soberbia, que se expresan en declaraciones como las que realizara hace unos pocos días el Jefe de Gabinete Abal Medina cuando sostuvo que "no escondemos fracasos del presente porque no tenemos fracasos", tampoco son buenos consejeros.

Para que estas “tragedias” anunciadas no se repitan más, resulta necesario y urgente avanzar hacia una reestatización real y completa del sistema ferroviario nacional, tanto de pasajeros como de carga, poniéndolo bajo control de los trabajadores y el pueblo, rescindiendo todas las concesiones privadas e investigando el destino de los millonarios subsidios entregados por el Estado (con el consiguiente castigo para todos los responsables, sean empresarios, sindicalistas o políticos), así como las vergonzosas compras de trenes usados de España y Portugal, que nunca funcionaron, pero que resultaron muy redituables para algunos vivos que se llevaron su parte, o las recientes compras millonarias a China, que nadie sabe qué se compró ni de qué calidad. Debemos avanzar en la confección de un plan ferroviario integral a corto, mediano y largo plazo que reactive los ramales desmantelados por décadas de entrega y saqueo de vías, vagones, locomotoras, talleres, estaciones, terrenos, máquinas y herramientas, y garantizando condiciones de seguridad para los pasajeros y un servicio económico y de calidad.

Ante un nuevo golpe al pueblo trabajador, expresamos nuestro pesar por los fallecidos y heridos, y toda nuestra solidaridad con sus familias, con quienes compartimos la rabia e impotencia que genera saber con toda claridad que éstas eran muertes evitables, consecuencia de la desidia, la irresponsabilidad y las lógicas rapaces del poder económico y político, y exigimos:

Esclarecimiento de los hechos, castigo a los responsables políticos, sindicales y empresarios, y asistencia integral a las víctimas y sus familiares.

Rescisión inmediata de todas las concesiones privadas y estatización de todos los servicios de pasajeros y cargas bajo control de los trabajadores y el pueblo.

Investigación del destino de los millonarios subsidios entregados por el Estado a las concesionarias privadas. Informes públicos del estado de vías y trenes.

Reactivación de los ramales paralizados y desmantelados por décadas de entrega y saqueo, garantizando condiciones de seguridad para los pasajeros y un servicio económico y de calidad.